Apuntes de Orlando Jorge Mera

Escuché recientemente a uno de los integrantes de la Comisión de Juristas para la Reforma de la Constitución señalar que lo que se consultó a los participantes en la Consulta Popular fue si se incluía o no la Asamblea Nacional Constituyente dentro del texto de reforma a la Constitución. Afirmación que me motivó a releer el Cuestionario Oficial de 77 preguntas que contenía la Consula Popular.

El referido Cuestionario, en su nota al pie, expresa textualmente “Documento aprobado por la Comisión para la Reforma de la Constitución”. Oportuno es recordar el contenido de las preguntas 75, 76 y 77:

“75. ¿Considera usted que el mecanismo de reforma debe permanecer sin modificación, tal como figura en la actual Constitución?»

“76. ¿Cree usted que la próxima Reforma Constitucional debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente?»

“77. ¿Deben establecerse límites a la reforma constitucional como existen en el actual texto constitucional?»

Por si el participante en la Consulta Popular tenía dudas sobre el alcance de estas preguntas, el preámbulo que le antecedía era y es sumamente edificante, respecto a lo que la Comisión de Juristas quería recabar de esta Consulta:

“La técnica constitucional contemporánea distingue las modificaciones constitucionales atendiendo a los siguientes criterios:

i) Enmiendas, cuando se agregan cambios que no afectan la estructura de la Constitución;

ii) Reformas parciales, cuando se propone una revisión parcial, que tampoco afecte su estructura o los principios fundamentales;

iii) Reformas totales o nueva Constitución, cuando la propuesta tenga un alcance tan amplio que afecte su estructura, criterio y principios. Mientras más sustancial o total es la modificación constitucional, mayor debe ser la participación popular pues se requiere una mayor legitimidad”.

Los resultados de la Consulta Popular fueron evidentes: 68% de los Consultados recomendaron que la próxima reforma constitucional (es decir, ésta) se realice a través de una Asamblea Constituyente, lo cual fue totalmente obviado por el presidente Leonel Fernández en el texto de reforma propuesto al Congreso Nacional. Más grave aún, la palabra “Constituyente” no aparece en ninguna parte del texto.

Sin embargo, en la pregunta 77, se reconoce, por parte de la Comisión de Juristas, que la actual Constitución establece “límites a la reforma constitucional”, un reconocimiento implícito de que la Asamblea Revisora solo puede hacer enmiendas o modificaciones parciales a la Constitución, no crear una nueva Constitución, lo cual solo debe ser competencia del poder soberano que reside en el pueblo dominicano expresado a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

Anoche asistí al Foro Participativo por la Constituyente que se celebró en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un evento muy significativo, dada la calidad y la diversidad de los presentes.

Como Secretario General del PRD, estuve presente, apoyando esta iniciativa, toda vez que el PRD tenía una deuda moral con la mayoría de estos sectores que suscribieron, junto con el PRD, PLD y PRSC, el “pacto por la reforma constitucional del 2001”, que consagró la Constituyente, y que, sin embargo, la reforma coyuntural de la Constitución en el 2002, obvió este pacto. Hoy, con la posición asumida por el PRD sobre la Constituyente el PRD se ha reencontrado con sus principios y sus valores democráticos, y obviamente, con una franja importante de la sociedad dominicana.

Como todo ciudadano consciente de lo que está en juego en el actual debate sobre la reforma constitucional, suscribí la solicitud “Por una reforma constitucional, vía la Constituyente”, que fue circulada entre los asistentes.

El PLD, por su parte, y particularmente el presidente Leonel Fernandez, obviando todas las promesas de campaña y los resultados de la Consulta Popular, continuarán su estrategia de que la nueva Constitución sea aprobada por la Asamblea Nacional Revisora, es decir, por el actual Congreso Nacional. La figura de la “Constituyente” no aparece en el texto propuesto, siquiera. Frente a esto, lo único que le puedo sugerir al PLD es que se mire en el espejo del PRD, del año 2002, y lo que ha significado para nuestra organización, haber actuado a espaldas de los deseos mayoritarios de los ciudadanos.

Afortunadamente, gracias a la actitud de rectificación, firme y transparente, del PRD, representamos el 40% del electorado nacional, en crecimiento constante. Nuestra posición es de principio y será conocida en todos los foros y debates que surjan sobre este tema de nodal importancia para el presente y el futuro de la democracia dominicana.

(Por considerarlo de interés, adelanto el artículo que saldrá publicado mañana sábado en El Nacional)

En el libro “The Nine, inside the Secret World of the Supreme Court/Los Nueve, dentro del Mundo Secreto de la Suprema Corte” (Anchor Books, 2008), que está en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos, su autor, el jurista y comunicador, Jeffrey Toobin, cita una frase de uno de los jueces mas liberales que ha tenido la Suprema Corte norteamericana, William Brennan, cuando en 1985, expresó: “El genio de la Constitución no recae en el significado estático que podría haber tenido en un mundo que está muerto y pasado, sino en la capacidad de adaptación de sus grandes principios para hacer frente a los problemas actuales y las necesidades actuales.

