Apuntes de Orlando Jorge Mera

Tenía varios días por comentar la noticia de que el gobierno de Estados Unidos de América ha extendido hasta el 2020 los beneficios para Haití de poder exportar, libre de impuestos, a Estados Unidos todos los productos textiles que sean fabricados en el país vecino. Es una excelente noticia para Haití, que, a partir del drama vivido con el terremeto, está recibiendo notables ayudas de la comunidad internacional. Ésta última noticia fue gracias a la intervención de los presidentes Clinton y Bush. Lo lamentable es que este trato preferencial para Haití tiene un efecto negativo para las zonas francas que en República Dominicana se dedican a la fabricación de productos textiles que tendrán una situación desventajosa ante las empresas haitianas. Mientras las empresas que se establezcan en Haití podrán exportar libre de impuestos todos sus productos textiles a Estados Unidos; las dominicanas, desde este lado de la isla, está sometida al pago de impuestos en Estados Unidos por sus exportaciones.

Urge que el gobierno dominicano ponga atención a este serio obstáculo. Hay varias opciones sobre la mesa. Una de ellas puede ser que el mismo trato preferencial que tiene Dominicana con la Unión Europea se le otorgue ante Estados Unidos, bajo el DR-CAFTA, o que sencillamente, Estados Unidos nos otorgue el mismo trato preferencial que Haití en lo atinente a los productos textiles. Lo que no podemos hacer es quedarnos indiferentes, una característica del actual gobierno. Continuaré dando seguimiento a este tema.

Algunos políticos creen que todavía vivimos en la época de la cortina de acero, y exhiben una doble moral cuando se afectan sus propios intereses. Pero se olvidan que, hace apenas un mes, todos los presidentes latinoamericanos exigieron que en Honduras, por ejemplo, se reestableciera el orden constitucional. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que cuando una legisladora norteamericana reclama que el Departamento de Estado de Estados Unidos investigue la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo al gobierno venezolano, la cancillería dominicana reacciona denunciando esa solicitud como una injerencia.

Es que nadie está cuestionando la soberanía de República Dominicana ni de ningún otro país. Lo que sucede es que la República Dominicana tiene asumidos compromisos internacionales al tenor del Tratado de Libre Comercio suscrito entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, mejor conocido como DR-CAFTA, especialmente en lo atinente a la transparencia y a las licitaciones. La legisladora Loretta Sánchez, de California y miembro del Partido Demócrata, ha ejercido su derecho como legisladora norteamericana, al pedir al Departamento de Estado que investigue si la venta del 49% de las acciones del Estado dominicano en Refidomsa al gobierno venezolano, viola o no el DR-CAFTA.

Sin embargo, el gobierno dominicano, através de sus voceros, manipuló el contenido de la carta de la legisladora Sánchez para distraer la atención sobre el fondo de la cuestión. Nada extraño en este gobierno. Aquí se puede acceder a la carta íntegra de la legisladora Sánchez.

A diferencia de otras latitudes, en Estados Unidos de América, la labor del legislador trasciende las esferas eminentemente legislativas, y dado el poder ciudadano que ejercen sus electores, puede intervenir y solicitar que los funcionarios norteamericanos investiguen en áreas que afecten los intereses de los Estados Unidos de América, particularmente cuando existen tratados internacionales que obligan a la República Dominicana a ser transparente. A este tema, le seguiré dando el debido seguimiento.

Colofón: Sobre la venta del 49% de Refidomsa, he escrito 1, 2, 3 y 4 apuntes.

Cuando estaba en la Administración Pública (2000-2004) tuve el honor de participar en varias reuniones con Robert Zoellick, quien en ese entonces era el Representante de Comercio de los Estados Unidos de América, a raíz de las negociaciones que culminaron con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, mejor conocido como DR-CAFTA. Siempre muy directo y franco, pero un político con fino olfato, y ahí conocí que antes había sido oficial de la Marina. Por eso, cuando leí la noticia de que el Banco Mundial prohibió dar contratos a 351 compañías e individuos por realizar prácticas corruptas, confirmé la idea que siempre he tenido del señor Zoellick: Uno podrá estar de acuerdo o no con sus posiciones, pero ha recuperado la imagen y la credibilidad del Banco Mundial.

