Apuntes de Orlando Jorge Mera

Anoche asistí al Foro Participativo por la Constituyente que se celebró en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un evento muy significativo, dada la calidad y la diversidad de los presentes.

Como Secretario General del PRD, estuve presente, apoyando esta iniciativa, toda vez que el PRD tenía una deuda moral con la mayoría de estos sectores que suscribieron, junto con el PRD, PLD y PRSC, el “pacto por la reforma constitucional del 2001”, que consagró la Constituyente, y que, sin embargo, la reforma coyuntural de la Constitución en el 2002, obvió este pacto. Hoy, con la posición asumida por el PRD sobre la Constituyente el PRD se ha reencontrado con sus principios y sus valores democráticos, y obviamente, con una franja importante de la sociedad dominicana.

Como todo ciudadano consciente de lo que está en juego en el actual debate sobre la reforma constitucional, suscribí la solicitud “Por una reforma constitucional, vía la Constituyente”, que fue circulada entre los asistentes.

El PLD, por su parte, y particularmente el presidente Leonel Fernandez, obviando todas las promesas de campaña y los resultados de la Consulta Popular, continuarán su estrategia de que la nueva Constitución sea aprobada por la Asamblea Nacional Revisora, es decir, por el actual Congreso Nacional. La figura de la “Constituyente” no aparece en el texto propuesto, siquiera. Frente a esto, lo único que le puedo sugerir al PLD es que se mire en el espejo del PRD, del año 2002, y lo que ha significado para nuestra organización, haber actuado a espaldas de los deseos mayoritarios de los ciudadanos.

Afortunadamente, gracias a la actitud de rectificación, firme y transparente, del PRD, representamos el 40% del electorado nacional, en crecimiento constante. Nuestra posición es de principio y será conocida en todos los foros y debates que surjan sobre este tema de nodal importancia para el presente y el futuro de la democracia dominicana.

Luis Henry Molina lo ha descrito genialmente: la reforma constitucional de la justicia dominicana es “Aliens, el octavo pasajero”, aquella película de ciencia ficción que describe un ser extraterreste que se incuba en el cuerpo humano, destrozando toda la especie humana, en este caso, al Poder Judicial.

Es justamente lo que persigue el presidente Leonel Fernández con su propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial. Al crear dos organismos autónomos e independientes, como el Tribunal Superior Administrativo y la Sala Consittucional, se desmiembra y debilita totalmente la unidad de jurisdicción que representa la Suprema Corte de Justicia.

Lo lamentable es que la Comisión de Juristas que trabajó en la reforma consitucional permitiera que el presidente Fernández introdujera estas modificaciones. Y lo lamentable tambien es que algunos voceros del PLD pretendan minimizar la situacion señalando que el Poder Judicial solo se ha quejado de que los organismos sugeridos son autónomos.

No, no es asi. Esta reforma constitucional del presidente Fernández no se puede ver tan simple. Es que, en el fondo, refleja una concepción del Estado que es totalmente diferente al Estado al cual todos/as aspiramos. Es una concepción en la que el Presidente de la Republica es quien esta por encima del resto de los Poderes del Estado. Es una concepción que reduce los Poderes Legislativo y Judicial.

Concluyendo con “Aliens”, este es el momento para que salgan las/los Ripley a combatir y evitar esta reforma que destrozaria lo que hemos logrado, y que definitivamente podemos mejorar, en el Poder Judicial.

Es el término que ha utilizado el Dr. Cristóbal Rodríguez, Consultor del PNUD, refiriéndose a los extraordinarios poderes que acumulará el Presidente de la República, en caso de aprobarse su proyecto de reforma constitucional.

En un apunte anterior, me referí al tema. El presidente Leonel Fernández pretende y aspira colocarse por encima del resto de los Poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, lo cual no puede ser aceptado.

