Apuntes de Orlando Jorge Mera

El gobierno dominicano, una vez más, demuestra su falta de voluntad política para enfrentar la difícil situación del sistema eléctrico, al anunciar, que será en el mes de junio de este año cuando se aumentará la tarifa eléctrica. Lo primero que resalta de esta decisión es que la misma se está anunciando con un sentido eminentemente electoral, para dar cierta tranquilidad al electorado nacional ante las elecciones congresuales y municipales de mayo, en cuanto a que no será aumentada la tarifa antes de ese proceso. Para sacar ventaja o capital político, en otras palabras.

Dicho lo anterior, en ningún caso, ni ahora ni después, debe aumentarse la tarifa eléctrica. Tal como dice la Escuela Económica:

«Eso es politizar el sistema eléctrico, pedirle al FMI una dispensa y prometerle el ajuste tarifario después del 16 de mayo, día de las elecciones. ¿Qué habrá opinado el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE cuando se decidió que el ajuste tarifario sea a partir del segundo semestre y no de inmediato? Pero además, el ajuste tarifario es totalmente innecesario. Lo que se requiere es una mejora en la gestión de las distribuidoras, reducción de costos, mayor cobertura de facturación y cobranzas y lucha efectiva contra el fraude eléctrico, sobre lo que se predica mucho, pero se hace muy poco.»

El gobierno quiere hacer con la electricidad lo mismo que está haciendo con los impuestos. Quiere aumentar la tarifa eléctrica, sin asumir su propio sacrificio en la eficiencia de la gestión. Quieren aumentar los impuestos, pero el gobierno no aporta una sola cuota de sacrificio. Estoy en contra del aumento de la tarifa eléctrica para seguir recibiendo apagones. Los electores dominicanos saben apreciar que este tema está siendo utilizado políticamente por el gobierno. Las urnas se expresarán con la realidad.

Algunos lectores me han pedido mi opinión sobre si la reciente designación de funcionarios en el sector eléctrico va a solucionar el serio y grave problema que tiene la República Dominicana en esta área. Comparto mi artículo publicado el pasado sábado en mi habitual columna de El Nacional titulado Pacto. El problema del sector eléctrico no lo puede resolver una sola persona ni un solo partido político. Tiene que ser resuelto sobre la base de un pacto concertado entre todos los sectores nacionales.

El País publica este reportaje en el que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dialoga y conversa sobre la situación de la economía con ciudadanos españoles. Una lectura recomendada en estos tiempos de crisis. De todo el reportaje, me ha encantado esta frase que es cuando le preguntan: «Los bancos son hermanitas de la caridad?» Su respuesta: «No, desde luego. Ni los bancos ni las eléctricas. Esa es mi experiencia». ¡Qué perla!

El presidente Leonel Fernández derogó y eliminó, mediante decreto, el Programa de Reducción de Apagones (PRA), el controversial programa oficial que se convirtió en una oficina en la que se practicaba el clientelismo político, agravando el modelo ineficiente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pero, la decisión, que quede claro, no fue por la voluntad propia del presidente Fernández, sino por una exigencia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ante la gravedad de la actual situación financiera del sector eléctrico.

En su lugar, se ha creado el Bonoluz, que consistirá en un subsidio directo a las familias que efectivamente lo ameriten, según lo dice el propio decreto emitido por el presidente. Dada la lamentable experiencia del PRA, particularmente cómo los dominicanos hemos tenido que pagar desde nuestros bolsillos los cuantiosos subsidios al sector eléctrico, sin recibir un servicio eficiente en retribución, uno se pregunta si el Bonoluz continuará siendo lo que era el PRA, pero con otro nombre, o si efectivamente se administrará con transparencia. ¿Seguirá siendo un barril sin fondo? El gobierno debe ofrecer mayores informaciones al respecto.

El presidente Leonel Fernández se reúne hoy con los directores de medio para explicar la compra de Edeeste por parte del Estado. Se trata de otra rueda de prensa del gobierno con directores medio después del «palo dado». Basta con recordar la famosa conferencia de prensa para justificar el préstamo de la Sun Land, para luego haber concluido con la resolución de este oneroso contrato, sin que todavía se hayan establecido las responsabilidades y las consecuencias del mismo, tarea pendiente.

