Apuntes de Orlando Jorge Mera

Tenía varios días por escribir sobre este tema. El pasado 8 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó la nueva ley de patentes de invención, que fue firmada y promulgada por el presidente Barack Obama el 16 de septiembre: The American Invent Act. Se trata de una reforma profunda al sistema de patentes de Estados Unidos, que, antes otorgaba prioridad al » first to invent» (primero en inventar), y lo ha sustituido por otorgar derechos al «first to file» (primero que deposite) la invención por ante la Oficina de Patentes y Marcas de ese país.

Un cambio radical, pues antes, los derechos de la patente eran priorizados a favor de quien hiciese el invento, independientemente de si el inventor hubiese hecho o no el registro del mismo. Obviamente, con el desarrollo de programas informáticos y de aplicaciones para el mundo tecnológico, éste punto, el de la prioridad a favor del inventor, era objeto de controversia y de litigios. Tradicionalmente, lo que se hacía es que el inventor cedía sus derechos al desarrollador, y éste a su vez, era el que registraba la patente. Claro, reconociendo en la solicitud, el nombre del inventor, por lo que su nombre estaría consignado en el Certificado de Patente.  Este sistema provocó que, al día de hoy, la Oficina de Patentes y de Marcas tuviera pendiente de conocer 700,000 solicitudes de patentes. Un retraso enorme.

Por otra parte, ya Estados Unidos era de los pocos países que quedaban en el mundo con este sistema, mientras la mayoría ya habían adoptado el método del «primero en registrar». Es, ante esta realidad, que el presidente Obama, juntos a los legisladores de ambos partidos, logra modificar el sistema de patentes y aprueba una nueva ley, vinculada a la necesidad de crear empleos. Todas esas solicitudes de patentes pendientes de aprobar significan que hay centenares de miles de empresas que no pueden comercializar o promover sus productos, y por lo tanto, no pueden generar empleos. Ahora, con la nueva ley, el proceso es más expedito, y por lo tanto, asegura una integración de las patentes como parte esencial de la «investigación y desarrollo» de una nación.

Un dato importante es que hubo algunos legisladores que intentaron extender el período de protección de las patentes, que como se sabe es de veinte (20) años, sin renovación. Es decir, que durante ese período, la empresa propietaria de la patente tiene la exclusividad de su comercialización. Vencido ese período, la patente pasa al dominio público. Esto es muy importante, particularmente, en la medicina, sobre todo para aquellas enfermedades que se han constituido en epidemias, y que el costo de su tratamiento es muy caro. Claro, que las licencias compulsorias u obligatorias han sido parte de la solución, aún cuando queda un largo camino por recorrer para que los países menos desarrollados puedan tener acceso a medicamentos, buenos y baratos.

Estados Unidos ha dado un paso importante con la nueva ley de patentes de invención. Veremos oportunamente su impacto en la economía norteamericana y en el mundo.

En estos días, en que he estado preparando mi reingreso a la profesión de abogado, luego de más de ocho años de retiro forzoso, a causa de mis funciones públicas y políticas (salvo algunas incursiones excepcionales), este editorial With the downturn, it’s time to rethink the legal profession, es muy oportuno.

Los abogados no han escapado al impacto de la recesión económica, y solo, en Estados Unidos, se estima que, en el mes de marzo, se perdieron 3,677 puestos de trabajos en distintas firmas de abogados. Esto ha provocado que centenares de abogados estén hoy sin empleos y sin los beneficios propios que genera la profesión, lo cual se suma a la incertidumbre que crea la propia recesión.

Es el momento para que se reformulen y se repiensen algunas prácticas y normas que tradicionalmente han regido a los abogados, tanto internacional como localmente.

– La especialización será la tendencia, es decir, habrán menos firmas de abogados, grandes y que realicen práctica general del derecho, y en su lugar, se extenderán las llamadas «oficinas boutiques», que se especializan en determinados nichos o temas específicos del derecho, con mejores atenciones a sus clientes. Ya en nuestro país, hay buenos ejemplos de este tipos de oficina, y esta será la tendencia.

– Hay que revisar las tarifas de honorarios. En medio de la recesión de Estados Unidos, ya el esquema de «facturar por horas» está siendo parte del pasado, y se están evaluando otros mecanismos de facturación. Hay que tener esquemas de facturación atractivos, razonables y eficientes, sin caer en la competencia desleal.

– Las escuelas de derecho tienen que repensar el esquema tradicional de formación de los estudiantes de derecho. Solo pensar la gran cantidad de abogados que termina ejerciendo una actividad distinta, a la abogacía, como por ejemplo, la industria, las finanzas, el comercio, la informática, la economía, la hotelería, la educación superior, y hasta la política, es decir, dentro de la formación de los abogados debe incluirse áreas que permitan una mayor visión de las complejidades del mundo de hoy, y la interacción con sus potenciales clientes.

– El gran beneficiario de estos cambios será el cliente, el consumidor de los servicios legales, que aprovechará la especialización, con buenas prácticas éticas, y con mayor potencialidad y capacidad de opciones sobre la mesa.

De las grandes crisis, se producen las grandes soluciones. Aprovechemos esta oportunidad.

Esta noticia del Listín Diario es una confirmación, sobre todo para quien todavía pueda tener duda, de que la economía dominicana está afectada por la crisis global. Alrededor de 1,500 personas se sumarán a las decenas de miles de desempleados, como consecuencia de la crisis económica mundial.

Una confirmación adicional del más reciente informe de la Organización Internacional de Trabajo que señala que el desempleo en el mundo podría aumentar en 2009 con respecto a 2007 en una cifra entre 18 y 30 millones de trabajadores, y hasta más de 50 millones si la situación sigue deteriorándose.

Lo anterior unido a la cruda realidad de que, simultáneamente, el número de trabajadores pobres (cuyo sueldo no supera los dos dólares por día) puede aumentar hasta 1,400 millones de personas, el 45% de los trabajadores de todo el mundo.

Datos escalofriantes. Y yo me pregunto, ¿dónde está la promesa de campaña del presidente Leonel Fernández de crear 500,000 nuevos empleos? ¿Hasta cuándo va a seguir la indiferencia oficial ante la creciente ola de desempleados que hay en el país? Y para tomar acción, solo se requiere voluntad política, sin esperar resultados de cumbres ni de diálogos nacionales.