Esa misma noticia informa que solo en coimas y sobornos se desvían un billón de dólares anuales. Y eso, que estamos hablando de acciones anticorrupción que ha tenido que tomar el Banco Mundial, que de por sí, resalta entre los organismos que con mayor transparencia realiza sus transacciones. Recuerdo que precisamente en esas rondas de negociaciones sobre el DR-CAFTA, tuve también la ocasión de participar en una reunión con el entonces Secretario de Estado Collin Powell, quien se expresó en muy duros términos sobre la clase política haitiana, al decir que todo el dinero que se había donado para ayudar a Haití había quedado en manos de los dueños de las grandes casas en Petionville. Esto obviamente fue afirmado con referencia a la situación que vivía Haití en el 2003.

De ahí es que organizaciones como el Banco Mundial han tenido que establecer procedimientos para asegurarse de que el dinero que prestan o donan lleguen efectivamente a las manos que lo necesitan. En iguales términos, he oído directamente expresiones de las agencias de cooperación internacional de Europa. Todo esto a quien afecta no solo es a las grandes mayorías que necesitan de la mano amiga, sino a la credibilidad del gobierno y del país.

Ahora que el Banco Mundial ha condicionado determinados financiamientos para el sector eléctrico de la República Dominicana, tengamos pendiente las normas y políticas anticorrupción que ha estado aplicando este organismo multinacional de financiamiento, esperando que nunca una compañía dominicana o sus propietarios estén en la lista negra.

Recientemente, la Washington Office on Latin American (WOLA), una organización sin fines de lucro radicada en Washington, ha publicado la semana pasada el reporte titulado DR-CAFTA and Worker’s Rights: Moving from Paper to Practice, un informe muy completo que evalúa el estado actual de los derechos laborales a partir de la implementación del DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

El reporte WOLA, que todavía no ha sido divulgado en el país, contiene una serie de informaciones valiosas que confirman que uno de los puntos más débiles que tienen los países suscribientes del DR-CAFTA es el relativo a los derechos laborales, los cuales fueron analizados desde seis áreas: a) La reforma laboral y su implementación; b) Aumentar el presupuesto y las necesidades de personal en los ministerios de trabajo; c) Fortalecer el sistema de justicia laboral; d) Establecer protección en contra de la discriminación laboral; e) Eliminar las peores formas de trabajo infantil; f)Promover la cultura de cumplimiento.

La República Dominicana, en términos generales, se le reconocen una serie de avances, aunque queda muy mal parada en el trabajo infantil. Según el reporte, el 14.5% de los niños dominicanos hacen trabajo infantil. Guatemala nos supera con 16%.1%, mientras que Costa Rica tiene la cifra más baja con 5.8%. En el caso dominicano, la distribución de los niños que hacen trabajo infantil es en las siguientes áreas: Agricultura, 20%; Industria, 13.8%; y Servicios, 66.2%. No me explico cómo es que hay empresas (y empresarios), incluyendo a padres y madres, que exponen a los niños a trabajos infantiles que denigran la dignidad humana.

Hay otras informaciones en el reporte que confirman también la crisis económica que está impactando al país, tales como la cantidad de despidos que se han producido en el país, de manera muy especial en las zonas francas (sitúa la cifra en 80,000 a septiembre de 2008, la cual se ha incrementado considerablemente). Asimismo, el reporte afirma que el empleo informal alcanza el 55% en la República Dominicana, una de las cifras más altas del resto de los socios en el DR-CAFTA.

Desconocía que el gobierno de Estados Unidos había entregado en los últimos tres años a los miembros del DR-CAFTA la suma de US$20 millones de dólares para la reforma de los derechos laborales, suma que, los autores del reporte, consideran que debe ser incrementada sustancialmente para que los países miembros del Tratado puedan mejorar sus capacidades en este tema de vital importancia.

El reporte WOLA ha sido muy oportuno toda vez que actualmente se discute en Washington la aprobación de los Tratados de Libre Comercio de Estados Unidos con Panamá, Colombia y Corea del Sur, y es éste, el tema de los derechos laborales, el obstáculo más espinoso para lograr su aprobación. El reporte WOLA es una lectura obligada para los interesados en que la República Dominicana erradique el trabajo infantil, y supere los problemas institucionales en la implementación de los derechos laborales.