Apuntes de Orlando Jorge Mera

La noticia de que en España, el gobierno quiere actualizar la regulación legal de las intervenciones telefónicas me ha motivado a escribir este apunte. Tanto en España como en República Dominicana, al igual que en toda democracia, las intervenciones telefónicas, es decir, la interceptación de las comunicaciones, debe ser previamente autorizada por una autoridad judicial, la cual debe tener una causa y un motivo justificado para hacerlo.

Me correspondió impulsar y aprobar la primera norma reglamentaria en nuestro país que sanciona la intercepción no autorizada de las comunicaciones telefónicas, mediante la Resolución No.36-00 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en diciembre de 2000. Esta Resolución fue luego reglamentada por la Suprema Corte de Justicia en el 2001, estableciendo que son los jueces de instrucción los autorizados a cumplir con esta norma. Posteriormente, en el 2003, mediante la Resolución No. 2043-2003, la Suprema Corte de Justicia emitió el Reglamento correspondiente.

Sin embargo, la normativa ha resultado en insuficiente. Por un lado, ha quedado ya desactualizada, pues la tecnología ha avanzado mucho, y por lo tanto, hay que garantizar la privacidad y los derechos en las nuevas tecnologías como Internet, correos electrónicos, el envío de data através de mensajes de textos o chats por los teléfonos móviles, entre otras formas de comunicación. Y por otra parte, lo más grave, no hay voluntad política, para aplicarla a quienes efectivamente vulneran los derechos de privacidad de los ciudadanos.

En nuestro país, es muy próspera la industria del espionaje, con complicidades privadas y públicas, y en todos los ámbitos. Algunos se autoconfiesan y lo dicen a viva voz que escuchan conversaciones telefónicas, y la autoridad judicial guarda absoluta indiferencia. Otros mercadean y comercializan estas informaciones para obtener ventajas económicas. En definitiva, nos espían, y a mí también. Por eso, es importante aumentar también las garantías legales para sancionar a quienes, no dan la cara, a quienes el anonimato que les permite determinadas ocupaciones privadas y públicas, bajo el manto de la impunidad, sean sancionados. Todavía queda un largo camino por recorrer.