Esta frase es muy oportuna ante el debate nacional que está aconteciendo en el país, a propósito de las discusiones del proyecto de nueva Constitución sometido por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional. En este debate, se está produciendo una interesante coincidencia entre los sectores más conservadores que pactaron su apoyo al presidente Fernández para imponer su reelección, con exponentes importantes del pensamiento jurídico liberal de nuestro país, que, antes eran defensores fervientes de la Constituyente como mecanismo idóneo para reformar la Constitución, y que hoy, en un cambio total de opinión, defienden la Asamblea Revisora para conocer y aprobar el proyecto sometido por el Presidente de la Republica.

En artículos anteriores, concluí en que el proyecto de reforma sometido por el Presidente Fernández produce una “quiebra constitucional” de todo el sistema constitucional dominicano, colocando al Presidente de la Republica por encima del resto de los Poderes del Estado, eliminando facultades consagradas al Congreso Nacional, y desmembrando las atribuciones del Poder Judicial, que es victima de un “homicidio constitucional”, al insertarse dos organismos jurisdiccionales, como la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, fuera del ámbito jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, lo cual no puede ser aceptado.

Mientras que en las experiencias anteriores de reforma constitucional, estas se han limitado a introducir modificaciones especificas de la Constitución, al margen de que hubiesen sido buenas o malas, lo que el presidente Fernández esta pretendiendo es crear una nueva Constitución, a través de esta “quiebra constitucional”. Pero, dado que actualmente ocupo la Secretaria General del PRD, a fin de evitar que contamine políticamente esta explicación, reproduciré lo que ha dicho en el pasado muy reciente, uno de los más acabados exponentes del derecho constitucional dominicano:

“La actividad del poder reforma termina allí donde la actividad de revisión constitucional conlleve la destrucción de la Constitución que solo puede ser obra del poder constituyente” (Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. I. Editora Judicial, Pág. 99).

Obviamente que el proyecto del presidente Fernández esta destruyendo totalmente la Constitución actual, creando una nueva Constitución. Esto solo puede ser hecho por la Asamblea Constituyente. Si lo hace la Asamblea Revisora sería violar el poder limitado que le ha delegado la actual Constitución de la Republica.

(Esta es la segunda y última parte del artículo que publico hoy en El Nacional)

Definitivamente, el Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana eliminaron “la Constituyente” de la reforma constitucional presentada al Congreso Nacional, obviando los resultados de la Consulta Popular, y aún más grave, las recomendaciones hechas en abril de 2007 por la Comisión de Juristas designados por el propio Presidente Fernández.

En el proyecto depositado al Congreso Nacional, se eliminó completamente la propuesta de Capítulo III titulada “De la Asamblea Constituyente”, dentro del Título XIII sobre “Disposiciones General y Transitorias”. Asumo que, en las decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se acordó esta eliminación, pues no se ha producido, hasta el momento en que escribo estas líneas, un desmentido por parte del partido oficial, y por vía de consecuencia, preveo que esta será su posición en las discusiones de la Asamblea Revisora.

Lo lamentable de esta eliminación de “la Constituyente” del proyecto de reforma es que justamente estamos en presencia, como dije en mi entrega anterior, no de una reforma parcial, sino de una reforma íntegra de la Constitución, que, usando la expresión de los juristas españoles contratados por la Comisión Ejecutiva de la Reforma Constitucional, representa una “quiebra constitucional”, es decir una ruptura del ordenamiento jurídico e institucional existente hasta la fecha.

Por si alguien tiene alguna duda de lo anterior, basta con observar que el gran ganador de toda esta reforma sería el Presidente de la República, quien, si antes tenía el poderoso artículo 55, ahora se convertiría en “Amo y Señor” por encima de los “Poderes formales del Estado” establecidos en la misma. No solamente seguirá siendo Jefe de la Administración Pública, sino que podrá crear los Ministerios sin Cartera y Vice Ministerios, por decreto, sin restricciones ni limitaciones; y fijar todo lo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos.

La propuesta debilita igualmente las funciones del Poder Legislativo, especialmente en lo relativo al contrapeso que debe ejercer. No existe una sola propuesta que obligue rendición de cuentas claras, rutinarias y transparentes del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Incluso, se plantea eliminar el examen de las cuentas anuales por parte del Congreso. Y para agravar más las cosas, todavía el Poder Ejecutivo estaría por encima de la Cámara de Cuentas, puesto que su nombramiento dependería de las ternas que el Presidente de la República someta al Congreso. Ya sobre esto, hemos visto las experiencias recientes.

