Apuntes de Orlando Jorge Mera

Todos los gobiernos tienen sus caras duras. El/la presidente/a puede ser la persona más popular, pero tiene alguien que le haga el trabajo duro, claro con el apoyo presidencial. Es lo que sucede en Estados Unidos, en donde en contra de los pronósticos, el presidente Barack Obama ha seguido la misma política dura de la anterior administración por la protección de los derechos de propiedad intelectual. No hay que olvidar la influencia enorme, tanto política como económica, de las principales organizaciones lobistas vinculadas a la industria del entretenimiento y farmaceútica en Estados Unidos. ¿Quién aplica la política del big stick? Lo hace la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, mejor conocida, como United States Trade Representative (USTR), que depende directamente del presidente.

El pasado 30 de abril, como es de costumbre, la USTR publicó la llamada Lista Especial 301, un mecanismo unilateral y que data desde hace más de quince años, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revisa la situación de los derechos de propiedad intelectual con los países que tiene relaciones comerciales. En virtud de esta atribución legislativa, en caso de que el gobierno americano considere que un país está violando los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de compañías norteamericanas, puede unilateralmente suspender el intercambio comercial. Esta disposición se ha mantenido, incluso, luego de haber suscrito tratados de libre comercio, que establecen sus propios mecanismos de disputas de controversias, con países que incluso lo incluyen en la lista 301. Es decir, un contraste con las normas internacionales aprobadas por los Congresos de los países firmantes de estos tratados de libre comercio, incluyendo el Congreso de Estados Unidos.

Hay dos tipos de vigilancia, según la 301: La Lista de Vigilancia Prioritaria (Priority Watch List), que en este año, incluye a doce países: China, Rusia, Algeria, Argentina, Canada, Chile, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela.

Y, en segundo lugar, está la Lista de Vigilancia No Prioritaria (Lower Level Watch List):Belorusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Arabia Saudita, España, Tajakistán, Turquía, Turkmanistám, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

Las informaciones que nutren este reporte son suministradas por los oficiales comerciales que trabajan en las respectivas sedes diplomáticas de Estados Unidos en estos países, incluyendo las informaciones que suplen las organizaciones lobistas directamente en Washington. Hasta este momento, no se ha producido ninguna reacción oficial del gobierno dominicano sobre la inclusión de la República Dominicana en esta lista, y siendo objetivo, a diferencias de cómo era el texto en épocas pasadas, el mismo contiene un dato muy cierto: la deficiencia del gobierno está en la implementación de las leyes de propiedad intelectual. En España, aunque la acusación unilateral es de otra naturaleza (las descargas por internet), por citar un caso en el que sí ha sido divulgado en la prensa, la reacción no se ha hecho esperar: EEUU abronca a España por ‘pirata’.

Sí creo que, como país signatario del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, la lista 301 es una afrenta a la normativa internacional, ya aprobada por nuestros respectivos congresos, y que constituye parte de nuestra legislación interna. Igual sucede con Chile, Canadá, Costa Rica, México y próximamente Perú.

Pero, con pesar, reconozco que aquella frase de Theodore Roosevelt, que luego se ha convertido en «la política del big stick», dicha en 1901, será muy difícil que sea vencida por actual administración en Estados Unidos, aunque las esperanzas nunca se pierden.

Ayer tuve la honra de compartir con el destacado productor de cine dominicano, Angel Muñíz, en la residencia de José Delio Ares hijo, quien se ha destacado en la edición de recientes películas y documentales. En la primera, figuramos los tres y en la otra foto, se puede apreciar a José Delio trabajando en su isla de edición.

Con Angel Muñíz me unen vínculos relacionados con mi profesión de abogado, en el área de mi especialidad que es las telecomunicaciones y la propiedad intelectual. Muñíz es el artista y productor de contenidos de nuestro país que más ha proclamado, por todos los medios, la lucha contra la piratería, particularmente en el ámbito de la reproducción y venta ilegal de las películas dominicanas. Recientemente, en respuesta a la piratería, se ha lanzado a vender en las calles, a RD$100.00, su última película Ladrones a domicilio, que mereció tres premios Casandra. Con mucho entusiasmo, Muñíz me comentaba lo exitoso que han sido estas ventas, tanto en Santo Domingo como en Santiago, y cómo ha estado recibiendo propuestas de patrocinio para estas jornadas, y que, por tanto, las ventas continuarán.

Resalta que todavía la industria cinematográfica dominicana no ha podido evitar, por ausencia de mecanismos institucionales y legales fuertes ( ausencia de voluntad política – todavía no se ha aprobado la Ley de Cine), la alta penetración de la piratería, la cual hace gala de su extraordinaria habilidad criminal, la cual efectivamente perjudica no solo el arduo trabajo de los productores y actores, sino la capacidad de ingresos y beneficios que la misma pueda generar. Esto ha provocado que, productores como Muñíz estén decididos a que sus producciones, en vez de ir al cine, sean vendidas y promocionadas exclusivamente en DVD, al precio de RD$100.00 (Cien pesos), lo cual es sumamente atractivo para los consumidores. Al final, es preferible comprar la película a este precio, que gastar el doble y el triple (y algo más) que lo que cuesta ir al cine, respetando a quienes gusta ir y disfrutar del cine, que dicho sea de paso, hay excelentes salas de cine en nuestro pais.

Esta medida también combate y reduce la piratería, pues al estar el producto original en las calles y, a ese precio, los vendedores de películas ilegales (que son aquellos «muchachos de mochila») huyen de los puntos en donde se venden las películas legales. Y, ¡ahí de ellos, si osan en aparecerse a estos lugares!

Por otra parte, hay otra realidad que trasciende a la venta al detalle de las películas ilegales. Me refiero a los llamados «pejes gordos», a quienes importan los DVDs (en blanco) y los venden (de manera informal y sin registro) a los que los que agregan contenido ilegal y los venden en el mercado. Según Muñíz, desde el 2005 hasta 2008, se han importado más de Cien millones de DVDs (en blanco) a la República Dominicana, lo cual no es ilegal. Lo que es ilegal es no registrar en sus libros las ventas que luego se hacen de estos DVDs. Aquí, entonces, la necesidad de coordinar una lucha interinstitucional (entre Aduanas, Impuestos Internos, Oficina Nacional de Derechos de Autor y Procuraduría General de la República) para efectivamente lograr saber el destino de estos DVDs, que luego terminan en las mochilas y en el mercado negro de la piratería de películas dominicanas.

Angel Muñíz ha hecho una propuesta muy interesante, que consiste en crear una policía especializada antipiratería, coordinada desde la Oficina Nacional de Derecho, con la Procuraduría Fiscal. No habría necesidad de crear nuevos puestos, ni cargos, ni mucho representaría una carga para el Estado. La misma estaría subvencionada por quienes son afectados de la piratería: los productores de cine. La idea es innovadora y amerita de que sea ponderada por la autoridades, quienes no deben permanecer indiferentes.

Esta cruzada de Angel Muñíz no es solo de él. Al contrario, debe ser asumida por la industria cinematográfica nacional, por los productores dominicanos, y por aquellos hombres y mujeres que creen en el respeto a la ley. Desde aquí, mi admiración y respeto por Angel Muñíz y por el cine dominicano.