Es importante que, desde ya, los legisladores vayan asumiendo conciencia, de que, si aprueban la reforma tal como ha sido propuesta, se achicará y se disminuirá el poder del Congreso Nacional. Igualmente, sucederá con el Poder Judicial, desmembrado en tres cabezas, sobre lo cual me referiré oportunamente.

Los ciudadanos que amamos la democracia, y que queremos un Estado eficiente, que cueste menos y que haga más, debemos oponernos a estas pretensiones presidencialistas, y, por lo tanto, debemos reclamar los necesarios contrapesos entre los Poderes del Estado.

En la República Dominicana, al igual que en el resto de las democracias representativas, la soberanía reside en el pueblo, en los ciudadanos, en la gente. El “We, the people”, que genialmente describe este poder soberano en la Constitución de Estados Unidos de América, esta consignado, con otros términos en el Articulo 2 de la Constitución dominicana:

La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quienes emanan todos los poderes del Estado, las cuales se ejercen por representación.

Si alguien tiene duda de que el anteproyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional se trata de una nueva Constitución, que quiebra el actual sistema constitucional, basta con leer la propuesta contenida en el articulo 102 sobre la definición del Presidente de la República.

Veamos:

El Artículo 55 de la Constitución de la Republica, texto actual, dispone lo siguiente:

El Presidente de la República es el Jefe de la Administración Pública y el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la Republica y de los cuerpos policiales.

El Artículo 105 propuesto por la Comisión de Juristas, como resultado de la Consulta Popular sugirió el siguiente texto:

El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente o Presidenta de la República, en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno.

Sin embargo, el Artículo 102 que finalmente llegó al Congreso Nacional, propuesto por el Presidente Fernández, dice lo siguiente:

El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente de la República, símbolo de la unidad nacional y de la permanencia del Estado.

Intrigado por este cambio, y como el gobierno contrató los servicios de Consultores Jurídicos españoles, leí la Constitución española de 1978, y me encontré con el Artículo 56 de la Constitución española de 1978, que dispone:

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes.

Hay una sola y clara diferencia entre España y República Dominicana. España es una monarquía constitucional. Nuestro país es una democracia representativa.

Una evidencia más de que la propuesta del presidente Fernández retrotraería al país a 45 años atrás, con una nueva Constitución que quebraría la estable democracia que, con altas y bajas, hemos tenido y que podemos definitivamente mejorar en este Siglo 21. Pero, lo haremos, con un Presidente de la República que rinda cuentas, y que se someta a los contrapesos de los Poderes del Estado, no que esté por encima de ellos.

(Por considerarlo de interés, adelanto el artículo que saldrá publicado mañana sábado en El Nacional)

En el libro “The Nine, inside the Secret World of the Supreme Court/Los Nueve, dentro del Mundo Secreto de la Suprema Corte” (Anchor Books, 2008), que está en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos, su autor, el jurista y comunicador, Jeffrey Toobin, cita una frase de uno de los jueces mas liberales que ha tenido la Suprema Corte norteamericana, William Brennan, cuando en 1985, expresó: “El genio de la Constitución no recae en el significado estático que podría haber tenido en un mundo que está muerto y pasado, sino en la capacidad de adaptación de sus grandes principios para hacer frente a los problemas actuales y las necesidades actuales.

Esta frase es muy oportuna ante el debate nacional que está aconteciendo en el país, a propósito de las discusiones del proyecto de nueva Constitución sometido por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional. En este debate, se está produciendo una interesante coincidencia entre los sectores más conservadores que pactaron su apoyo al presidente Fernández para imponer su reelección, con exponentes importantes del pensamiento jurídico liberal de nuestro país, que, antes eran defensores fervientes de la Constituyente como mecanismo idóneo para reformar la Constitución, y que hoy, en un cambio total de opinión, defienden la Asamblea Revisora para conocer y aprobar el proyecto sometido por el Presidente de la Republica.