Lamentables son las declaraciones del Vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, al afirmar ayer que la transacción que hicieron con Edeeste no fue la compra de acciones, sino un traspaso, todo, según la noticia, con el fin de evitar cumplir con las leyes que norman las compras de este tipo de instrumentos por parte del Estado. Pero, parece cómo si viviéramos en Marte, cómo para no saber que una compra de acciones es igual que un traspaso de acciones.

Lo correcto y lo sensato era convocar a una licitación pública para poner en venta las acciones de la antigua propietaria en Edeeste, y así cumplir con la ley, y mantener lo que era el último ejemplo de inversión privada en el sistema de distribución de electricidad, que dicho sea de paso, lo hacía con eficiencia, a diferencia de lo que sucede con Edenorte y Edesur, controladas por el Estado totalmente.

Ahora, el parásito burocrático aumentará su tajada. El Estado, ahora con el control de Edeeste, aumentará la nómina pública, incrementará la inversión en publicidad, acrecentará los gastos, mientras se sigue deteriorando el marco regulador y la eficiencia en el servicio público. Tal como ha dicho el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la compra de Edeeste desvirtúa el rol del Estado.

Que no se nos diga hoy que no había otras alternativas, pues las había. Como ciudadano, espero que el gobierno anuncie hoy medidas concretas, claras y específicas para que reduzcan el gasto corriente en estas empresas estatales, disminuyan los apagones y se aclare el aumento de la tarifa eléctrica. Uno paga con gusto el servicio que está obligado a recibir, pero no pagar para que su dinero vaya al bolsillo de instituciones que no retribuyen ese servicio público. Lo demás es justificar lo injustificable.

Esta noticia divulgada por el gobierno en el sentido de que traerán dos barcazas para suplir electricidad confirma que, a nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional y de ausencia de creatividad, estamos todavía en la era industrial, por no decir, de piedra, en la búsqueda de soluciones a la ya reconocida crisis en el sector eléctrico dominicano.

Es verdaderamente increíble que, a pesar de que existe un ordenamiento jurídico que solo existe en la ley, pues no se cumple en gran medida, y no obstante haber aprobado una ley de energías renovables, todavía el gobierno esté adquiriendo, sin divulgar los términos de contratación, barcazas para suplir energía, en este caso, para la región norte del país. Estas barcazas nos saldrán doblemente más cara, pues, a parte de tener que pagarle a los generadores que deben suplir energía, ahora el gobierno también tendrá que pagar el costo de operación de estas unidades.

Por eso, hay que tomar en cuenta lo que ha dicho el Banco Mundial en su más reciente informe respecto a que teme que el déficit del sector eléctrico traiga insostenibilidad fiscal. Todos los datos indican que cuando el Banco Mundial presentó este informe en el más reciente encuentro entre el gobierno y los representantes del sector, la reacción del gobierno fue muy negativa y prepotente. Y, al gobierno que no se haga ilusiones, le será muy difícil obtener financiamientos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, dada la difícil situación de las finanzas públicas.

Es que la electricidad es un barril sin fondo, que se paga, con dinero del pueblo dominicano. Si a todo esto, se le suma, los cuantiosos gastos, las nóminas abultadas, los recientes escándalos de corrupción en el Programa de Reducción de Apagones, la inversión en publicidad, la deficiencia en el servicio, y la ausencia de una regulación independiente e imparcial. Es un enredo complejo y difícil que requiere de voluntad política para su solución.

Todo luce indicar que el gobierno terminará en las manos del Fondo Monetario Internacional, pero no con un acuerdo como el que se tiene actualmente, sino con un acuerdo de mayores exigencias y del cumplimiento de rigurosos requisitos, incluyendo en el sector eléctrico. Al igual que, en otros elementos de la crisis económica que vive el país, aquí no hemos tocado fondo, todavía.

(Nota sobre la foto: Es una foto tomada de Diario Libre).

El costo de la ineficiencia en el sector eléctrico está agotando la paciencia de amplios sectores de la vida nacional: Los industriales de Herrera piden cambiar la dirección de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el gabinete eléctrico. El problema del sector eléctrico nacional tiene su raíz en los mismos orígenes de la llamada privatización o capitalización, que se hizo en ausencia de un marco legal adecuado, todo lo cual ha provocado que el actor principal, la CDEEE, sea hoy juez y parte. Al extremo de que, la CDEEE es el regulador defacto (relegando en un segundo plano a la Superintendencia de Electricidad), y actor trascendental del sistema.

