Apuntes de Orlando Jorge Mera

A propósito de la valiente denuncia de la comunicadora Nuria Piera sobre la escándalosa nómina, los niveles de gastos e irregularidades que hace la actual administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), comparto el contenido del AM de hoy. Solo que quisiera agregar, para el récord, que el 27 de abril de 2009 escribí este apunte. Como político, me apena ver cómo políticos de distintos partidos, incluyendo al cual pertenezco, instituciones religiosas, fundaciones, periodistas y productores de medios de comunicación, figuran en estas nóminas, a costa del bolsillo de los dominicanos. Cada quien debe y deberá asumir la responsabilidad de sus propios actos. Pero, es como sucede con esta viñeta de Forges, algunos quisieran que todos los políticos sean iguales, cuando en realidad no es así.

Con tantos compromisos políticos, como consecuencia de la reelección presidencial del año pasado, a nadie debe sorprender que, en este gobierno que dice una cosa y hace otra, la nómina del gobierno central supera los RD$5,000 millones, para una cantidad de 551,215 empleados públicos.

Estos datos se desprenden, según consta en la noticia antes mencionada, del análisis de las nóminas de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Estado de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado de Agricultura, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Secretaría de Estado de Turismo, la Secretaría de Estado de La Mujer, la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado de la Juventud, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Educación Superior, la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Secretaría de Estado de Administración Pública, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Estado de Deportes y la Secretaría de Estado de Hacienda.

Solo en un párrafo de la mencionada noticia, se menciona que, adicionalmente a los RD$5,000 millones de la nómina central, «las instituciones descentralizadas se llevan RD$2,000 millones en nómina», y cita, entre las instituciones descentralizadas, al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (8,768 empleados), Banco de Reservas (6,958 empleados), Lotería Nacional (2,708 empleados), el Instituto Agrario Dominicano (3,192 empleados), Inespre (1,924 empleados) y el Instituto de Aviación Civil (1,727 empleados). Datos actualizados a diciembre de 2008, indica la noticia.

Pero, ¿qué resulta? Que estas no son todas las instituciones descentralizadas ni autónomas. Ahí falta la Refinería Dominicana de Petróleo, el Banco Central de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, las Empresas Generadoras de Electricidad, Edenorte, Edesur, EdeEste, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos, el Banco Nacional de la Vivienda, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Oficina Metropolitana de Transporte, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, entre otros.

Sin contar todas las instituciones descentralizadas y autónomas, que deben estar sometidas al rigor de la transparencia administrativa, la nómina (sumando la pública y la descentralizada) está por los RD$7,000 millones de pesos mensuales, dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos. Que quede claro, aquí solo estoy haciendo referencia a la nómina, sin incluir asesorías, contrataciones de servicios y otros esquemas contables financieros que encubren nombramientos y designaciones.

Y, cómo si esto fuera poco, aquí no están incluidas las nóminas del Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Urge consolidar la nómina del Estado, incluyendo la de las instituciones descentralizadas y autónomas, para que hagamos conciencia de la carga pesada que significa este gigante que es el gobierno dominicano, y las medidas y decisiones fuertes que hay que tomar para reducirlo.

A propósito de esto y de esto, comparto con ustedes esta frase de Carlos Peña, reconocido intelectual chileno, reproducida de su artículo titulado Un baño de realidad:

«La política es la actividad humana en la que, con mayor frecuencia, los deseos arriesgan confundirse con la realidad; lo que es deseable con lo que es posible; lo que debe ser con lo que simplemente es; lo que uno quiere con lo que hay».

Es la realpolitik, aunque revele también la insorpotable levedad del ser.

Para que lo dicho ayer por el presidente Leonel Fernández se convierta en una realidad, lo primero que tiene que hacer es predicar con el mismo ejemplo de sus palabras. He aquí una parte de lo expresado por el presidente:

«A la administración pública dominicana lo que le hace falta es la creación de un sistema organizado, uniforme, homogéneo, con disciplina. Hasta que no logremos eso el país no va a dar el salto que necesitamos que dé, pero eso se aprende, se practica y se ejecuta.»

En otras palabras, necesitamos instituciones fuertes, que apliquen la ley, al margen de los intereses que se crean en torno a determinadas obras y concesiones. Cuando el presidente Fernández anunció la Segunda Línea del Metro, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con esta obra (sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la crisis global y local, y las prioridades del país), se suponía que se convocaría a una licitación pública para fines de las concesiones que debe otorgar el Estado para la ejecución de la referida obra, todo de acuerdo con la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Hago notar que esta ley no solo regula las compras, sino las contrataciones de servicios, obras y concesiones.