En artículos anteriores, concluí en que el proyecto de reforma sometido por el Presidente Fernández produce una “quiebra constitucional” de todo el sistema constitucional dominicano, colocando al Presidente de la Republica por encima del resto de los Poderes del Estado, eliminando facultades consagradas al Congreso Nacional, y desmembrando las atribuciones del Poder Judicial, que es victima de un “homicidio constitucional”, al insertarse dos organismos jurisdiccionales, como la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, fuera del ámbito jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, lo cual no puede ser aceptado.

Mientras que en las experiencias anteriores de reforma constitucional, estas se han limitado a introducir modificaciones especificas de la Constitución, al margen de que hubiesen sido buenas o malas, lo que el presidente Fernández esta pretendiendo es crear una nueva Constitución, a través de esta “quiebra constitucional”. Pero, dado que actualmente ocupo la Secretaria General del PRD, a fin de evitar que contamine políticamente esta explicación, reproduciré lo que ha dicho en el pasado muy reciente, uno de los más acabados exponentes del derecho constitucional dominicano:

“La actividad del poder reforma termina allí donde la actividad de revisión constitucional conlleve la destrucción de la Constitución que solo puede ser obra del poder constituyente” (Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. I. Editora Judicial, Pág. 99).

Obviamente que el proyecto del presidente Fernández esta destruyendo totalmente la Constitución actual, creando una nueva Constitución. Esto solo puede ser hecho por la Asamblea Constituyente. Si lo hace la Asamblea Revisora sería violar el poder limitado que le ha delegado la actual Constitución de la Republica.

(Esta es la segunda y última parte del artículo que publico hoy en El Nacional)

Definitivamente, el Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana eliminaron “la Constituyente” de la reforma constitucional presentada al Congreso Nacional, obviando los resultados de la Consulta Popular, y aún más grave, las recomendaciones hechas en abril de 2007 por la Comisión de Juristas designados por el propio Presidente Fernández.

En el proyecto depositado al Congreso Nacional, se eliminó completamente la propuesta de Capítulo III titulada “De la Asamblea Constituyente”, dentro del Título XIII sobre “Disposiciones General y Transitorias”. Asumo que, en las decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se acordó esta eliminación, pues no se ha producido, hasta el momento en que escribo estas líneas, un desmentido por parte del partido oficial, y por vía de consecuencia, preveo que esta será su posición en las discusiones de la Asamblea Revisora.

Lo lamentable de esta eliminación de “la Constituyente” del proyecto de reforma es que justamente estamos en presencia, como dije en mi entrega anterior, no de una reforma parcial, sino de una reforma íntegra de la Constitución, que, usando la expresión de los juristas españoles contratados por la Comisión Ejecutiva de la Reforma Constitucional, representa una “quiebra constitucional”, es decir una ruptura del ordenamiento jurídico e institucional existente hasta la fecha.

Por si alguien tiene alguna duda de lo anterior, basta con observar que el gran ganador de toda esta reforma sería el Presidente de la República, quien, si antes tenía el poderoso artículo 55, ahora se convertiría en “Amo y Señor” por encima de los “Poderes formales del Estado” establecidos en la misma. No solamente seguirá siendo Jefe de la Administración Pública, sino que podrá crear los Ministerios sin Cartera y Vice Ministerios, por decreto, sin restricciones ni limitaciones; y fijar todo lo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos.

La propuesta debilita igualmente las funciones del Poder Legislativo, especialmente en lo relativo al contrapeso que debe ejercer. No existe una sola propuesta que obligue rendición de cuentas claras, rutinarias y transparentes del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Incluso, se plantea eliminar el examen de las cuentas anuales por parte del Congreso. Y para agravar más las cosas, todavía el Poder Ejecutivo estaría por encima de la Cámara de Cuentas, puesto que su nombramiento dependería de las ternas que el Presidente de la República someta al Congreso. Ya sobre esto, hemos visto las experiencias recientes.

