Apuntes de Orlando Jorge Mera

La noticia del fusilamiento de Ronnie Lee Gardner en el Estado de Utah ha circulado por toda la prensa global. Lo que ha tenido escasa o poca atención es lo relativo a los cinco integrantes del pelotón que tuvo a cargo cumplir con esta misión, y la logística implementada en la misma:

«Los ejecutores son preseleccionados entre agentes de la ley del estado de Utah. Serán cinco y su identidad no será revelada. Cuando llegue el momento, estarán estacionados tras una pared de ladrillo en la cámara de la muerte, con portezuelas para poder apuntar. Estarán armados con rifles del calibre .30. Cuatro de ellos estarán cargados con munición real y uno con balas de fogueo»…

Lo de las balas de fogueo es para lavar la mala conciencia de los ejecutores. Aún después de disparar, los cinco tendrán la duda de si la suya era la munición de «pega». Siempre podrán dormir tranquilos por las noches, pensando que fueron los otros cuatro quienes realmente mataron al reo indefenso, atado con correajes a una silla de tortura como las de la Santa Inquisición, soldada a una tarima de metal, fijada sobre un suelo de cemento y protegida con sacos terreros…

Todo un absurdo en pleno Siglo 21. Cualquier parecido a un guión de película de Scorsese es pura coincidencia.

Disclaimer: Estoy en contra de la pena de muerte.

El derrame de petróleo en el Golfo de México no solo ha obligado la atención del gobierno de los Estados Unidos de América en el peor desastre ecológico en los últimos veinte años. Ha provocado tambien, literalmente, una lluvia de abogados, es decir, profesionales del derecho que se han mudado específicamente a las ciudades afectadas por el derrame y que están en la costa del Golfo de México, ofreciendo sus servicios, creando estrategias de captación de clientes (como ésta y ésta), y formando alianzas con otras firmas de abogados, radicadas en distintas localidades.

Lo que mueve a tantos abogados es lógicamente obtener la representación legal para iniciar demandas tipo class action, es decir, una demanda, donde un gran grupo de personas colectivamente presenta una reclamación ante el tribunal, y/o una misma categoría de personas o entidades jurídicas están siendo demandados. Para este caso, habría que categorizar los distintos tipos de daños, pues no es lo mismo representar a los once fallecidos en la explosión del Deepwater Horizon, que asumir la representación de los pescadores de Louisiana que ya no pueden pescar donde siempre lo hacían, o que obtener la representación de la asociación de restaurantes de una de las ciudades de la Costa, que no recibirá la clientela que tenía antes dado que, por ejemplo, la playa está afectada por el derrame.

No se vaya a creer que todo es color de rosa. Conseguir la representación legal para un class action requiere arduo sacrificio y muchas horas de dedicación, pues la competencia es fuerte. Normalmente, en estos casos, lo común, es que los honorarios del abogado se convienen mediante un acuerdo de contingencia (contingency fee), en el que el abogado obtendrá un porciento de las sumas que efectivamente reciban sus clientes, al final del proceso. Se requiere tener paciencia, persistencia y profesionalidad, como en la película A Civil Action.

Demandar a la British Petroleum, que ya ha hecho separado un fondo de US$20 Billones para atender los reclamos generados por el derrame, es un atractivo enorme para los abogados. Pero también es un desafío, un reto. La BP tendrá también muy buenos abogados. De igual manera, el litigio es de resistencia, es decir, tomará años, tal como sucedió con la transacción del Exxon Valdez, que concluyó quince años después de la catástrofe. Hay que prepararse, por lo tanto, para una batalla legal, larga y agresiva, que marcará precedentes importantes en el derecho americano.

Quienes hemos tenido la oportunidad de ver películas policíacas hechas en Estados Unidos de América, hemos escuchado innumerables veces que, cuando la policía detiene al sospechoso le dice: «Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, le será asignado uno a costas del Estado».

