Apuntes de Orlando Jorge Mera

Durante el día de hoy,  la Suprema Corte de Estados Unidos divulgará la decisión que va a tener mayor impacto en el presente y el futuro de la administración del presidente Barack Obama, y quizás, en su eventual o no reelección en noviembre:   La constitucionalidad de su ley de seguro médico, The Affordable Care Act of 2010.

El tema sobre el que va a fallar la Suprema es sobre el posible derecho del estado de obligar a los ciudadanos a “comprar” un seguro médico a empresas aseguradoras privadas, conforme establece el “Affordable Care Act of 2010”. En este sentido, el foco del litigio radica en la «cobertura mínima esencial» que establece la sección. 1501 de esta ley –conocida bajo el nombre de «mandato individual»- la cual requiere que  todos los residentes legales de los Estados Unidos obtengan una cobertura mínima de seguro de salud con carácter obligatorio a partir de 2014, o se arriesguen a pagar una multa.

Los que cuestionan “Affordable Care Act of 2010” sostienen que el  carácter de obligatoriedad de la adquisición del seguro es violatorio a la constitución ya que el artículo 1, Sección 8, Cláusula 3 de la Constitución limita la potestad del congreso a “reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados y con las tribus indias” y que el «mandato individual” incluido en “Affordable Care Act of 2010” va mas allá de lo que permite esta cláusula de la constitución.

El debate es interesante: Si la obligatoriedad para la adquisición del seguro se hubiese planteado como un impuesto sería incuestionable, ya que el artículo 1, Sección 8 cláusula 1 de la constitución le da el derecho al congreso para imponer impuestos. En un momento la ley habia concebido el tema de la obligatoriedad como  un impuesto, pero la administración Obama temerosa del “costo politico” de aprobar impuestos modificó su redacción.

Las opciones de la Suprema son las siguientes:

1.- Ratificar la constitucionalidad de la ley, íntegramente.

2.- Revocar lo relativo al mandato individual de todo el texto de la ley, por ser inconstitucional, y mantener el resto de la ley.

3.- Revocar el Título I de la ley, por ser inconstitucional, y mantener el resto de la ley.

4.- Revocar los Títulos I y II de la ley, por ser inconstitucional, y mantener el resto de la ley.

5.- Revolcar íntegramente la ley, por ser inconstitucional.

Con la actual composición de la Suprema Corte, muy favorable para los republicanos, es muy probable que la Suprema Corte decida la opción 2, antes descrita. De hecho, parece que la Casa Blanca se está preparando para esta opción. Sin dudas, la decisión tendrá un impacto político en la campaña. De acogerse la opción 2, para Obama, tendrá un sabor amargo, pues la ley de salud ha sido uno de sus principales logros. Obama deberá enviar un claro mensaje de que continuará trabajando por la extensión de los derechos de salud, y quizás, pueda extender estos beneficios, de manera administrativa.  Como todo en política, los republicanos, y su candidato presidencial, Mitt Romney, saborearán esta victoria. Pero, el que ríe de último, ríe mejor. La elección es en noviembre, y falta mucho por ver.

Continuaré dando seguimiento a este tema.

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Lectura recomendada:

– Esperando la decisión de la Suprema Corte sobre la ley de reforma sanitaria.

– Seis artículos de opinión que deben ser leídos, antes de la decisión de la Suprema Corte sobre la ley de reforma sanitaria.

ACTUALIZACIÓN, 6:25pm: Con votación 5-4, la Suprema Corte de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley de reforma sanitaria. El voto decisivo fue el del presidente de la Corte,  el conservador John Roberts, la gran sorpresa. Se trata de una victoria contundente para el presidente Barack Obama, quien expresó lo siguiente:

Estados Unidos de América demostró hoy que sus instituciones funcionan, y que la separación de los poderes es una realidad. Y, por encima de todo, impera la ley y su razonabilidad. Que extraordinaria lección.

Desde que en el 1997 fuese juramentada la actual Suprema Corte de Justicia, nunca antes se había celebrado el Día del Poder Judicial en medio de tantos cuestionamientos al más importante de los Poderes del Estado.

Como abogado y, en los últimos años, desde mis actuales funciones partidarias, he sido un defensor de los avances institucionales que hasta el momento ha experimentado el sistema judicial dominicana. Y en esa misma línea, continuaré trabajando para el fortalecimiento de su independencia y autonomía.