Asimismo, la propuesta del Presidente Fernández debilita y desmiembra al Poder Judicial, que con sus altas y sus bajas, ha sido el Poder del Estado que mejor desempeño ha tenido desde el año 1997. Utilizando la expresión del destacado jurista dominicano, Olivo Rodríguez Huertas, el Poder Judicial fue víctima de una “cirugía mayor”. En ese sentido, apoyo la “segunda ola de reformas” propuesta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el 7 de enero de 2007.

Sin embargo, ese debilitamiento del Poder Judicial, que pretende el presidente Fernández, deja intacto al Ministerio Público, que, según la propuesta, sigue estando bajo la sombrilla del Presidente de la República, a pesar de la existencia de la Ley que crea el Estatuto del Ministerio Público y del excelente trabajo que realiza la Escuela del Ministerio Público, en contra de los vientos y de las mareas.

Al crear estas distorsiones y debilidades institucionales, erigiéndose como un Leviatán, es que queda claro el interés oficial de no solo impedir que la actual reforma constitucional sea discutida a través de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de su completa eliminación en el texto propuesto para futuras revisiones constitucionales, lo cual no comparto, al igual que amplios sectores de la vida nacional.

En medio de toda la grave y difícil situación económica global y local, estamos asistiendo a un debate sobre la reforma constitucional, que es, en el fondo, una nueva Constitución. Y, debo decir, que, hasta el momento, el debate público en los medios no ha estado a la altura del momento. Estamos viendo este tema con un visión corta y muy limitada a los temas coyunturales, como el de la reelección presidencial, por citar un caso.

Creo que la reforma constitucional es un excelente tema para que la clase política nacional ofrezca una lección de madurez y de aprendizaje de lecciones pasadas. Y que, en torno a ella, construyamos las políticas de Estado del presente y del futuro. El problema es que los intereses políticos y grupales de quienes nos gobiernan, mas los que están presente en los partidos de oposición, obstaculizan este paso trascendental. Quienes pertenecemos a una generación que no ha estado contaminada por estas luchas, debemos colocarnos por encima de esos intereses.

Ayer, se cumplieron 20 años del plebiscito que cambió el rumbo de Chile, aquel 5 de octubre de 1988. Hoy, Chile tiene instituciones fuertes, y progreso económico. Pero, el liderazgo político de esa nación no se ha quedado con los brazos cruzados, y hoy día, hay una profunda lucha por reformar y cambiar el modelo implementado por la Concertación Democrática, que, hasta el momento, ha sido muy exitosa. Sin embargo, tal como lo afirma Ricardo Lagos en una entrevista en El Mercurio:

El futuro de la Concertación depende entonces de la capacidad que tengamos de producir un programa que interprete a Chile.

Lo mismo, desde otra perspectiva, ha dicho Eduardo Frei en una entrevista a Carmen Aristegui:

Hay un modelo que no esta dando resultado en América Latina, adicionalmente al populismo, y es el de aquellos regímenes presidenciales en donde quienes llegan se olvidan de todo lo anterior, y generan más pobreza, más miseria, menos libertad de expresión, y más dificultades para construir políticas de Estado, dada la ausencia de oposición constructiva.

Nuestro país de hoy es muy distinto al de hace cuatro años atrás. Es muy diferente al de la última reforma constitucional. La misión nuestra, sobre todo de aquellos que estamos en la política, es construir sobre la base de los cambios que ha experimentado nuestro país. No hay recetas únicas ni modelos que puedan ser impuestos. Pero, definitivamente, hay que tomar iniciativas que nos coloquen por encima de conductas que son rechazadas por la mayoría de los dominicanos. Ese es nuestro desafió.

(Comparto mi articulo publicado en El Nacional)

Desde la ruptura del orden constitucional en el 1963, que sepultó la Constitución de 1963, no hemos vuelto a tener una Constitución que sea el resultado de la participación de todos los sectores de la vida nacional. Aun cuando en noviembre de 1966, se adoptó una nueva Constitución, la misma no fue la expresión soberana de las fuerzas sociales y políticas. Luego, a esta Constitución, se le introdujeron las reformas de 1994 y de 2002. En otras palabras, la actual Constitución tiene su raíz en el 1966, con las enmiendas producidas en momentos coyunturales de la vida nacional.