¿Por qué el gobierno no ha convocado todavía estas licitaciones públicas? ¿A cuánto asciende el monto total de estas concesiones? ¿Existe voluntad política en el gobierno de convocar a estas licitaciones públicas? ¿Cuándo se convocará estas licitaciones públicas? ¿Qué opinan los abogados del gobierno sobre esto? ¿Qué opina la Secretaría de Hacienda?

Este apunte queda sin conclusión hasta ver el desarrollo de los acontecimientos, los cuales tendrán de testigos a la historia. Pero, que quede claro: Además de las palabras, hay que tener coherencia en los hechos. De lo contrario, estaremos en más de lo mismo.

Hace unos días me referí a esto. Que no se vaya nadie a confundir, aún en el medio del bombardeo mediático sobre la crisis económica, o de la reforma constitucional, o del actual conflicto con Haití, o de que se va o no se va al FMI, o de la siempre crisis en la energía eléctrica, o de la competencia interna en los partidos políticos, o con algunas distracciones públicas de las que nos tiene acostumbrado el gobierno, sobre esto, no se puede ser indiferente: PLD involucrado en 102 expedientes de corrupción.

Estos son los casos públicos, o mejor dicho los que se filtran en los medios con motivo de la lucha de intereses políticos y económicos que existe en el gobierno, pero ahí no están las concesiones, los contratos, los préstamos (como el de la Sun Land) que son los que han producido los cambios en los patrones de conducta de la mayoría de los funcionarios públicos. Con paciencia y firmeza, y sobre todo con dignidad, la verdad saldrá como los rayos del sol.

Es un principio consagrado universalmente que todo aquel que para su provecho personal sustraiga fondos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro del gobierno, obtenga beneficios económicos, debe ser sancionado. Este principio existe en la mayoría de las legislaciones, incluyendo en la nuestra, donde tiene carácter constitucional. De nada valdría su existencia, si no existiera la voluntad para aplicarlo.

Veamos un claro ejemplo de aplicación efectiva. Ayer, la Casa Blanca divulgó la información de que había aceptado la renuncia del Director de la Oficina Militar de la Casa Blanca luego de haber autorizado un vuelo a baja altura de Air Force One sobre la ciudad de New York para tomar unas fotos del mismo. El pasado 27 de abril, el Director de la Oficina Militar de la Casa Blanca, que sirve de enlace entre el Presidente y el Pentágono (y obviamente todas las agencias gubernamentales vinculadas a los vuelos aéreos del presidente), autorizó un vuelo de Air Force One (sin que estuviera viajando el Presidente), a baja altura sobre New York, causando pánico en la ciudad, solo para que se tomarán algunas fotos que luego serían comercializadas. Enterado inmediatamente el presidente Obama de esta situación, ordenó una investigación, la cual fue divulgada ayer, culminando con la renuncia «forzada» del funcionario correspondiente. Este vuelo le costó al gobierno americano la suma de US$328,835.00.

Adicionalmente, la Casa Blanca divulgó la foto de Air Force One sobre la Estatua de la Libertad (cuya foto comparto con ustedes), con lo cual evita que la misma fuese objeto de comercialización. Esto es lo que se llama tener voluntad política, y rápidamente distanciarse de lo mal hecho, y actuar con transparencia.

Lo mismo no puede decirse que ha pasado aquí. El escándalo destapado por la destacada comunicadora Nuria Piera sobre la corrupción en la Oficina Técnica de Transporte, que depende de la Presidencia de la República, no recibió la misma respuesta transparente por parte del gobierno. Solo se destituyó, pero no se ha iniciado ninguna investigación judicial. Igual ha sucedido con el Programa de Reducción de Apagones, cuyo escándalo de corrupción ahora pretende minimizarse. Estos casos son los que han sido objeto de reciente divulgación pública, por no mencionar la Sun Land ni las nominillas del Partido de la Liberación Dominicana y otras concesiones cuestionables.

Ante la corrupción, la cuestión es la voluntad política para enfrentarla y combatirla. Con transparencia y rectitud.

Vía Lourdes Muñoz, me entero del debate suscitado en España con motivo de la publicación en la portada de El País, la cual comparto con ustedes, en la que se muestran las imágenes de la princesa Letizia y Carla Bruni, primera dama de Francia, subiendo las escalinatas del palacio de la Zarzuela. En este artículo de Milagros Peña Oliva, titulado Carla Bruni, la princesa Letizia y la fiebre rosa, publicado en El País, pueden leer las distintas reacciones generadas por esta foto. En el fondo, la articulista se cuestiona ¿si se está contaminando de amarillismo la prensa seria?