Todo indica que el ciclo que se inició en el 1997 ha llegado a su fase de agotamiento, y urge una nueva visión que contínue los logros alcanzados hasta el momento, y rectifique y corrija las debilidades diagnosticadas. La decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la Sun Land marca el antes y el después de esta etapa, sobre el cual me he referido anteriormente.

Ahora, cuando uno lee esto y esto, artículos escritos con mucha responsabilidad, no hay dudas de que todo apunta a que el deterioro de la credibilidad del Poder Judicial es una consecuencia del debilitamiento del actual sistema político. Y esto lo asumo, con un sentido autocrítico, pues no puedo obviar mi condición de político, aunque no comparta las prácticas clientelistas que han caracterizado tradicionalmente a la clase política nacional.

Tampoco pienso que nos debemos quedar en poner el dedo sobre la llaga, sino que la actual situación de cuestionamiento al sistema de partidos políticos debe servir para renovar las propias esencias y valores que integran la democracia, y que su implementación, a través de los años, han servido para construir la democracia que hoy vivimos, aún con sus imperfecciones.

Hay que sepultar la corrupción como práctica endémica en el Estado, con sus dignas excepciones. Hay que rescatar el imperio de la ley, el estado de derecho, el principio de la legalidad. Creo firmemente en que existe una nueva generación de políticos/as que participan en los partidos políticos mayoritarios que está convencida de que su rol tiene que ser distinto y diferente a como han sido el ejercicio político de otras generaciones. Hay que reivindicar la transparencia y la rendición de cuentas como normas fundamentales en el servicio público.

Por último, para fortalecer el Poder Judicial, hay que lograr su total independencia y autonomía del resto de los Poderes del Estado, particularmente del Ejecutivo. Pero, no como un enunciado, sino como un valor intrínseco de la justicia imparcial. En ese sentido, hay que respetar los escalafones y las reglas que rigen la carrera judicial. De nada serviría, ejercer la función de juez por 5, 10, 15 o 20 años, sin que se tenga la expectativa de que, algún día, por sus méritos, se pueda ocupar la posición de Presidente o Juez de la Suprema Corte de Justicia.

En medio de este clima, hay lugar al optimismo y a la esperanza, particularmente para reivindicar la política como el espacio común para la solución de nuestros graves problemas institucionales, económicos y sociales, conjuntamente con la mayoría de los ciudadanos/as.

En medio del proceso electoral norteamericano, gracias a un amigo, leí el libro «The Nine: Inside the secret world of the Supreme Court», de la autoría de Jeffrey Toobin. El libro está entre los más vendidos en Estados Unidos.

Hace como una semana atrás, lo terminé de leer, y desde entonces, quería escribir un apunte sobre el mismo, y particularmente sobre los capítulos dedicados a cómo la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó uno de las más controvertidas elecciones presidenciales de Estados Unidos, como fue la de noviembre de 2000, en las que George W. Bush se impuso a Albert Gore. Antes, de continuar, les recomiendo leer aquí este resumen del caso.

Lo primero, es que el libro de Toobin debe ser una lectura obligada para los/as interesados/as en conocer el sistema judicial americano, pues ofrece un retrato, muy acabado de la cultura jurídica de ese país, y del poder e influencia de la Suprema Corte de Justicia. Muy pocos países tienen un tribunal, como la Suprema Corte de Justicia, que decide sobre tantos aspectos que afectan directamente los derechos de los ciudadanos.

Bush v. Gore confirmó esta regla. Pero, algo más grave, al decir de Toobin, representó uno de los períodos más oscuros de la Presidencia de William H. Rehnquist, al frente del más alto tribunal de Estados Unidos. Ni la fortaleza institucional que tiene el Poder Judicial escapa a las influencias políticas, como, en efecto, sucedió en este caso.