Asimismo, la propuesta del Presidente Fernández debilita y desmiembra al Poder Judicial, que con sus altas y sus bajas, ha sido el Poder del Estado que mejor desempeño ha tenido desde el año 1997. Utilizando la expresión del destacado jurista dominicano, Olivo Rodríguez Huertas, el Poder Judicial fue víctima de una “cirugía mayor”. En ese sentido, apoyo la “segunda ola de reformas” propuesta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el 7 de enero de 2007.

Sin embargo, ese debilitamiento del Poder Judicial, que pretende el presidente Fernández, deja intacto al Ministerio Público, que, según la propuesta, sigue estando bajo la sombrilla del Presidente de la República, a pesar de la existencia de la Ley que crea el Estatuto del Ministerio Público y del excelente trabajo que realiza la Escuela del Ministerio Público, en contra de los vientos y de las mareas.

Al crear estas distorsiones y debilidades institucionales, erigiéndose como un Leviatán, es que queda claro el interés oficial de no solo impedir que la actual reforma constitucional sea discutida a través de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de su completa eliminación en el texto propuesto para futuras revisiones constitucionales, lo cual no comparto, al igual que amplios sectores de la vida nacional.

La propuesta del Partido Revolucionario Dominicano para que la reforma constitucional presentada por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional que, en el fondo, es una nueva Constitución, sea conocida y aprobada por una Constituyente, ha ganado terreno en amplios sectores de la vida nacional.

Ayer, seis universidades y cuatro entidades de la sociedad civil apoyan la propuesta de la Constituyente. Es un paso importante que saludo y que indudablemente fortalece la visión de la mayoría del pueblo dominicano, en lineamiento con los resultados de la Consulta Popular, a favor de la Constituyente. Hay que apoyar totalmente esta iniciativa.

Este paso tiene que ser valorado por el PRD. Hacia mucho tiempo que entidades académicas y de la sociedad civil, de la trascendencia de las signatarias de este apoyo, que públicamente no respaldaban una propuesta de nuestro partido. Es el inicio del reencuentro del PRD con los suscribientes del pacto sobre la reforma constitucional del 2001.

Es una reivindicación de nuestra posición de principio, al margen de que estamos en presencia de un partido oficial que tiene sus propósitos de imponer unilateralmente una Constitución hecha a su medida, lo que lamentablemente reconfirma que el liderazgo actual que representa una generación que está por delante de la nuestra, no ha entendido el momento histórico que estamos viviendo. Se impondrá nuevamente las soluciones coyunturales, no las que sean el resultado del juicio razonable y de la visión que se debe tener a largo plazo.

Por otra parte, el semanario Clave recoge unas declaraciones mías a la periodista Kaelis Batista en la que anuncié los planes de acción que tiene el PRD respecto a la divulgación y promoción de nuestra posición sobre la Constituyente y la reforma constitucional, así como el calendario de actividades que desarrollaremos. Iniciaremos el próximo miércoles 15 de octubre con el Taller al Bloque Parlamentario en el que participarán destacados juristas y expertos del derecho constitucional de nuestra organización.

Todo lo anterior, y así se lo dije a Clave, “sin distraernos de los temas cruciales de la actual crisis económica del país”.

(Comparto mi articulo publicado en El Nacional)

Desde la ruptura del orden constitucional en el 1963, que sepultó la Constitución de 1963, no hemos vuelto a tener una Constitución que sea el resultado de la participación de todos los sectores de la vida nacional. Aun cuando en noviembre de 1966, se adoptó una nueva Constitución, la misma no fue la expresión soberana de las fuerzas sociales y políticas. Luego, a esta Constitución, se le introdujeron las reformas de 1994 y de 2002. En otras palabras, la actual Constitución tiene su raíz en el 1966, con las enmiendas producidas en momentos coyunturales de la vida nacional.

Las referidas enmiendas fueron aprobadas por el Congreso Nacional, reunido como Asamblea Revisora, en virtud de las disposiciones de los artículos 116, 117 y 118 de la Constitución de la Republica. Sin embargo, el proyecto presentado por el Presidente Leonel Fernandez no se trata de enmiendas o modificaciones parciales a la Constitución. Se trata de una nueva Constitución. Cabe preguntarse, entonces, si la Asamblea Revisora tiene facultad para aprobar una nueva Constitución, cuando el Articulo 118 de la Constitución es muy claro al afirmar que la misma se reunirá para “resolver acerca de las reformas propuestas”.