Las referidas enmiendas fueron aprobadas por el Congreso Nacional, reunido como Asamblea Revisora, en virtud de las disposiciones de los artículos 116, 117 y 118 de la Constitución de la Republica. Sin embargo, el proyecto presentado por el Presidente Leonel Fernandez no se trata de enmiendas o modificaciones parciales a la Constitución. Se trata de una nueva Constitución. Cabe preguntarse, entonces, si la Asamblea Revisora tiene facultad para aprobar una nueva Constitución, cuando el Articulo 118 de la Constitución es muy claro al afirmar que la misma se reunirá para “resolver acerca de las reformas propuestas”.

El tema es de suma trascendencia. Incluso, invito a leer en la Consulta Popular, la Consultoría de los Juristas Españoles, coordinados por Pedro Gonzalez Trevijano y Enrique Arnaldo, particularmente el “Titulo XIII: Reformas Constitucionales”. Es obvio que, ante esta disyuntiva, la tendencia a nivel mundial, ha sido que las reformas que producen lo que, estos juristas españoles denominan, “la quiebra constitucional”, como es la que pretende el presidente Fernandez, sea conocidas y decididas por Asambleas Constituyentes, que confieran la legitimidad de las nuevas estructuras y poderes constitucionales, y las “revisiones constitucionales”, que consisten en enmiendas y modificaciones parciales a la Constitución, que efectivamente pueden ser conocidas por la Asamblea Revisora.

Algunos sectores que, antes de que el presidente Fernandez depositara el proyecto de reforma constitucional, respaldaban públicamente la Constituyente como mecanismo idóneo para modificar íntegramente la Constitución, hoy, en un viraje inexplicable de 360 grados, han variado su posición a favor de la Asamblea Revisora. Argumentan estos sectores que, la realización de la Consulta Popular (auspiciada por el gobierno), subsana la ausencia de la Asamblea Constituyente, por haberse hecho (la Consulta Popular), con la participación de las fuerzas sociales del país. Para fines de este articulo, aceptare este argumento, aunque no lo comparto.

Resulta que, ha quedado demostrado, que los resultados de la Consulta Popular no fueron vinculantes al proyecto presentado por el Presidente Fernandez. Una simple comparación entre ambos textos, arroja que el Presidente Fernandez se olvidó por completo de la Consulta Popular, tal como es el caso de la Constituyente, la cual, un 62% de los consultados la favoreció.

Tal como lo había anticipado, el Congreso de Estados Unidos acordó ayer el borrador de la Ley de Emergencia para la Estabilización de la Economía, imponiéndole una serie de condiciones a la propuesta original del Secretario de Estado de Tesoro. En el sitio del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes esta el texto y un resumen del mismo.

Ahora viene la parte interesante, la que los dominicanos tenemos que observar, y entender la grandeza y la fortaleza de las instituciones democráticas de Estados Unidos.

El Partido Demócrata, por sí solo, puede votar este proyecto, pues tiene mayoría en el Congreso. Sin embargo, no lo hará. Hacerlo unilateralmente sería políticamente incorrecto. Ellos saben que necesitan el apoyo del Partido Republicano, que es donde han estado increíblemente las principales resistencias para apoyar el Plan.

Lograr el bipartidismo no es fácil. Hoy la Cámara de Representantes acaba de rechazar el Plan. A pesar de que la mayoría de los democrátas estaban en aprobarlo, la mayoría de los republicanos tienen resistencia al mismo. Definitivamente el liderazgo está puesto a prueba.

Ayer, cuando hizo el anuncio del acuerdo compromiso entre los distintos líderes del Congreso, Nancy Pelosi, Speaker o Presidenta de la Cámara de Representantes, Representante Demócrata de San Francisco, dijo lo siguiente:

“Esta no es una ley Demócrata. Esta es una ley que fue enviada por el Presidente, mejorada por el Congreso… Y necesitaremos el apoyo bipartidista para apoyar la aprobación de la Ley”.

