Apuntes de Orlando Jorge Mera

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos publicó, como cada año, la lista de los países que, según el gobierno americano, violan las leyes de propiedad intelectual. Este es el texto que cita la parte de República Dominicana:

«La República Dominicana se mantendrá en la Lista Watch en 2010. La República Dominicana continuó sus esfuerzos para aplicar sus compromisos en virtud CAFTA-DR, pero sigue siendo de aplicación débil y requiere una mejor coordinación, los recursos adicionales, y la formación de la ejecución de personal. Estados Unidos reconoce y aprecia que hubo algunas mejoras en 2009 con respecto al uso de programas de software con licencia y la piratería de televisión, pero nos sigue preocupando que las mercancías piratas siguen siendo ampliamente disponible. Los Estados Unidos también está preocupado por las demoras excesivas en la emisión de patentes. Los Estados Unidos continuará supervisando la aplicación de la República Dominicana de su cooperación bilateral y multilateral obligaciones de proporcionar un sistema eficaz de protección contra todo uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de la prueba no divulgada u otros datos generados para obtener la comercialización aprobaciones de productos farmacéuticos y agroquímicos, y para proporcionar un sistema eficaz para abordar las cuestiones de patentes con urgencia en relación con las solicitudes para comercializar productos farmacéuticos los productos. Los Estados Unidos esperan con interés la futura cooperación en materia de derechos de propiedad intelectual con la República Dominicana, y seguirá vigilando la aplicación de la República Dominicana de derechos de propiedad intelectual de sus compromisos bajo el CAFTA-DR.»

Para el récord, aquí esta mi opinión sobre esta lista, que ya debe desaparecer.

Antes me había referido a este tema, y luego de leer que en España, el gobierno de Estados Unidos de América está presionando para imponer una reforma ilegal que permita cortar el Internet, sin autorización judicial, cuando se hagan descargas vía P2P, me he motivado a retomarlo y analizarlo, luego de que algunos lectores hayan pedido mi opinión a través de Twitter.

La tendencia de criminalizar las descargas por Internet solo ha podido ser impuesta en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, que, luego fueron, en el caso de Francia y Alemania, modificadas para exigir la autorización judicial. Al margen de que descargar música o películas por Internet para fines privados no es un acto de piratería, es un principio de derecho universal que nadie puede ser juzgado sin haber sido objeto de un juicio imparcial, con el respeto al debido proceso de ley. Por lo tanto, todo mecanismo extrajudicial, tal como sería una Comisión conformada por Ministerios o Secretarías, y con representación de la industria de las telecomunicaciones, es totalmente ilegal, abusivo e irracional. Solo con la autorización de un juez es que se pudiera tomar una acción de esa naturaleza, luego de cumplir con el debido proceso de ley.

Una cosa sí me queda muy clara. Por mi experiencia en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, esta lucha no terminará por ahora. El poder de la industria cinematográfica y musical en Estados Unidos es amplio e influyente. Están en todas las instancias y niveles del poder norteamericano. En el Oficial de Escritorio del Departamento de Estado, asignado a cada país, un funcionario tiene este tema entre sus listas de pendientes. Por eso, la solución final al caso de España, que debe concluir con la modificación a la ley propuesta por el gobierno, es de vital importancia.

Por eso, desde aquí, de este lado del Mar Caribe, apoyamos a los ciudadanos españoles en la defensa de los derechos del Internet.

Cuando estaba en la Administración Pública (2000-2004) tuve el honor de participar en varias reuniones con Robert Zoellick, quien en ese entonces era el Representante de Comercio de los Estados Unidos de América, a raíz de las negociaciones que culminaron con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, mejor conocido como DR-CAFTA. Siempre muy directo y franco, pero un político con fino olfato, y ahí conocí que antes había sido oficial de la Marina. Por eso, cuando leí la noticia de que el Banco Mundial prohibió dar contratos a 351 compañías e individuos por realizar prácticas corruptas, confirmé la idea que siempre he tenido del señor Zoellick: Uno podrá estar de acuerdo o no con sus posiciones, pero ha recuperado la imagen y la credibilidad del Banco Mundial.

