Apuntes de Orlando Jorge Mera

Definitivamente que el PRD y su Candidato Presidencial, Miguel Vargas, estamos en la ofensiva. Anoche, Miguel Vargas presentó su primer eje temático de campaña: Su propuesta de creación de empleos.

Un discurso de estadista que reflejó un compromiso sobre la necesidad que tiene la sociedad dominicana de generar soluciones innovadoras y creativas para enfrentar los serios y graves problemas que tiene el país.

Estoy seguro que la mayoría de los/as dominicanos/as recibió con agrado y esperanza la propuesta de Miguel Vargas, de manera especial, el «Programa del Primer Empleo» que concederá incentivos tributarios a las empresas que se beneficien de este programa; y el anuncio del «Proyecto de Simplificación y Reducción de Impuestos», ante la voracidad fiscal del presidente Leonel Fernández, que reducirá el Impuesto Sobre La Renta de un 25% a un 15%. El texto completo del discurso está publicado en la página web de Miguel Vargas.

Algunos compañeros me han expresado su inquietud de si era oportuno que, a ocho meses de las elecciones, el Candidato del PRD hiciera estas propuestas, bajo el temor de que las mismas pudiesen ser tomadas por el gobierno y haciendo uso del poder, las aprobasen. Si esto sucediere, sería un éxito para el PRD, y si no sucediere, es decir, si el PLD se opusiese a las medidas anunciadas por Miguel Vargas, entonces, estarían revelando que el PLD se opone a la reducción de los impuestos (lo que en la práctica, es así, pues nos han impuesto tres reformas tributarias en menos de tres años).

De algo estoy muy claro. Con estas propuestas, más la oposición que ha venido haciendo el PRD con el caso del préstamo de los US$130 millones, el PRD y Miguel Vargas estamos en la ofensiva.

A dos semanas de haberse denunciado la contratación del préstamo de US$130 millones, autorizado por el presidente Leonel Fernández, a espaldas del Congreso Nacional, en violación a la Constitución de la República, el gobierno ha recurrido a que terceras personas expliquen lo que el gobierno no ha podido explicar. Esto refleja la baja credibilidad del gobierno del presidente Fernández.

El PRD no ha cuestionado las obras que se realizan en la UASD, ni tampoco ha cuestionado la supervisión de esas obras. Claro, estas obras presumimos que deben haberse licitado en el marco de la mayor transparencia.

Lo que nadie ha respondido es sobre la violación a la Constitución y a las leyes dominicanas que hizo el presidente Fernández al autorizar este préstamo (endeudamiento externo) sin la autorización del Congreso Nacional.

Hay 19 págarés o notas promisores que comprometen el crédito de la República Dominicana, emitidas sin la autorización del Congreso Nacional y en violación adicionalmente a la Ley de Crédito Público, y que se están comercializando en los mercados financieros internacionales. Este es el quid del asunto.

Algunos voceros del gobierno del PLD han pretendido descalificar la denuncia responsable y seria del PRD de que el Presidente Leonel Fernández endeudó al país por la suma de US$130 millones de dólares, sin la autorización del Congreso Nacional, advirtiendo que no era necesaria la aprobación congresional dado que las obras objeto del contrato entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y la empresa Sun Land estaban contempladas en el presupuesto del 2007.

El periódico Diario Libre le hace hoy un servicio importante al país al revelar que en el presupuesto del 2007, las obras puestas a cargo por la empresa Sun Land están consignadas por un monto total de RD$395 millones de pesos, que distan mucho del valor total del préstamo de US$130 millones de dólares que traducido en pesos asciende a RD$4,350 millones de pesos.

Y lo más grave, en el referido presupuesto del 2007, no hay referencia alguna a que se aprobara o consignara fuente de financiamiento externo a favor de esta oficina del Estado.

Entonces, en adición a las preguntas de ayer, cabe hoy preguntarnos, ¿dónde está el dinero prestado por la Sun Land? ¿Se están ejecutando o no las obras consignadas en el contrato? ¿Porqué el Banco Central y el Banco de Reservas guardan silencio ante tan grave denuncia?

Algo sí está muy claro: Aún aceptando la tesis de los voceros del PLD, el Presidente Leonel Fernández ha violado la Constitución de la República y las leyes de la República Dominicana.

El PRD ha colocado al Presidente Leonel Fernández en una situación muy difícil con el préstamo autorizado por él por la suma de US$130 millones, sin la aprobación del Congreso Nacional, en violación a la Constitución de la República.

Al momento de escribir este apunte, no se ha escuchado una explicación seria y responsable por parte del presidente Fernández ni de su equipo económico ni del funcionario que suscribió el préstamo por mandato y orden presidencial. Hay un silencio cómplice y sospechoso.