La presencia de las fuerzas conservadoras y liberales en el alto tribunal ha sido siempre una de sus características. Pero, tras doce años del Partido Republicano en el poder (obviamente antes de los actuales 8 años de George W. Bush, que sumados, hacen 20), los conservadores tenían sus ojos puestos en la Suprema Corte de Justicia, y esto fue lo que permitió que George W. Bush se impusiera, con mayoría de 7-2, a Albert Gore. Toobin analiza con profundidad, como, a partir de esta mayoría conservadora, la misma administración de Bush, permitió, con sus propias actuaciones ( la Guerra contra el terrorismo, las torturas de Guantánamo, las violaciones a los derechos humanos) fuera convirtiéndose en una Suprema Corte, con una visión más liberal, como lo es actualmente.

Solo uno de los jueces, John Paul Stevens, en su voto disidente, afirmó en una frase lapidaria para la historia (que he preferido reproducirla en su idioma original en inglés, para que no pierda su esencia en la traducción):

The opinion by the majority of this Court can only lend credence to the most cynical appraisal of the work of judges throughout the land. It is confidence in the men and women who administer the judicial system that is the true backbone of the rule of law. Time will one day heal the wound to that confidence that will be inflicted by today’s decision. One thing, however, is certain. Although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year’s Presidential election, the identity of the loser is perfectly clear. It is the Nation’s confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law.

Palabras sabias y visionarias que salvaguardaron para el futuro la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Hubo que esperar ocho años, para que el pueblo americano, en una expresión cívica y democrática, enviara la señal de cambio que definitivamente deberá rencausar a Estados Unidos por mejores senderos, en medio de una situación global muy difícil.

Hoy es el día que estábamos esperando, con paciencia y firmeza.

Al igual que la mayoría de los ciudadanos que creemos en la institucionalidad y en la democracia, estaré atento a la decisión que dicte la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Foro Social Alternativo y el Partido Revolucionario en contra del préstamo ejecutado por el Presidente Leonel Fernández por el monto de US$130 millones a favor de la empresa Sun Land Corporation, sin la aprobación del Congreso Nacional.

Hoy quedará reafirmada si la separación de poderes que está consagrada en nuestra Constitución de la República es simple pedazo de papel, o es un principio fundamental de nuestro sistema constitucional.

Es también una oportunidad para que el Poder Judicial dicte un precedente que evite que un Presidente de la República, independientemente del partido político al que pertenezca, vuelva a comprometer los fondos públicos, sin cumplir con los mecanismos constitucionales vigentes.

Les anticipo algo: Al margen de lo que decida la Suprema Corte de Justicia, el PRD no descansará hasta que la verdad de este caso resplandezca totalmente. Hoy puede ser el inicio de una nueva jornada, con esperanza y optimismo, por el fortalecimiento institucional de nuestro país.

(Colofón: Una nota procedimental sobre el caso Sun Land: Hoy es muy probable que no se conozca públicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues, según algunos reportes de prensa, hoy se coloca el caso en su agenda. Aún así, estas reflexiones de hoy adquieren mayor validez).

Luis Henry Molina lo ha descrito genialmente: la reforma constitucional de la justicia dominicana es “Aliens, el octavo pasajero”, aquella película de ciencia ficción que describe un ser extraterreste que se incuba en el cuerpo humano, destrozando toda la especie humana, en este caso, al Poder Judicial.

Es justamente lo que persigue el presidente Leonel Fernández con su propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial. Al crear dos organismos autónomos e independientes, como el Tribunal Superior Administrativo y la Sala Consittucional, se desmiembra y debilita totalmente la unidad de jurisdicción que representa la Suprema Corte de Justicia.

Lo lamentable es que la Comisión de Juristas que trabajó en la reforma consitucional permitiera que el presidente Fernández introdujera estas modificaciones. Y lo lamentable tambien es que algunos voceros del PLD pretendan minimizar la situacion señalando que el Poder Judicial solo se ha quejado de que los organismos sugeridos son autónomos.

No, no es asi. Esta reforma constitucional del presidente Fernández no se puede ver tan simple. Es que, en el fondo, refleja una concepción del Estado que es totalmente diferente al Estado al cual todos/as aspiramos. Es una concepción en la que el Presidente de la Republica es quien esta por encima del resto de los Poderes del Estado. Es una concepción que reduce los Poderes Legislativo y Judicial.

Concluyendo con “Aliens”, este es el momento para que salgan las/los Ripley a combatir y evitar esta reforma que destrozaria lo que hemos logrado, y que definitivamente podemos mejorar, en el Poder Judicial.