Apuntes de Orlando Jorge Mera

Es la mejor noticia que ha recibido la comunidad internacional en los últimos años. Tras seis años de injusto secuestro, Ingrid Betancourt y catorce rehenes más fueron rescatados en un operativo militar ejecutado por el Ejército colombiano en una operación calificada como «perfecta». No hubo disparos ni muertos de ningún lado.

Comparto con ustedes la foto que recoge el momento en que Ingrid está caminando, al salir del avión que la llevó a la Base Aérea del Catam, Colombia, acompañada del Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.

A principios de año, escribí un apunte sobre Ingrid Betancourt, en el que me unía al reclamo de su liberación. El presidente Uribe, que siempre fue perseverante, aprobó esta exitosa operación que, parece que tenía más de seis meses ejecutándose, y que resultó tal cual estuvo planificada.

Hay que mencionar el apoyo constante y permanente de Francia y de Estados Unidos de América, así como de las mujeres y los hombres del mundo que aman la democracia.

Es mi deseo que, con esta liberación, Colombia siga caminando por la paz. No más sufrimiento. ¡Sí, a la vida! ¡Sí, a la paz!

Dicen que una imagen vale más que las palabras. Comparto con ustedes este reencuentro que se produjo hoy: Miguelina Llaverías, símbolo viviente de la lucha contra la violencia a la mujer, y mi padre, uno de sus primeros defensores en la década de los setenta.

Fue un reencuentro ameno, emotivo, lleno de amor, paz y respeto. Estuvo también Julia, una de las hijas de Miguelina, y el autor de este apunte.

Ambas son personas de mi admiración por diversas razones, sobre todo porque me han enseñado a perseverar, aún en medio de las dificultades propias de la vida.

Ayer, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó un informe muy interesante titulado «la economía dominicana: algunos retos pendientes, macroeconómicos y sectoriales», que abarca la situación de la economía nacional durante los años 2004-2007, es decir, los tres primeros años del actual gobierno.

Es lamentable que este Informe se haya dado a conocer después de las elecciones, y que el mismo no se hubiese conocido antes. La reelección presidencial llegó a los extremos de provocar omisiones o silencios en determinados estamentos de la sociedad dominicana. Es de público conocimiento, incluso, que Informes que debieron ser publicados durante las elecciones, las respectivas instituciones u organismos prefirieron hacerlo posteriormente.

La noticia del Informe del Conep está recogida ampliamente en el Listín Diario, Hoy, Diario Libre, Clave Digital y El Caribe. Intenté localizar el texto íntegro del Informe, pero no esta todavia accesible en la Internet.

El CONEP ha dicho, lo que muchos tenemos meses diciendo: El crecimiento de la economía ha sido «muy desequilibrado» y la «bonanza ha sido pobre», pues no se ha priorizado en los sectores productivos de la vida nacional, como la agricultura, la industria, la construcción y otras áreas del quehacer nacional, privilegiando las importaciones y los servicios.

También, el Informe señala la cantidad de empleos que se han producido en estos tres años: 294,000 empleos, de los cuales 86,000 son informales. El 56% de la población dominicana tiene un empleo informal o vive de la informalidad. Indudablemente que es un dato que contrasta con las informaciones que, en su momento, ofreció el Banco Central y el Consejo Nacional de Zonas Francas durante el proceso electoral recién pasado.

Respecto de las políticas sociales, el Informe advierte que República Dominicana es el tercer país de América Latina que menos invierte en política social. En tres años, solo invirtió el 6.3% del PIB. Y ahí esta la muestra con la deficiente inversión en educación, que, en virtud de la Ley General de Educación, debe ser un mínimo de 4% del PIB, y que nunca ha alcanzado el más del 2.5%.

El Informe contiene también otros aspectos sobre el endeudamiento público y sobre el sector eléctrico, que ameritan de análisis y estudio.

Lo que sí está claro al leer estas noticias es que la casa, nuestra República Dominicana, se está hundiendo en medio de una situación económica sumamente compleja tanto en el plano nacional como en el internacional. Hay que tomar medidas urgentes, sin descuidar las políticas sociales, antes de que sea demasiado tarde.

El Listín Diario de hoy trae una amplia entrevista con el Presidente de la Comisión Nacional de Energía que contiene informaciones muy interesantes. Me detendré en una de ellas: El proyecto tendente a sustituir 10 millones de bombillas incandecentes, como aquellas que inventó Tomas Edison, y que son las que la mayoría de los dominicanos tenemos en nuestras casas, por igual cantidad de bajo consumo o fluroscentes.