Ayer por la mañana, la empresa involucrada en este escándalo ofrece una supuesta aclaración que lo que hace es complicar más al presidente Leonel Fernández. Luego, ayer por la tarde, el Director de Campaña del presidente Fernández ofrece una conferencia de prensa en la que trata de dar una respuesta tangencial a la ofensiva lanzada por el PRD. Definitivamente, el presidente Fernández está a la defensiva.

Nadie ha podido dar una explicación sobre el tema. Y todo se reduce a algo tan simple, pero profundo, que lo resumiré en las siguientes preguntas:

¿Existe o no existe un Poder firmado por el Presidente Leonel Fernández a favor del Ing. Felix Bautista para la suscripción de un préstamo por la suma de US$130 millones de dólares?

¿Existen o no existen 19 pagarés que totalizan la suma anteriormente mencionada?

¿Es cierto o no es cierto que estos 19 pagarés contienen cláusulas que comprometen el crédito de la República Dominicana?

¿Es cierto o no es cierto que bancos de prestigio internacional han comercializado estos pagarés como «Notas Promisorias del Gobierno de la República Dominicana»?

¿Es cierto o no es cierto que en el presupuesto del 2006 y del 2007 no figuran los montos totales de las obras consignadas en el Contrato suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y la empresa involucrada, ni tampoco los montos objeto de financiamiento externo?

La respuesta a estas preguntas contribuirán al establecimiento de las responsabilidades públicadas involucradas en este escándalo de trascendencia nacional e internacional

El presidente Leonel Fernández regresó el sábado después de un viaje de trece días por Estados Unidos de América. A su llegada, el mismo sábado, le esperaron dos editoriales de Diario Libre y Hoy, sendas posiciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Participación Ciudadana, y diversos artículos de prensa y de opinión reclamando una explicación del presidente y del gobierno sobre la denuncia responsable del PRD de que el presidente Fernández ha endeudado al país por la suma de US$130 millones de dólares, sin la autorización del Congreso Nacional, en violación a la Constitución de la República.

El presidente Fernández guarda silencio ante esta grave denuncia, comprobada con la existencia de 19 pagarés que se han comercializado en los mercados internacionales. Guarda silencio también el Ing. Félix Bautista, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, funcionario que suscribió estos pagarés por Poder del presidente Fernández. Asimismo, los principales funcionarios del equipo económico del presidente Fernández.

La empresa involucrada en estos pagarés ofrece unas explicaciones que lo que hacen es comprometer más la responsabilidad del presidente Fernández.

¿Sospechoso? Sí. ¿Curioso? No.

Aprovecho este apunte de hoy viernes para compartir con ustedes mi experiencia en la misa celebrada el pasado lunes 24 en Santo Cerro, La Vega, con motivo de la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes, Patrona de la República Dominicana.

La fe del pueblo dominicano se puso de manifiesto durante todo este día. Desde muy tempranas horas, ví a centenares de personas caminando hacia la Iglesia. Personalmente, tuve que caminar casi dos kilómetros para llegar a la misa. La devoción por la Virgen de las Mercedes está muy enraizada en la mayoría de los dominicanos.

Tuve la oportunidad de compartir e intercambiar impresiones con Mons. Antonio Camilo, Obispo de La Vega. Un extraordinario ser humano, defensor de las nobles causas de la comunidad. Comparto con ustedes la foto que recoge el momento de mi conversación con Mons. Camilo.

Agradezco las atenciones del Síndico de La Vega, Fausto Ruiz, y de los/as compañeros/as Alex, Kelvin, Bolívar, Maritza, Niño Tapia, y de todos/as los/as dirigentes que estuvieron acompañándonos en esta jornada.

De 180 países, ocupamos el lugar 99 según el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado ayer. De 32 países de América Latina, tenemos el lugar 21.

Del 1 (lo peor) al 10 (lo mejor), estamos en la escala 3. Somos un país en el que se percibe que hay altos niveles de corrupción.

No es nueva la noticia. Ya hay otros estudios sobre el tema que así lo evidencian.

Este informe lo que reconfirma es que no hay voluntad política para combatir la corrupción. Un gobierno que no tiene transparencia no puede exhibir peor record. Y la mayoría de los/as dominicanos/as están ya cansados de lo mismo.

Por eso, desde el PRD, hemos asumido con responsabilidad este tema. Con denuncias responsables. Con propuestas serias. Con compromiso. Por eso, seremos la opción ganadora el 16 de mayo de 2008.

El PLD es especialista en distraer la atención sobre los temas cruciales. Ante la denuncia responsable y seria del PRD sobre la autorización del Presidente Leonel Fernández al Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para tomar un préstamo de US$130 millones de dólares sin la aprobación del Congreso Nacional, en violación a la Constitución de la República, algunos voceros del PLD han pretendido confundir como si el PRD estuviera confrontando a la empresa involucrada en ese préstamo.

No, el PRD no tiene ningún problema con esa empresa. El problema lo tiene el Presidente Leonel Fernández quien autorizó ese préstamo violando la Constitución de la República y las leyes de la República Dominicana.