Quienes estamos inmersos en la política dominicana, debemos aprender esta lección de buena política que, en momentos muy difíciles, nos esta ofreciendo Estados Unidos. Guardando las distancias, es lo que tenemos que hacer quienes estamos en la oposición con el proyecto de reforma constitucional sometido por el Presidente Leonel Fernández… mejorarlo, hacerlo mas progresista mediante el ejercicio de posiciones de principio, colocarnos por encima de las diferencias políticas y de los intereses coyunturales, y aprobar la reforma constitucional que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano.

(En vista de que el proyecto de reforma constitucional fue depositado ayer en el Congreso Nacional, adelanto mi artículo que saldrá publicado mañana en El Nacional)

Depositado en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de constitucional, elaborado por la Comisión de Juristas designada por el presidente Leonel Fernández, se inicia el camino hacia la reforma número 38 de la Constitución de la República. Lo primero es que nadie puede negar que la República Dominicana necesita una nueva Constitución Política del Estado, que ajuste y adecue toda nuestra “ingeniería constitucional” – utilizando la expresión de Giovanni Sartori – a la luz de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad en todos los ámbitos.

Lo segundo es que las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional no pueden abstraerse de este debate que impactará en el presente y en el futuro de nuestro país. Ahora, cabe preguntarse ¿cómo hacerlo? La Constitución de la República, hecha a la medida del ejercicio conservador y caudillista del presidente Joaquín Balaguer, estableció un mecanismo de reforma constitucional muy fácil y simple, previsto en el artículo 118 de la Carta Magna. Citando al jurista Julio Brea Franco, en nuestro país, es más fácil reformar la Constitución, que modificar el régimen monetario y financiero.

Según el artículo 118, una vez integrada válidamente la Asamblea Nacional, en atribuciones de Asamblea Revisora, “las decisiones se tomarán en este caso por la mayoría de las dos terceras partes de los votos”. Nótese que la Constitución no se refiere a dos terceras partes de los presentes ni a dos terceras partes de la matrícula, mayorías que son exigidas para otros asuntos de índole constitucional, como es el caso de la moneda y la banca del país.

De ahí es que, el PLD, por sí solo, puede imponer la reforma constitucional, a través de su mayoría en el Congreso Nacional. Ahora bien, ¿es esto lo que le conviene al país? ¿Debemos seguir el ejemplo de otras experiencias pasadas, incluyendo actuaciones del PRD que no estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿Continuará la clase política colocando sus intereses personales por encima de los intereses nacionales?

Fruto de esta realidad, y después del correspondiente ejercicio autocrítico, el PRD quiere una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente, que fue lo pactado en el 2001. En esta ocasión, nuestra propuesta plantea una Asamblea Constituyente que esté compuesta por 50% de sus miembros que representen a los partidos políticos, y 50% de sus miembros que representen a las organizaciones de la sociedad. Estos miembros serían a título honorífico, lo que no representaría ningún gasto para el Estado.

Llevaremos al Congreso Nacional el anteproyecto de ley que convoque a la Asamblea Nacional para enmendar el mecanismo de reforma de la Constitución. También lo compartiremos con todos las organizaciones de la sociedad a fin de lograr el más amplio consenso en la celebración de la Constituyente.

Este reencuentro del PRD con sus principios y valores también conlleva el rechazo total a la reelección presidencial y a la eliminación de la parte final del artículo 49 de la Constitución. Seis años después del 2002, llegó el momento de rectificar públicamente nuestros errores del pasado, y asumir con dignidad y vergüenza, la reivindicación de los valores democráticos expresados en el respeto a la mayoría del pueblo dominicano que quiere alternabilidad y compromiso en la solución de los graves problemas nacionales.