Esa misma noticia informa que solo en coimas y sobornos se desvían un billón de dólares anuales. Y eso, que estamos hablando de acciones anticorrupción que ha tenido que tomar el Banco Mundial, que de por sí, resalta entre los organismos que con mayor transparencia realiza sus transacciones. Recuerdo que precisamente en esas rondas de negociaciones sobre el DR-CAFTA, tuve también la ocasión de participar en una reunión con el entonces Secretario de Estado Collin Powell, quien se expresó en muy duros términos sobre la clase política haitiana, al decir que todo el dinero que se había donado para ayudar a Haití había quedado en manos de los dueños de las grandes casas en Petionville. Esto obviamente fue afirmado con referencia a la situación que vivía Haití en el 2003.

De ahí es que organizaciones como el Banco Mundial han tenido que establecer procedimientos para asegurarse de que el dinero que prestan o donan lleguen efectivamente a las manos que lo necesitan. En iguales términos, he oído directamente expresiones de las agencias de cooperación internacional de Europa. Todo esto a quien afecta no solo es a las grandes mayorías que necesitan de la mano amiga, sino a la credibilidad del gobierno y del país.

Ahora que el Banco Mundial ha condicionado determinados financiamientos para el sector eléctrico de la República Dominicana, tengamos pendiente las normas y políticas anticorrupción que ha estado aplicando este organismo multinacional de financiamiento, esperando que nunca una compañía dominicana o sus propietarios estén en la lista negra.

Todos los gobiernos tienen sus caras duras. El/la presidente/a puede ser la persona más popular, pero tiene alguien que le haga el trabajo duro, claro con el apoyo presidencial. Es lo que sucede en Estados Unidos, en donde en contra de los pronósticos, el presidente Barack Obama ha seguido la misma política dura de la anterior administración por la protección de los derechos de propiedad intelectual. No hay que olvidar la influencia enorme, tanto política como económica, de las principales organizaciones lobistas vinculadas a la industria del entretenimiento y farmaceútica en Estados Unidos. ¿Quién aplica la política del big stick? Lo hace la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, mejor conocida, como United States Trade Representative (USTR), que depende directamente del presidente.

El pasado 30 de abril, como es de costumbre, la USTR publicó la llamada Lista Especial 301, un mecanismo unilateral y que data desde hace más de quince años, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revisa la situación de los derechos de propiedad intelectual con los países que tiene relaciones comerciales. En virtud de esta atribución legislativa, en caso de que el gobierno americano considere que un país está violando los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de compañías norteamericanas, puede unilateralmente suspender el intercambio comercial. Esta disposición se ha mantenido, incluso, luego de haber suscrito tratados de libre comercio, que establecen sus propios mecanismos de disputas de controversias, con países que incluso lo incluyen en la lista 301. Es decir, un contraste con las normas internacionales aprobadas por los Congresos de los países firmantes de estos tratados de libre comercio, incluyendo el Congreso de Estados Unidos.

Hay dos tipos de vigilancia, según la 301: La Lista de Vigilancia Prioritaria (Priority Watch List), que en este año, incluye a doce países: China, Rusia, Algeria, Argentina, Canada, Chile, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela.

Y, en segundo lugar, está la Lista de Vigilancia No Prioritaria (Lower Level Watch List):Belorusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Arabia Saudita, España, Tajakistán, Turquía, Turkmanistám, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

Las informaciones que nutren este reporte son suministradas por los oficiales comerciales que trabajan en las respectivas sedes diplomáticas de Estados Unidos en estos países, incluyendo las informaciones que suplen las organizaciones lobistas directamente en Washington. Hasta este momento, no se ha producido ninguna reacción oficial del gobierno dominicano sobre la inclusión de la República Dominicana en esta lista, y siendo objetivo, a diferencias de cómo era el texto en épocas pasadas, el mismo contiene un dato muy cierto: la deficiencia del gobierno está en la implementación de las leyes de propiedad intelectual. En España, aunque la acusación unilateral es de otra naturaleza (las descargas por internet), por citar un caso en el que sí ha sido divulgado en la prensa, la reacción no se ha hecho esperar: EEUU abronca a España por ‘pirata’.

Sí creo que, como país signatario del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, la lista 301 es una afrenta a la normativa internacional, ya aprobada por nuestros respectivos congresos, y que constituye parte de nuestra legislación interna. Igual sucede con Chile, Canadá, Costa Rica, México y próximamente Perú.

Pero, con pesar, reconozco que aquella frase de Theodore Roosevelt, que luego se ha convertido en «la política del big stick», dicha en 1901, será muy difícil que sea vencida por actual administración en Estados Unidos, aunque las esperanzas nunca se pierden.