Apuntes de Orlando Jorge Mera

El presidente Leonel Fernández ya nos tiene acostumbrados a reaccionar, luego del «palo dado». Ya lo dijo ayer: No habrá licitación en la venta del 49% de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. E hizo una explicación, desde su punto de vista, sobre esta transacción.

Lo interesante de todo esto es cómo, cada vez que el gobierno está involucrado en un conflicto en el que se cuestiona su falta de transparencia, siempre la respuesta ha sido por la tangente, sobre la base de algún argumento jurídico novedoso. En el caso de la Sun Land, nunca se supo dónde está el dinero ni cómo la empresa privada que recompró los pagarés finalmente le pagará al Estado, pero se nos dijo que sólo el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados tenían el derecho de cuestionar la constitucionalidad de este préstamo.

Ahora, el presidente Fernández, quien tiene muy buenos abogados, expertos en doctrina jurídica, nos acaba de dar otra lección en el sentido de que quiénes defendíamos que esta venta del 49% de las acciones de Refidomsa tenía que ser objeto de una licitación pública, estábamos equivocados, pues, en este caso, «este acto de venta constituye un acto de comercio y no un acto administrativo del Estado sometido al proceso de licitación previsto y reglamentado por la Ley No.340-06, de Compras y Contrataciones Públicas». (Es una lástima que los espacios pagados por el gobierno, como el publicado el lunes 22 de junio de 2009, en la página 5-A, del Listín Diario, no estén disponibles en la red para que se pudiese leer íntegramente la más acabada doctrina sobre la opinión jurídica de los abogados del gobierno).

Notése que no nos han dicho absolutamente sobre el fondo de la transacción con el gobierno de Venezuela, es decir, si la venta incrementará la deuda del Estado con Petrocaribe, cómo será la gobernabilidad de Refidomsa a partir de tener un socio que tenga el 49% de acciones, está o no involucrado el gobierno de Venezuela en la compra original de las acciones de la Shell, entre otras interrogantes.

Al contrario, resulta que, al decir del gobierno, como se trata de un acto hecho por el Estado comerciante, no hay ni siquiera que obtener la aprobación del Poder Legislativo, sino que «será informado al Congreso», para cumplir estrictamente con una formalidad.

Pero, ¿qué curioso? Si para que el Estado compre lapiceros, que es un acto de comercio, la Ley de Licitación Pública exige una licitación para determinar quién será el suplidor, ¿no será lo mismo para determinar el comprador de las acciones que tiene el Estado en una empresa, que de por sí, es de capital público?

Todavía quedan muchas preguntas sin responder, que ayer era el escenario ideal para que el gobierno despejase todas las dudas. Por cierto, ¿cuál habrá sido el papel del Banco de Reservas en la compra de las acciones de la Shell? ¿Quién pagará ese financiamiento del Banco de Reservas, si es que en efecto lo hubo? ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con Petrocaribe? ¿Qué es lo todo lo que involucra la venta del 49% de acciones de Refidomsa? ¿Incluye la distribución de combustible?

Finalmente, no sé si esto coincide o está vinculado a la venta del 49% de acciones en Refidomsa, pero Venezuela pone al servicio de República Dominicana el servicio satelital Bolívar.

Continuaré dando seguimiento a este interesante tema.

Para que lo dicho ayer por el presidente Leonel Fernández se convierta en una realidad, lo primero que tiene que hacer es predicar con el mismo ejemplo de sus palabras. He aquí una parte de lo expresado por el presidente:

«A la administración pública dominicana lo que le hace falta es la creación de un sistema organizado, uniforme, homogéneo, con disciplina. Hasta que no logremos eso el país no va a dar el salto que necesitamos que dé, pero eso se aprende, se practica y se ejecuta.»

En otras palabras, necesitamos instituciones fuertes, que apliquen la ley, al margen de los intereses que se crean en torno a determinadas obras y concesiones. Cuando el presidente Fernández anunció la Segunda Línea del Metro, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con esta obra (sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la crisis global y local, y las prioridades del país), se suponía que se convocaría a una licitación pública para fines de las concesiones que debe otorgar el Estado para la ejecución de la referida obra, todo de acuerdo con la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Hago notar que esta ley no solo regula las compras, sino las contrataciones de servicios, obras y concesiones.

¿Por qué el gobierno no ha convocado todavía estas licitaciones públicas? ¿A cuánto asciende el monto total de estas concesiones? ¿Existe voluntad política en el gobierno de convocar a estas licitaciones públicas? ¿Cuándo se convocará estas licitaciones públicas? ¿Qué opinan los abogados del gobierno sobre esto? ¿Qué opina la Secretaría de Hacienda?

Este apunte queda sin conclusión hasta ver el desarrollo de los acontecimientos, los cuales tendrán de testigos a la historia. Pero, que quede claro: Además de las palabras, hay que tener coherencia en los hechos. De lo contrario, estaremos en más de lo mismo.