Según la Comisión Nacional de Energía, el costo total sería de US$25 millones de dólares, y que todo se hará de manera transparente mediante licitaciones públicas. Esto es lo que esperamos la mayoría de los dominicanos, transparencia. Hay que recordar que este mismo gobierno intentó hacer un proyecto similar, y fracasó.

Si se hace con transparencia, el proyecto será un éxito. Es más, debería incluir a amplios sectores de la vida nacional, incluyendo a los partidos políticos, sobre todo en la campaña de orientación a todos los consumidores.

También, sería recomendable anunciar el tiempo de ejecución del proyecto, y lo que esto representaría en términos del ahorro de la energía. En algunos países, el consumo de bombilla incandecentes representa el 3% de la energía total que se consume.

Las bombillas incandescentes, como las bolsas de plástico o las botellas de agua no reciclables se están convirtiendo en un símbolo de la lucha contra el cambio climático. No es que su sustitución por bienes más ecológicos vaya a evitar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sus impulsores consideran que ayudan a crear una conciencia ciudadana de lucha contra el calentamiento global.

Por lo visto, parece ser que los días están contados para el bombillo incandescentes. Ahora, falta ver si pasamos de la palabra a la acción, con transparencia y eficiencia.

Mientras el PRD está celebrando durante este fin de semana la Consulta provincial y municipal, previa al Seminario Nacional de los días 18 y 19 de julio, una amplia Comisión del partido se encuentra en Atenas, Grecia, para participar en el XXIII Congreso de la Internacional Socialista cuyo lema es «Solidaridad global: la valentía de lograr la diferencia».

Este Congreso que se llevará a cabo desde el 30 de junio al 2 de julio, tiene por objetivo esencial conocer y debatir las ideas progresistas sobre los nuevos desafíos que tiene la humanidad, fundamentalmente en lo atinente al cambio climático, la paz, la resolución de conflictos, la economía mundial, la crisis alimentaria y los movimientos migratorios.

La Internacional Socialista, que reune a partidos de 140 países, tiene una gran oportunidad de enviar una señal clara y precisa sobre la solución a estos nuevos desafíos, desde la perspectiva de la socialdemocracia.

La delegación del PRD luego asistirá al Congreso del PSOE en España. Desde aquí, desde nuestra tierra natal, le deseamos el mejor de los éxitos a la representación del PRD en estos eventos, y esperamos buenas noticias. No hay que olvidar que actualmente Europa está convulsionada, dando un giro a la derecha, sobre la política de migración, a lo que cual me referí en otros apuntes.

En lo que aguardamos los resultados de estos eventos internacional, estaremos celebrando aquí un conjunto de actividades relacionadas con el 47 aniversario de la llegada del PRD a la República Dominicana, el 5 de julio de 1961, las cuales haremos de público conocimiento a inicios de esta semana.

Durante esta semana, estuve presente en el acto de presentación del “Anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional” (ALPC), preparado por la Comisión de Expertos que integró la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. La Comisión está y estuvo presidida por el jurista Eduardo Jorge Prats, quien tuvo a cargo la presentación del anteproyecto.

El ALPC constituye una iniciativa trascendental que nos viene en un momento muy oportuno en el que se están discutiendo un conjunto de reformas políticas, económicas y sociales que deberán ser la base del Estado, moderno, eficiente y transparente, al que aspiramos los dominicanos en este Siglo 21.

Si algo ha demostrado la evolución del Derecho en medio de la Sociedad del Conocimento, caracterizada por el uso de las tecnologías de la información y del conocimiento, como una herramienta para la transparencia de la gestión pública, es que ya los actos de gobierno, en sentido amplio, están sometidos al control de su constitucionalidad y de su legalidad. La tesis de que, en algunos casos excepcionales, determinados actos de Estado o de gobierno, incluyendo todos los Poderes del Estado, estaban exentos de este examen, ha quedado sepultada.

Como “operador” del sistema, puesto que en mi calidad de Secretario General del PRD, he tenido que, a nombre de nuestra organización política, recurrir a la Suprema Corte de Justicia mediante el depósito de una acción en inconstitucionalidad en contra del acto suscrito por el Presidente de la República para la obtención de un préstamo de US$130 millones de dólares con la empresa Sun Land, sin la aprobación del Congreso Nacional, el ALPC es definitivamente la solución a la ausencia de decisión y al estado de incertidumbre en que la Suprema Corte de Justicia tiene a más de 200 recursos de inconstitucionalidad pendientes de solucionar, al crearse una Cuarta Sala Constitucional con facultad legal para decidir estas acciones.

