Apuntes de Orlando Jorge Mera

Como si fuera una obra de teatro o una película de cine, ya van cuatro partes en esta obra de explicar lo inexplicable. El primer acto fue el 26 de octubre de 2007 cuando se nos dijo que el caso de la Sun Land era una operación inexistente, a pesar de la existencia de 19 pagarés por el monto total de US$130 millones de dólares. El segundo acto fue el 4 de junio de 2009 cuando se nos dijo que la compra de Edeeste por parte del gobierno no era una venta de acciones sino una transacción. El tercer acto fue el 24 de junio de 2009 cuando se nos expresó que la venta del 49% de Refidomsa al gobierno venezolano no ameritaba ser licitada, pues era una actividad comercial, y no del Estado.

Ayer, se celebró el cuarto acto, cuando el presidente Leonel Fernández, en medio de serias denuncias de corrupción, expresa que aunque hay debilidades, confía en que sus funcionarios no están cometiendo actos de corrupción. Incluso, se afirmó que ya no hay casos de hipercorrupción, y llegó a advertir que el que no cumpla se irá para su casa. Como siempre, muchas explicaciones de los procedimientos legales y las normativas internas creadas por el gobierno para enfrentar la corrupción. Claro, cuando el director del Departamento de Prevención de la Corrupción ofreció las estadísticas, no pudo mostrar un solo caso de sanción a la corrupción en el actual gobierno.

Solo hay que recordar que este gobierno, aunque está reelecto, tiene menos de un año. Le faltan tres años para completar su período constitucional. Pero es un gobierno viejo, por lo que las explicaciones que se dieron ayer resultarían oportunas si el gobierno hubiese estado comenzando. Pero, es todo lo contrario. La época de dar declaraciones y explicaciones terminó. Estamos en el momento en que se demanda acción para enfrentar lo que ya son actos reñidos contra la ley y la ética, ejercidos por funcionarios del gobierno.

Es como si aquí no hubiera pasado nada. Que el caso Sun Land, ni las nominillas, ni las denuncias de nepotismo, ni las cuantiosas comisiones que se ganan en distintas concesiones, ni los contratos de asesoría en diversas instituciones gubernamentales, ni las obras que se hacen sin licitación, no hubiesen ocurrido. Y se tiene la sensación de que nada ha pasado, y lo más grave, que nada pasará.

Lo interesante es que en todas estas conferencias de prensa ha habido un elemento común: Después de que las denuncias en cada uno de estos casos han sido discutidas y debatidas en la opinión pública, en muchos casos no refutadas, entra en acción el presidente Leonel Fernández tratando de cerrar estos expedientes. Nadie puede colocarse por encima de ley, y con declaraciones públicas, pretendiendo encubrir los hechos que riñen con la ley. Para eso, es que están las autoridades judiciales para investigar e imponer las sanciones correspondientes. Es un reflejo de la profunda debilidad de nuestras instituciones públicas.

Una vez más, las ruedas de prensa convocadas por el gobierno excluyen a directores de medio que han sido los protagonistas de las denuncias públicas. Y, por otra parte, el contraste del menú del almuerzo con el tema objeto de la rueda de prensa deja mucho que desear de un país que debe estar en un serio plan de austeridad, y no derrochando los recursos públicos.

Todavía falta mucho por ver.

El presidente Leonel Fernández se reúne hoy con los directores de medio para explicar la compra de Edeeste por parte del Estado. Se trata de otra rueda de prensa del gobierno con directores medio después del «palo dado». Basta con recordar la famosa conferencia de prensa para justificar el préstamo de la Sun Land, para luego haber concluido con la resolución de este oneroso contrato, sin que todavía se hayan establecido las responsabilidades y las consecuencias del mismo, tarea pendiente.

Lamentables son las declaraciones del Vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, al afirmar ayer que la transacción que hicieron con Edeeste no fue la compra de acciones, sino un traspaso, todo, según la noticia, con el fin de evitar cumplir con las leyes que norman las compras de este tipo de instrumentos por parte del Estado. Pero, parece cómo si viviéramos en Marte, cómo para no saber que una compra de acciones es igual que un traspaso de acciones.

Lo correcto y lo sensato era convocar a una licitación pública para poner en venta las acciones de la antigua propietaria en Edeeste, y así cumplir con la ley, y mantener lo que era el último ejemplo de inversión privada en el sistema de distribución de electricidad, que dicho sea de paso, lo hacía con eficiencia, a diferencia de lo que sucede con Edenorte y Edesur, controladas por el Estado totalmente.

Ahora, el parásito burocrático aumentará su tajada. El Estado, ahora con el control de Edeeste, aumentará la nómina pública, incrementará la inversión en publicidad, acrecentará los gastos, mientras se sigue deteriorando el marco regulador y la eficiencia en el servicio público. Tal como ha dicho el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la compra de Edeeste desvirtúa el rol del Estado.

Que no se nos diga hoy que no había otras alternativas, pues las había. Como ciudadano, espero que el gobierno anuncie hoy medidas concretas, claras y específicas para que reduzcan el gasto corriente en estas empresas estatales, disminuyan los apagones y se aclare el aumento de la tarifa eléctrica. Uno paga con gusto el servicio que está obligado a recibir, pero no pagar para que su dinero vaya al bolsillo de instituciones que no retribuyen ese servicio público. Lo demás es justificar lo injustificable.