Apuntes de Orlando Jorge Mera

(Segunda y última parte del artículo publicado hoy en El Nacional)

A propósito del artículo anterior, recibí un comentario de un lector en el que expresaba su preocupación por que, a su juicio, debería existir “un tipo de regulación para los videos, pues, por ejemplo, en “You Tube”, a diario se muestran videos con contenidos muy inadecuados”.

Ciertamente, uno de los más profundos desafíos que tiene el Estado es cómo afrontar la presencia de contenidos audiovisuales en los medios de comunicación tradicionales y en Internet, sin limitar ni restringir la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La solución, como dije en la entrega anterior, no puede ser con más regulación. Pero, veamos la inquietud planteada por el lector.

¿Qué pasa con You Tube? Esta innovadora empresa consiste en un canal de televisión por Internet que establece un sistema mediante el cual un programa procesa de manera automática contenidos suministrados por los usuarios y le proporciona un nuevo formato en el que resulta fácilmente accesible éstos, pero que no tiene nada que ver ni con los contenidos, ni con la supervisión de éstos. Así, acaba de establecerlo el pasado 27 de agosto, una Corte de California en un caso que involucró a otro canal de televisión por Internet, llamado “Veoh” .

Es decir, que You Tube ni ningún canal de televisión por Internet, que funcionen como se ha explicado anteriormente, no es responsable de los contenidos que sus usuarios suministran. A pesar de lo anterior, “You Tube” ha desarrollado una excelente comunidad de usuarios que, através de su participación, le advierten de determinados contenidos inadecuados, y solo así, la empresa descalifica este tipo de contenido. En la generalidad de estos casos, sucede cuando sea reclaman derechos de autor, los cuales son retirados, tras la verificación correspondiente.

Este es el tipo de autorregulación ideal que debería primar en todos los principios que normen el contenido audiovisual. Oportuno es citar aquí el Código Chileno de Autorregulación Publicitaria, aprobado en el 2007, que ofrece un marco legal y ético muy valioso que debería servir como marco de referencia para la República Dominicana.

Al final, todo concluye en lo básico: Es necesario profundizar en los niveles de educación para entender y comprender los contenidos audiovisuales, con excepción de aquellos que vulneren los preceptos constitucionales y legales. En este sentido, la familia y la escuela juegan un rol sumamente importante. Es impresionante la cantidad de contenidos inadecuados, sin filtros, en muchas aulas virtuales que operan en el país. Importante sería que las asociaciones de padres se incentiven y organicen jornadas y talleres de educación para el manejo de los contenidos audiovisuales tanto para los padres como para los alumnos. Así formaremos mejores ciudadanos.

La solución es, por tanto, no más regulación, sino más educación.

(Artículo publicado hoy en El Nacional)

Esa es la cuestión que se formula María José Sánchez Apellánz, en un interesante trabajo publicado en el 1999, bajo el título “¿Regular o educar? El problema de los contenidos audiovisuales” (“Comunicar”, marzo, número 12, 1999). Igualmente aquí, en la República Dominicana, ha estado en el debate, de manera recurrente, aunque con escaso eco, si, como consecuencia del avance de la sociedad del conocimiento y de la información, se hace necesario o no regular el contenido audiovisual, incluyendo el Internet.

El marco legal de los medios de comunicación tradicionales, como la prensa escrita, la radio y la televisión, está trazado por distintas leyes sectoriales fundamentadas en el principio constitucional consagrado en el artículo 8, numeral 6, de la Constitución de la República que dispone: “Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a críticas de los preceptos legales”.

Este precepto legal ha servido para trazar una delgada línea roja entre la libertad de contenido que se transmite por audio, video, o data, en los medios de comunicación y la regulación de radio y la televisión, la cual ha estado fundamentalmente concentrada en la provisión del servicio público de telecomunicaciones a través de las concesiones, permisos y autorizaciones establecidas por el órgano regulador, según los objetivos, criterios y requisitos fijados por la ley y sus reglamentos.

Más recientemente, con el avance de la convergencia tecnológica y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se han implementado importantes leyes y reglamentos que tienen por objetivo garantizar la seguridad de la información que fluye en la red, así como sancionar los delitos tecnológicos. Asimismo, el Estado ha creado la infraestructura legal necesaria para la protección de los derechos del consumidor, eje esencial del Estado regulador.

En el caso del Internet, es indudable que algunos sectores conservadores, que se resisten a los cambios que ha generado, genera y generará la red, quieran controlarlo y hasta regularlo. Pero, la grandeza del Internet se fundamenta en el hecho innegable de que es abierto, y por lo tanto, es fuente de innovación y de creatividad. La Internet debe ser neutral, y no puede ser regulada. Así, se ha pronunciado recientemente la FCC, el órgano regulador de las telecomunicaciones de Estados Unidos, en el Caso Comcast que ha sentado un precedente sobre este interesante y complejo tema.

Por lo tanto, la solución al problema de los contenidos audiovisuales no puede ser más regulación que pudiera constituirse en una amenaza o un atentado a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La solución debe estar fundamentada en más educación, que debe iniciarse por la creación de un código de ética que debe ser suscrito entre los principales miembros de la industria audiovisual del país para que norme la conducta de este sector tan importante para el país. Existen algunas iniciativas, en el reglón publicitario, pero pudieran ser mejoradas y ampliadas, para crear mayor nivel de conciencia social tanto a nivel corporativo como a nivel de los ciudadanos, expuestos totalmente a los retos y oportunidades de la revolución que caracteriza a la sociedad del conocimiento. (Continuará)