Asimismo, el ALPC intenta definir el concepto de “parte interesada” en la que la amplía al “denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”. Sobre este particular, y aunque reconozco el interés de la Comisión de Expertos en hacer un proyecto simple y sencillo, lo que es una tarea compleja, oportuno sería revisar el concepto de “denunciante” para que no quede ninguna duda de que se refiere a todo “ciudadano o grupo de ciudadanos, asociaciones u organizaciones no gubernamentales, incluyendo las políticas, empresariales, sindicatos, o de cualquier naturaleza”.

La anterior inquietud obedece a que como “operario” del sistema, en representación de una organización política dotada de Estatutos y reconocida por ante la Junta Central Electoral, hemos tenido que enfrentar en todas las instancias judiciales sobre el caso de la Sun Land, incluyendo en la acción que reposa ante la Suprema Corte de Justicia, la opinión conservadora e irracional del Ministerio Público en el sentido de que nuestra organización política no tiene calidad para interponer una acción de esa naturaleza, lo cual no se corresponde con el pensamiento constitucional que ha impulsado no solo la actual Suprema Corte de Justicia, sino la más acabada doctrina constitucional dominicana.

También, el ALPC resuelve la situación planteada cuando el Ministerio Público no emite oportunamente en el plazo de 15 días su dictamen al establecer que “la falta de dictamen del Procurador no impide la tramitación y fallo de la acción en inconstitucionalidad”.

Finalmente, el ALPC impone un plazo de dos meses, a partir de la celebración de la audiencia, lo cual es una novedad (al otorgar carácter contencioso), para la emisión del fallo o sentencia. De ambas situaciones anteriores, como “operario” del sistema, al igual que 200 recurrentes o impetrantes o denunciantes, hemos sido víctima.

Esta iniciativa de la FINJUS y al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, debe ser apoyada, y desde ya, nuestra organización política les brindará todo su apoyo en el Congreso Nacional para convertirla en realidad, y así fortalecer nuestra justicia constitucional.

Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Salvador Allende, Ex – Presidente de Chile, quien fue derrocado por la irracionalidad e iniquidad militar que instauró una de las dictaduras más oscuras en Chile. En palabras de Ricardo Lagos, Allende fue «el socialista que quiso hacer una revolución en democracia».

Paradójicamente, los más importantes diarios chilenos de hoy no destacan este aniversario. Son los diarios españoles, como el País, que le dedican ampliamente algunos reportajes y artículos sobre esta fecha y el significado de Allende para Chile y América Latina.

Lo mismo no puedo decir del gobierno de Chile. Al contrario, ha inaugurado en el Palacio de La Moneda, la sede presidencial, la exposición «Homenaje y Memoria. Centenario Salvador Allende. Obras del Museo de la Solidaridad», que consiste en la exposición de 140 obras donadas por un conjunto de artistas sobre la vida y las ejecutorias de Salvador Allende.

Tal como lo expresó su hija, Isabel, quien figura en la foto que comparto hoy con ustedes, delante de la figura de su padre, «es de los mejores homenajes que se le pueden hacer a mi padre. Cuando simbólicamente cumpliría 100 año vuelve a La Moneda através de la solidaridad, la libertad y la expresión artística más variada y diversa».

Siempre he admirado a los países que se reponen de sus dificultades. Chile es uno de ellos. He estado en ese bello país en tres oportunidades, y es un país encantador, sobre todo por los aires de libertad que se respira al pasar por las alamedas en Santiago.

Ojalá que nuestro país pueda madurar y asimilar que la cultura al individualismo no es buena para nuestra democracia ni para nuestra memoria colectiva. Tampoco la visión histórica de quienes están en el poder, al negar el derecho del resto de la ciudadanía a conocer, con sus virtudes y defectos, los hombres y las mujeres que construyeron nuestra democracia.

El PRD es definitivamente la organización más democrática que existe en el país. Ayer, lo hemos reafirmado. Este fin de semana, realizaremos la Consulta Provincial y Municipal en todo los organismos provinciales y municipales para evaluar el proceso electoral pasado y marcar el paso a seguir ante los retos y desafíos que tenemos de cara a las próximas elecciones.

Hoy tenemos una reunión con todos los Coordinadores y Facilitadores que se desplazarán durante el fin de semana para acompañar a nuestros dirigentes locales en la Consulta.

Son tres áreas que serán objeto de la Consulta, mediante un formulario de preguntas: a) Evaluación del proceso electoral recién pasado; b) El PRD ante la sociedad; y c) El PRD a lo interno, como organización política.

Estoy muy entusiasmado con esta nueva jornada que emprenderá nuestro partido, y estoy seguro que, sus resultados serán útiles para el Seminario Nacional que celebraremos los días 18 y 19 de julio.