Pero, también la CDEEE ha sido una pieza clave en la maquinaria política que sostiene al presidente Leonel Fernández. Según los datos del Informe Desempeño del Sector Enero 2009 (publicado en la sección Documentos de la página web de la CDEEE), son alrededor de 10,000 empleados que están en la nómina de todas las empresas públicas eléctricas, distribuidos de la siguiente manera: Empresas distribuidoras, 5,532; CDEEE, 2,757; EGEHID, 955; y ETED, 829. Al mes, en total, se gastan alrededor de 700 millones de pesos en gastos operacionales. No están incluidas en el Informe, la nómina del Programa de Reducción de Apagones (PRA), que se calculan en 818, y el Programa de Electrificación Rural.

A todo esto, hay que sumar el hecho de que las empresas distribuidoras generalmente subcontratan la mayoría de sus trabajos, y ni hablar de la inversión en publicidad que mensualmente hace el sector eléctrico tanto en los medios de comunicación como en nómina.

En el fondo, ha quedado en el vacío aquella promesa del presidente Leonel Fernández de devolver al sector privado las empresas distribuidoras. En otras palabras, la CDEEE ha venido a sustituir el aparato clientelista de lo que era la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en gobiernos pasados. También, es muy poco lo que se conoce del trabajo de la Comisión Presidencial de Seguimiento al Sector Eléctrico.

Que no se nos quiera confundir con las actuales políticas intervenciones estatales que están sucediendo en distintas partes del mundo a consecuencia de la crisis económica mundial. El modelo de ineficiencia de la CDEEE se viene tragando los recursos públicos desde la recién pasada gestión del presidente Fernández, e incluso, ahora mismo en Washington, hay gestiones para obtener nuevos financiamientos internacionales para el sector eléctrico. A menos que haya un giro de ciento ochenta grados en la política oficial, no habrá solución en el corto plazo.

ACTUALIZACION: El Informe Desempeño del Sector Eléctrico Febrero 2009 ya está circulando, aunque no está en la página web de la CDEEE. Tengo conmigo una copia del mismo, disponible en pdf, gracias a la gentileza de Bernardo Castellanos, y los datos son los siguientes: Empresas distribuidoras, 5,520; CDEEE, 2,840; EGEHID, 962; y ETED, 827. Todo sigue viento en popa.

Si hay un sector que ha sido diagnosticado en nuestro país es el sector eléctrico. El embrollo institucional que existe en el mismo es una clara demostración de su debilidad como consecuencia de la existencia de distintas instituciones, como la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que se solapan constantemente en sus funciones.

Mientras la CDEEE mantenga su influencia en la toma de decisiones políticas y regulatorias, no existirá transparencia en el sector eléctrico. Como bien señala Antonio Almonte, en su artículo El fracaso del gabinete eléctrico, se mantiene «una grave confusión institucional».

La Fitch Ratings le adiciona hoy otro elemento, que ya es sabido por todos: El sector eléctrico está al borde de crisis financiera, «a causa de las pérdidas eléctricas, que son extremadamente altas, fundamentalmente por el robo de electricidad y la baja facturación a los consumidores finales».

Esa crisis financiera se refleja en el hecho de que, según la CDEEE, ésta tiene un déficit no financiado que asciende a 665 millones de dólares, y entre «los paleativos» a esta situación está planteando aumentar la tarifa en 15%, entre otras medidas, las cuales tendrán un impacto directo en el consumidor.

Tal como expresaron en Líderes, los expertos Antonio Almonte y Ramón Flores, el problema no se soluciona con esas medidas. Es más grave, el problema reside en la baja eficiencia en el cobro de la energía, que tiene un déficit de un 40%. Ramón Flores señaló, «… en estos últimos 8 años después de la reforma fiscal puede que hayamos invertido cerca de 5 mil millones de dólares de transferencia al sector eléctrico, con ese dinero pudimos haber desarrollado un sector eléctrico para El Caribe, y lo que nos encontramos es con una crisis recurrente, porque la realidad es que estamos perdiendo los recursos, y la atención en el lugar donde el problema no está».

El sector eléctrico se ha convertido en la suma de todos los miedos para el gobierno. Es un tema muy caliente, que amerita de decisiones valientes. La crisis es la oportunidad, y los dominicanos esperamos que, a partir del 16 de agosto, se tomen decisiones cruciales para el bien de nuestra institucionalidad y de los derechos de los consumidores.