Las explicaciones dadas, hasta ahora, por el Secretario de Estado de Hacienda, Vicente Bengoa, en el sentido de que es posible que fuera otorgado un aval del Estado antes de la promulgación de la Ley de Crédito Público, lo que hace es que complica más la situación de ilegalidad.

Nadie ha podido desmentir que hay un poder del Presidente Fernández autorizando este endeudamiento; que hay 19 pagarés suscritos por el Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado por un monto total de US$130 millones de dólares; que un banco prestigioso internacional, como el HSBC, presentó uno de los pagarés al cobro a esta oficina del Estado; que la deuda fue registrada como deuda pública; que todo esto se hizo a espaldas del FMI para incumplir con el Acuerdo «Stand By» que impone un tope al endeudamiento público; y que el único que puede otorgar un aval es el Congreso Nacional.

Esta es la verdad. No descansaremos en seguir divulgando la verdad de este caso, que afecta la credibilidad del país en los mercados internacionales, y que por lo tanto, no puede ni quedará impune.

De mi época de estudiante de Derecho, siempre recuerdo la clase de Derecho Administrativo impartida por la jurista Rosina de la Cruz de Alvarado, cuando nos decía que el Estado está sometido a un conjunto de reglas que norman y controlan su actividad. Se trata del principio de la legalidad en el que deben estar enmarcados todas las decisiones del Estado.

Es la esencia misma de la democracia que ha establecido la separación de los poderes. El Congreso Nacional no solo existe para aprobar las leyes, sino para controlar, a través del sistema de rendición de cuentas, las actividades del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es el garante de la aplicación de la ley. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está sometido a estos dos controles, al del Poder Legislativo, y al del Poder Judicial.

La propia Constitución de la República se encarga de establecer el funcionamiento de estas reglas. Por ejemplo, en el caso de los empréstitos, dispone en su artículo 37, numeral 23, que es atribución del Congreso Nacional, autorizar o no los empréstitos que comprometen el crédito de la República Dominicana.

Por lo tanto, ningún funcionario de la República Dominicana, sin distinguir su jerarquía, puede colocarse por encima de la Constitución de la República. El Presidente Leonel Fernández no puede suscribir un poder delegando a otro funcionario la firma y suscripción de un préstamo que comprometa el crédito del país, sin la autorización del Congreso Nacional. Tampoco, puede, por consiguiente, el funcionario delegado suscribir 19 pagarés por un monto total de US$130 millones, sin la aprobación del Congreso.

Más grave es que esos pagarés o notas sean comercializados en los mercados internacionales, sin el conocimiento del Congreso Nacional, ni de ninguna otra autoridad del área económica del Gobierno, con el propósito de obviar el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Más lamentable es, aún, que las entidades bancarias o financieras hayan presentado el cobro de estos pagarés al gobierno dominicano, sin que el gobierno emitiera ninguna explicación sobre el origen de este endeudamiento.

Al margen de la empresa privada que está involucrada en este caso, no se trata de un problema con una empresa. Es un problema que compromete al Estado Dominicano, en la persona que ostenta su representación, el Presidente de la República, quien no observó las reglas previstas en nuestra democracia, a través de la Constitución de la República. Las responsabilidades deben ser establecidas. El Leviatán debe ser controlado.

El presidente Leonel Fernández incumple con la Constitución de la República y con las leyes del país. Hoy esto quedó, una vez más, comprobado.

Gracias al PRD, el país conoce hoy que desde mayo de 2006, el Presidente Fernández otorgó poder al Ing. Felix Bautista, Secretario de Estado y Director de la Oficina Supervisora de Ingenieros y Obras del Estado, para suscribir 19 pagarés por la suma de US$130 millones de dólares en total, lo cual hizo, sin la autorización del Congreso Nacional, en violación a la Constitución de la República. Una importante entidad bancaria, el HSBC de Panamá, desde el 13 de febrero de 2007, está exigiendo el cumplimiento de pago de estas obligaciones.

Se trata de un préstamo para ejecutar el contrato de obras prioritarias suscrito con la empresa Sun Land, ya conocida por sus turbios negocios con la actual administración.

Desde hace varios meses, existe mucha preocupación en las oficinas de las Secretarías de Estado vinculadas al equipo económico del gobierno sobre este tema, pues el mismo no fue consignado ni registrado como deuda externa a los fines de cumplir con los compromisos con el FMI.

Toda organización tiene sus reglas. El Estado Dominicano tiene sus reglas. La Constitución se encarga de trazarlas. Ninguna fue cumplida en este caso que no permanecerá impune.

Las responsabilidades serán establecidas. Como partido, exigiremos no solo la interpelación de los funcionarios responsables, sino el establecimiento de las responsabilidades penales en un caso, que reafirma la falta de transparencia, y el escaso interés oficial por la institucionalidad del país.