Apuntes de Orlando Jorge Mera

La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el Siglo 21, es una de las tareas más complejas y desafiantes que debe tener el regulador. Es adecuar la transición convergente de la voz, data y video en la autopista de alta velocidad que es Internet. Es lo que está haciendo España, en donde la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones ya ha lanzado su propuesta de regulación de la fibra óptica, y esta semana, se acaba de anunciar en Inglaterra , através de Ofcom, el órgano regulador de las telecomunicaciones, que ha hecho una consulta pública. Comparto con ustedes, el video que ha divulgado Ofcom, explicando su propuesta de regulación.

El mes pasado escribí sobre este tema, llamando la atención a que, en nuestro país, debemos dar el próximo paso que es lograr la interconexión en el Internet entre los diferentes proveedores de servicios. El «approach» que han tomado la Ofcom en Inglaterra y la CMT en España, son distintos, aunque, en el fondo, procuran lo mismo: promover inversiones y asegurar competencia.

Hay que recordar que tanto España como Inglaterra tienen un operador que tradicionalmente ha ejercido un poder dominante en el mercado, como lo son Telefónica y British Telecom. Ambos reguladores, el español y el inglés, han tenido que, en el curso de los años, ir adoptando decisiones para que estas dos empresas se adecuaran a la realidad del mercado, abriendo sus facilidades para el resto de los concesionarios, sobre todo en la telefonía móvil y en el Internet. Y ambos reguladores, a quienes respeto, lo han hecho con mucho éxito.

Para que tengamos una idea, lo más costoso en la instalación de una nueva red son las infraestructuras, tales como canalizaciones, los conductos, las arquetas, es decir, instalar redes de fibra óptica, cuesta… y mucho. El operador que ha tenido muchos años en un mercado, ya tiene su red, y por lo tanto, ofrecer estos servicios no representa un costo elevado. Distinto al operador entrante, o al proveedor de este nuevo servicio, que sí tiene que instalar su red completa. De ahí, entonces, la duplicidad de redes, ante la imposibilidad de lograr una interconexión.

Justamente, esto es lo que, con diferentes visiones, están logrando hacer en España y en Inglaterra. En el caso de España, el operador tradicional está obligado a compartir sus conductos con otros proveedores de servicios, mediante el pago de un «peaje». En el caso de Inglaterra, la propuesta procura que la división de internet de alta velocidad del operador tradicional, Openreach, ofrezca a precios mayoristas para el acceso a la banda ancha, y lo deberá hacer en las mismas condiciones que se los provee a sí misma. En cierto sentido, la propuesta inglesa es más conservadora que la española.

Al final, estas regulaciones procuran más libertad en el mercado, con precios competitivos, y que el consumidor pueda seleccionar el servicio que mejor le convenga. En nuestro país, el servicio de internet, en términos generales, es todavía muy caro para la mayoría de los consumidores. Y, por otra parte, todavía el Intenet, y su banda ancha, no está en todo el país. Para hacer atractivo la inversión en infraestructura, hay que dar el paso hacia la interconexión en el Internet. Guardando las distancias, España e Inglaterra nos dan un buen ejemplo.

El tema es apasionante. Continuaré dando seguimiento al mismo.

COLOFÓN: Tanto en España como en Inglaterra son propuestas de regulación. Queda por definir la posición de la Comisión Europea sobre la regulación de la fibra óptica.

En medio de esta sensación y percepción de hundimiento que tiene la economía dominicana, tanto como consecuencia de la crisis mundial como de la errática política económica oficial, siempre es bueno escuchar la voz de los expertos, sobre todo de aquellos que no tienen ninguna vinculación política, al menos con el partido al que pertenezco y represento.

El pasado jueves tuve la oportunidad de entrevistar para Líderes, que será transmitido mañana domingo a las 9 de la mañana por Color Visión, al destacado economista Jose Luis de Ramón, consultor privado y socio de la firma Grant Thornton.

Con Jose Luis, quien es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, conversé sobre las causas de la actual crisis mundial en los mercados financieros, y su impacto en el país. También, hablamos sobre las finanzas públicas, y el comportamiento del gasto publico por parte del gobierno del presidente Leonel Fernández. De igual manera, le pedí a Jose Luis que nos diera algunos consejos prácticos a los consumidores frente a la incertidumbre que se tiene sobre la economía del país.