El tema es de suma trascendencia. Incluso, invito a leer en la Consulta Popular, la Consultoría de los Juristas Españoles, coordinados por Pedro Gonzalez Trevijano y Enrique Arnaldo, particularmente el “Titulo XIII: Reformas Constitucionales”. Es obvio que, ante esta disyuntiva, la tendencia a nivel mundial, ha sido que las reformas que producen lo que, estos juristas españoles denominan, “la quiebra constitucional”, como es la que pretende el presidente Fernandez, sea conocidas y decididas por Asambleas Constituyentes, que confieran la legitimidad de las nuevas estructuras y poderes constitucionales, y las “revisiones constitucionales”, que consisten en enmiendas y modificaciones parciales a la Constitución, que efectivamente pueden ser conocidas por la Asamblea Revisora.

Algunos sectores que, antes de que el presidente Fernandez depositara el proyecto de reforma constitucional, respaldaban públicamente la Constituyente como mecanismo idóneo para modificar íntegramente la Constitución, hoy, en un viraje inexplicable de 360 grados, han variado su posición a favor de la Asamblea Revisora. Argumentan estos sectores que, la realización de la Consulta Popular (auspiciada por el gobierno), subsana la ausencia de la Asamblea Constituyente, por haberse hecho (la Consulta Popular), con la participación de las fuerzas sociales del país. Para fines de este articulo, aceptare este argumento, aunque no lo comparto.

Resulta que, ha quedado demostrado, que los resultados de la Consulta Popular no fueron vinculantes al proyecto presentado por el Presidente Fernandez. Una simple comparación entre ambos textos, arroja que el Presidente Fernandez se olvidó por completo de la Consulta Popular, tal como es el caso de la Constituyente, la cual, un 62% de los consultados la favoreció.

(En vista de que el proyecto de reforma constitucional fue depositado ayer en el Congreso Nacional, adelanto mi artículo que saldrá publicado mañana en El Nacional)

Depositado en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de constitucional, elaborado por la Comisión de Juristas designada por el presidente Leonel Fernández, se inicia el camino hacia la reforma número 38 de la Constitución de la República. Lo primero es que nadie puede negar que la República Dominicana necesita una nueva Constitución Política del Estado, que ajuste y adecue toda nuestra “ingeniería constitucional” – utilizando la expresión de Giovanni Sartori – a la luz de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad en todos los ámbitos.

Lo segundo es que las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional no pueden abstraerse de este debate que impactará en el presente y en el futuro de nuestro país. Ahora, cabe preguntarse ¿cómo hacerlo? La Constitución de la República, hecha a la medida del ejercicio conservador y caudillista del presidente Joaquín Balaguer, estableció un mecanismo de reforma constitucional muy fácil y simple, previsto en el artículo 118 de la Carta Magna. Citando al jurista Julio Brea Franco, en nuestro país, es más fácil reformar la Constitución, que modificar el régimen monetario y financiero.

Según el artículo 118, una vez integrada válidamente la Asamblea Nacional, en atribuciones de Asamblea Revisora, “las decisiones se tomarán en este caso por la mayoría de las dos terceras partes de los votos”. Nótese que la Constitución no se refiere a dos terceras partes de los presentes ni a dos terceras partes de la matrícula, mayorías que son exigidas para otros asuntos de índole constitucional, como es el caso de la moneda y la banca del país.

De ahí es que, el PLD, por sí solo, puede imponer la reforma constitucional, a través de su mayoría en el Congreso Nacional. Ahora bien, ¿es esto lo que le conviene al país? ¿Debemos seguir el ejemplo de otras experiencias pasadas, incluyendo actuaciones del PRD que no estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿Continuará la clase política colocando sus intereses personales por encima de los intereses nacionales?

Fruto de esta realidad, y después del correspondiente ejercicio autocrítico, el PRD quiere una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente, que fue lo pactado en el 2001. En esta ocasión, nuestra propuesta plantea una Asamblea Constituyente que esté compuesta por 50% de sus miembros que representen a los partidos políticos, y 50% de sus miembros que representen a las organizaciones de la sociedad. Estos miembros serían a título honorífico, lo que no representaría ningún gasto para el Estado.

Llevaremos al Congreso Nacional el anteproyecto de ley que convoque a la Asamblea Nacional para enmendar el mecanismo de reforma de la Constitución. También lo compartiremos con todos las organizaciones de la sociedad a fin de lograr el más amplio consenso en la celebración de la Constituyente.

Este reencuentro del PRD con sus principios y valores también conlleva el rechazo total a la reelección presidencial y a la eliminación de la parte final del artículo 49 de la Constitución. Seis años después del 2002, llegó el momento de rectificar públicamente nuestros errores del pasado, y asumir con dignidad y vergüenza, la reivindicación de los valores democráticos expresados en el respeto a la mayoría del pueblo dominicano que quiere alternabilidad y compromiso en la solución de los graves problemas nacionales.