Apuntes de Orlando Jorge Mera

Si alguien tiene duda de cómo la crisis internacional, sumada a erradas políticas oficiales, ha impactado al país, solo tiene que ver lo que está sucediendo en Santiago. Recientemente, la Secretaría de Estado de Trabajo, con la asistencia del Banco Interamericano, presentó el estudio titulado «Mercado laboral de la provincia de Santiago, Elementos de un plan de acción para generación de empleo». Es lamentable que un estudio, tan detallado con niveles apreciables de información, no esté disponible en la web, todavía.

Los números hablan por sí solos del impacto negativo en Santiago, especialmente por el cierre de las empresas de zonas francas, presionadas por el recorte de costos en sus casas matrices ubicadas en Estados Unidos de América. Para el 2005, las empresas de zonas francas empleaban 72,887 personas, cifra que se había reducido a 54,189 en el 2007. Fue en este año, que el 12% de las personas desocupadas en Santiago proveníam de empresas de zonas francas. Solo en prestaciones laborales, se pagaron apróximadamente RD$4,800 millones.

Importante es señalar que el referido estudio confirma que, a nivel nacional, la actividad de zonas francas redujo el número de empleados desde alrededor de 190,000 trabajadores en 2004 hasta cerca de 128,000 en 2007. Es decir, 62,000 mil empleos menos, al 2007.

El informe se pregunta, ¿cómo ha repercutido el aumento del desempleo en zonas francas sobre el resto del mercado laboral de Santiago? He aquí la respuesta:

«En principio, el aumento del desempleo en zonas francas puede dar lugar a distintas formas de ajuste en el resto del mercado provincial. En un caso extremo, el nivel de salarios en la provincia podría mantenerse rígido a la baja, y todo el ajuste tendría lugar a través de un aumento del desempleo; en el otro extremo, los trabajadores desplazados de las zonas francas serían absorbidos por el resto de las empresas, pero esto requeriría una caída significativa en los niveles de salarios. En el caso de Santiago, ambos efectos parecen estar presentes en alguna medida, de forma tal que se observa un aumento en la tasa general de desempleo junto a una caída en los niveles provinciales de salario real.»

Un dato curioso es, según el informe, y de acuerdo a estimaciones realizadas en el 2006, «alrededor de 20% de las personas que pierden un empleo en la provincia de Santiago tardan al menos un año en volver a ser empleadas».

Es lamentable que el gobierno no hubiese sido más activo en redefinir el modelo de desarrollo de las zonas francas. Es más, el gobierno llegó a hablar del agotamiento del modelo de zonas francas, cuando lo que debió haber hecho fue incentivar las capacidades en la formación de los recursos humanos. Hoy, Santiago está cosechando las consecuencias de la indiferencia oficial ante una realidad que se venía ver, con la conclusión del Acuerdo Multifibras y su sustituto, el Acuerdo de Vestidos y Textiles, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, sin adicionar la crisis global que tuvo su epicentro en Estados Unidos de América. La faltó visión al gobierno, unido a una ausencia de voluntad política para enfrentar este desafío.

Felicito a la Secretaría de Estado de Trabajo por aportar este informe al debate nacional, y sobre todo por incentivar la discusión sobre los ejes que deberán marcar el presente y el futuro, no solo de Santiago, sino de nuestra nación, sobre lo cual me referiré oportunamente.

Esta noticia divulgada por el gobierno en el sentido de que traerán dos barcazas para suplir electricidad confirma que, a nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional y de ausencia de creatividad, estamos todavía en la era industrial, por no decir, de piedra, en la búsqueda de soluciones a la ya reconocida crisis en el sector eléctrico dominicano.

Es verdaderamente increíble que, a pesar de que existe un ordenamiento jurídico que solo existe en la ley, pues no se cumple en gran medida, y no obstante haber aprobado una ley de energías renovables, todavía el gobierno esté adquiriendo, sin divulgar los términos de contratación, barcazas para suplir energía, en este caso, para la región norte del país. Estas barcazas nos saldrán doblemente más cara, pues, a parte de tener que pagarle a los generadores que deben suplir energía, ahora el gobierno también tendrá que pagar el costo de operación de estas unidades.

Por eso, hay que tomar en cuenta lo que ha dicho el Banco Mundial en su más reciente informe respecto a que teme que el déficit del sector eléctrico traiga insostenibilidad fiscal. Todos los datos indican que cuando el Banco Mundial presentó este informe en el más reciente encuentro entre el gobierno y los representantes del sector, la reacción del gobierno fue muy negativa y prepotente. Y, al gobierno que no se haga ilusiones, le será muy difícil obtener financiamientos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, dada la difícil situación de las finanzas públicas.

Es que la electricidad es un barril sin fondo, que se paga, con dinero del pueblo dominicano. Si a todo esto, se le suma, los cuantiosos gastos, las nóminas abultadas, los recientes escándalos de corrupción en el Programa de Reducción de Apagones, la inversión en publicidad, la deficiencia en el servicio, y la ausencia de una regulación independiente e imparcial. Es un enredo complejo y difícil que requiere de voluntad política para su solución.

Todo luce indicar que el gobierno terminará en las manos del Fondo Monetario Internacional, pero no con un acuerdo como el que se tiene actualmente, sino con un acuerdo de mayores exigencias y del cumplimiento de rigurosos requisitos, incluyendo en el sector eléctrico. Al igual que, en otros elementos de la crisis económica que vive el país, aquí no hemos tocado fondo, todavía.

(Nota sobre la foto: Es una foto tomada de Diario Libre).