Les invito a que mañana domingo puedan ver y escuchar a una de las mentes brillantes de nuestra economía.

Al gobierno le tomó más de un mes reformular su política de financiamiento al sector agrícola nacional. Descartada la propuesta anunciada el pasado 16 de agosto, que consistía en acceder a los fondos de pensiones para auxiliar a la agricultura, el presidente Fernández anuncio ayer el financiamiento de 6,000 millones de pesos para el campo.

Según el presidente Fernández, este monto se desglosa en tres partidas: 1,500 millones que están disponibles en el Banco Agrícola para financiamiento de productos de ciclo corto; 2,000 millones en el Banco de Reservas, sin precisar mecanismos y fecha de su disponibilidad; y 2,500 millones a través de bonos del Banco Nacional de la Vivienda, sin que se aclarara el mecanismo y la modalidad de esta emisión.

Es mi deseo que esta propuesta se implemente, de manera inmediata, y con toda la transparencia debida. Lo del financiamiento de productos de ciclo corto es urgente, y lo dijo como cliente que visita de manera ordinaria los supermercados y los mercados.

Últimamente, he podido apreciar una baja apreciable en la calidad de los vegetales y las frutas que se expenden en los supermercados. Incluso, en renglones tan sencillos, como las yerbas y especies, como perejil, puerro, apio, tomillo, y otras especies no se encuentran, y si se encuentran no tienen la calidad de antes. Igualmente, sucede con los vegetales y las frutas. La explicación que me ofrecen los empleados de los supermercados es que, por las lluvias, se ha producido un desabastecimiento, y una subida de los precios de estos productos.

Es cierto que las lluvias recientes afectaron importantes áreas del territorio nacional. Pero creo que todo esto esta vinculado al financiamiento anunciado ayer por el gobierno. Es que los productores nacionales no han podido enfrentar los altos costos de producción, y de ahí la necesidad de obtener acceso al financiamiento.

Es mi esperanza que este anuncio, al menos el del financiamiento a través del Banco Agrícola, no se quede en palabras. Que se implemente, con transparencia, para ver si el bolsillo de los consumidores nos comienza a doler menos. Por el bien de los productores nacionales, y de los dominicanos.

Si hay un sector que ha sido diagnosticado en nuestro país es el sector eléctrico. El embrollo institucional que existe en el mismo es una clara demostración de su debilidad como consecuencia de la existencia de distintas instituciones, como la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que se solapan constantemente en sus funciones.

Mientras la CDEEE mantenga su influencia en la toma de decisiones políticas y regulatorias, no existirá transparencia en el sector eléctrico. Como bien señala Antonio Almonte, en su artículo El fracaso del gabinete eléctrico, se mantiene «una grave confusión institucional».

La Fitch Ratings le adiciona hoy otro elemento, que ya es sabido por todos: El sector eléctrico está al borde de crisis financiera, «a causa de las pérdidas eléctricas, que son extremadamente altas, fundamentalmente por el robo de electricidad y la baja facturación a los consumidores finales».

Esa crisis financiera se refleja en el hecho de que, según la CDEEE, ésta tiene un déficit no financiado que asciende a 665 millones de dólares, y entre «los paleativos» a esta situación está planteando aumentar la tarifa en 15%, entre otras medidas, las cuales tendrán un impacto directo en el consumidor.

Tal como expresaron en Líderes, los expertos Antonio Almonte y Ramón Flores, el problema no se soluciona con esas medidas. Es más grave, el problema reside en la baja eficiencia en el cobro de la energía, que tiene un déficit de un 40%. Ramón Flores señaló, «… en estos últimos 8 años después de la reforma fiscal puede que hayamos invertido cerca de 5 mil millones de dólares de transferencia al sector eléctrico, con ese dinero pudimos haber desarrollado un sector eléctrico para El Caribe, y lo que nos encontramos es con una crisis recurrente, porque la realidad es que estamos perdiendo los recursos, y la atención en el lugar donde el problema no está».

El sector eléctrico se ha convertido en la suma de todos los miedos para el gobierno. Es un tema muy caliente, que amerita de decisiones valientes. La crisis es la oportunidad, y los dominicanos esperamos que, a partir del 16 de agosto, se tomen decisiones cruciales para el bien de nuestra institucionalidad y de los derechos de los consumidores.