Recientemente, en otro país, como Estados Unidos de América, también se desató un debate público en ocasión de la publicación en la portada (la cual publico, también) de la revista Washingtonian una foto del presidente Barack Obama, sin camisetas, pero que la misma (es decir, la foto) no correspondía a la que originalmente había sido tomada. El Huffington Post publicó un artículo titulado The ethics of Photoshopping a shirtless Obama. Muy interesante.

¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que no comparto las opiniones de quienes critican que el País haya colocado esa foto en portada, pues creo firmemente que la misma no contiene elementos que puedan calificarse como característicos de prensa amarilla, ni de prensa rosa. A mi juicio, primó en la decisión de colocar esta foto el hecho de que tanto la princesa Letizia como Carla Bruni, son personas que, adicionalmente la belleza y elegancia de ambas, antes de ocupar sus actuales funciones, era ciudadanas que desempeñaban actividades cotidianas como el periodismo y la canción, respectivamente, y que ahora ocupan posiciones estelares, y que, por tanto son noticia. En una sociedad democrática, ese es el costo que deben pagar quienes son las figuras públicas, claro, siempre que no se transgreda el respeto de sus personas y su honor.

Por otra parte, hay una realidad. Cada día la prensa tradicional se está vendiendo menos, como consecuencia del desarrollo de los medios on-line, y entiendo como una decisión de carácter comercial, el de colocar estas fotos, es decir, tanto la de El País como la de Washingtonian, para atraer más ventas. En éste último caso, hay obviamente un elemento adicional, y es que la foto publicada fue «maquillada», no en cuanto al presidente Obama, sino en cuanto a su entorno. ¿Hasta que punto un medio puede cambiar el contexto de una foto por el simple hecho de que la persona que está retratada en la misma es una figura política de alto reconocimiento, que todos los días es noticia? En todo caso, debe cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Los medios tradicionales están enfrentando serios desafíos ante el avance de las nuevas tecnologías. Ambas portadas son evidencia de ello. Hay una línea roja que separa la prensa amarilla de la prensa seria y honesta. Es obvio que los casos que han motivado este apunte no están ni cerca de lo que sería una contaminación de amarillismo, respetando las distintas opiniones que se puedan tener sobre este tema.

La noticia de que un juez federal de Estados Unidos de América anuló un juicio por el hecho de que varios miembros del jurado usaban twitter para informar lo que hacían en el curso del proceso judicial llamó poderosamente mi atención. Como se sabe, el sistema criminal en Estados Unidos descansa, en casos de crímenes federales, en el jurado, el cual, debe estar recluido en un lugar apartado, al margen de todo contacto con los medios de comunicación, incluyendo Internet.

Es quizás el principal desafío que tiene la justicia norteamericana. Cómo enfrentar reglas centenarias que fueron redactadas en la época en que Internet no se había siquiera ideado, y mucho menos, la telefonía móvil, y menos aún, la Web 2.0. A pesar de que a los jurados se le excluye de todo contacto con el exterior, no se había tomado la previsión de limitar o prohibir el uso de los teléfonos móviles, aunque en algunos Estados de Estados Unidos se está haciendo. Con el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, todo está en el móvil.

Incluso, se han dado caso en el que los jurados, através de sus móviles, consultan en Google, o en Wikipedia, temas especializados del cual están apoderados. Estos casos también han sido anulados por la justicia.

Creo que, más que un conflicto jurídico o legal, estamos ante un conflicto ético. ¿Debe llegar el interés de hacer notar o advertir la inmediata situación en la que se encuentra una persona através de un mensaje en Twitter (por ejemplo, «Deliberando en el jurado…») a colocarse por encima del supremo interés de conocer y tomar una decisión que probablemente impacte en el presente y en el futuro de otra persona, acusada en justicia? En algunos casos, he visto que el usuario de twitter advierte que durante algunos días estará ausente cumpliendo con determinados compromisos, y que luego de concluir estos compromisos, estará nuevamente en el microblog. Esta debería ser la conducta prudente de un jurado que tenga una cuenta en Twitter.

Muy diferente el caso a la aberrante y antidemocrática decisión de prohibir el uso de Twitter en una Asamblea de legisladores o de concejales, que es un lugar público expuesto a todos los medios de comunicación.

En definitiva, existe una delgada línea roja que manda la prudencia para asegurar el «safe tweeting», el que hacemos todos los días, frente al que determinadas normas, por ancianas que sean, nos obligan al respeto frente a los demás, como es la sagrada virtud de la justicia.