Somos un partido democrático, y seguiremos demostrando que somos «la escuela de la democracia», respetando nuestros Estatutos, y atribuyendo, como en efecto es, a la soberanía de nuestra militancia el presente y el porvenir de nuestra organización.

A propósito de mi apunte de ayer, he recibido algunos comentarios que me motivan a continuar con este tema, muy interesante, y que refleja también el giro a la derecha que está tomando la política en la Unión Europea. Incluso, el mismo apoyo del gobierno español, con la consabidas aclaraciones que comenté ayer, así lo demuestra.

En el fondo, la Directiva Europea de Retorno de los Inmigrantes lo que plantea es autorizar la retención de inmigrantes «sin papeles» hasta 18 meses. Los menores podrán ser enviados a países distintos de los de origen. También se ofrece asistencia jurídica gratuita para determinados casos. Los países europeos, como España, que tienen un régimen jurídico de mayor protección que el establecido por la Directiva Europea, no tienen que aplicarlo, pues la Directiva no puede reducir este régimen. Pudiera mejorarlo, pero no es el caso.

Por ejemplo, Francia ha anunciado que exigirá a los inmigrantes que firmen un «contrato de integración» que les comprometa a conocer el francés y respetar las costumbres francesas. Ha determinado también expulsar a 26,000 inmigrantes para este año.

Esta polémica Directiva Europea persigue armonizar las legislaciones de los 27 países del Bloque. Pero, claro, hay países que no tienen ninguna protección para los inmigrantes, los cuales tienen que acogerla, y otros países, que ya tienen protección, los cuales tienen que seguir los trámites legales y judiciales correspondientes, respetando los derechos humanos y el debido proceso de ley.

No debemos olvidar este dato: De los 493 millones de habitantes que tiene actualmente la Unión Europea, 18 millones son inmigrantes.

Hay otras directivas de la Unión Europea muy controversiales, como la de aumentar la jornada laboral a 60 horas a la semana, cuando sabemos que la Organización Internacional del Trabajo estableció en 1917 una jornada laboral máxima de 48 horas semanales.

En resumen, a Europa le esperan días difíciles, al igual que al resto del mundo. Lo único es que con variables muy diferentes. América Latina le espera tener que sufrir las consecuencias de decisiones de esa naturaleza (como la de inmigración) que tendrá un impacto directo en la reducción de las remesas, entre otros. Definitivamente, la Unión Europea va hacia la derecha, a pesar de la luz que representa el gobierno socialista en España.

La posición de Secretario General me obliga a estar constantemente expuesto a las preguntas de los medios de comunicación sobre temas de interés general. Ayer, recibí la llamada del distinguido periodista Abel Guzmán, del Listín Diario, quien me cuestionó sobre mi posición respecto a la decisión de la Unión Europea sobre el retorno de los inmigrantes.

Dado que los periódicos no siempre tienen todo el espacio, me permitiré compartir con ustedes algunas de mis preocupaciones:

Lo primero que debemos entender es que lo que ha sido objeto de divulgación pública no es una decisión unilateral de ninguno de los países miembros de la Unión Europea, sino una Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes, que como su nombre lo indica, establece una serie de garantías mínimas que deben cumplirse para el retorno de los inmigrantes a sus tierras natales.

Se trata, por lo tanto, de un mandato que se dirige a los 27 países de la Unión Europea, y de manera particular, a aquellos que todavía no han legislado sobre el particular. En el caso de los países que ya han legislado, como por ejemplo, España, la Directiva no le aplica, pues la Directiva no puede reducir las garantías mínimas que la legislación española establece, sino que solo puede mejorarlas, lo cual no es el caso.

En otras palabras, los países que, como España, ya han establecido legalmente los procedimientos de expulsión y de retorno y que cuentan con las máximas garantías legales, están fuera del alcance de esta Directiva.

Hay que recordar que, salvo honrosas excepciones, la inmigración dominicana en España contribuye efectivamente al sostenimiento de la economía de ese país, ante el desplazamiento de la mano obra española a otras áreas del quehacer económico. Igual sucede en el resto de Europa. Lo mismo no puede decirse de otras migraciones que van del Norte de Africa o de la antigua Europa del Este que se caracterizan por incursionar en otras actividades que, en ocasiones, riñen con la ley.

Ahora, siempre he dicho, que la solución a la migración no está en las expulsiones, retornos o repatriaciones. La solución está en aumentar los niveles de cooperación y asistencia de los países desarrollados hacia los países en desarrollo para que podamos tener mejores oportunidades.

No obstante lo anterior, el gobierno dominicano debe enviar una señal clara a la Unión Europea y expresar su posición en defensa de los dominicanos ante esta nueva Directiva.