Es la conocida Advertencia Miranda que contiene una serie de derechos del acusado que integran el derecho a la defensa, el derecho a no autoincriminarse, y el derecho a un juicio imparcial, que componen el llamado debido proceso de ley. En el fondo, la Advertencia Miranda se estableció ante el hecho innegable de que la presencia de la policía, más sus técnicas de interrogatorio, provocan confesiones que luego de ser analizadas se comprobaban que no se correspondían con los hechos.

Esta advertencia fue luego consagrada dentro del bloque de los derechos constitucionales del acusado por sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Miranda vs. El Estado de Arizona, en donde se estableció que cada vez que un policía arreste o detenga a un sospechoso debe leerle sus derechos.

El pasado lunes 31 de mayo, la Suprema Corte de Estados Unidos dictó una sentencia en la que continuó redifiniendo estos derechos, al establecer que el solo silencio no invoca a la Advertencia Miranda, lo que significa que si el acusado guarda silencio por tiempo prolongado en su interrogatorio y responde lacónicamente al final del interrogatorio, no significa que necesariamente este protegido por el manto de Miranda. En este caso, la Corte decidió 5 a 4, en una situación en la que el sospechoso, acusado de homicidio, respondió, luego de un prolongado silencio, afirmativamente con un «Sí», solo estas tres preguntas: «¿Usted cree en Dios? «¿Usted reza a Dios?» «¿Usted reza a Dios para que le perdone haber usted disparado al joven muerto?“ Su respuesta afirmativa bastó para que el sospechoso fuese condenado.

Desde mi punto de vista, esta decisión de la Suprema Corte americana limita más los derechos de los acusados. Continuaré dando seguimiento a su evolución.

Lo acontecido en la cárcel de Les Cayes, Haití, a pocas horas del terremoto del pasado mes de enero, es una historia espeluznante. Una prisión superpoblada, en la que los reclusos viven en estado de hacinamiento, era natural que al sufrir los efectos de las réplicas del terremoto, intentaran salir. Lo que nunca se supo es que en esa prisión hubo una masacre encabezada por la policía haitiana. Masacre que ha querido ser encubierta sobre la farsa de que las muertes ocurrieron por luchas entre los mismos reclusos. Sin embargo, no apareció ni una sola arma. Solo muertos, casquillos de balas y heridos. A más de cinco meses del hecho, se anuncia una investigación de estos hechos. Un caso que revela la podredumbre de las instituciones y cómo el dinero invertido en Haití para la reconstrucción del sistema penintenciario (antes del terremoto) fue destinado a otros lugares, menos a donde tenía que llegar. La historia completa aquí, gracias a The New York Times.

Esta foto publicada en la portada del Wall Street Journal ha causado un revuelo en los círculos políticos de Washington. Se trata de una foto tomada hace 17 años a Elena Kagan, jugando softball, lo cual no tiene nada de malo. Solo que el periódico la publica para referirse a la orientación sexual de Kagan, reflejando un prejuicio sobre cómo ella actuaría como Juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Todo un absurdo en el Siglo 21. Luego de cumplir con el proceso de confirmación, durante los próximos meses, Kagan será confirmada como Juez del más alto tribunal de Estados Unidos. De eso no tengo dudas.

Hace un tiempo escribí sobre el caso de Roman Polanski, querido y deseado. Hoy, Polanski ha roto su silencio en Suiza, donde está detenido pendiente de su juicio de extradicción. Ha escrito hoy un artículo titulado ¡No puedo seguir callado!. Es su versión de los hechos. Qué distinto fuera que Polanski, voluntariamente se presentara a la justicia de California. Todo terminaría y concluiría a su favor. Una lástima que Polansky no lo entienda así.

Como es ya de conocimiento internacional, el Tribunal Supremo de España ha decidido abrir un proceso por prevaricación en contra del Juez Baltasar Garzón por éste haberse declarado competente para juzgar los crímenes cometido por el franquismo. Así mismo. Un contrasentido. El juez que ha sentado en el banquillo de los acusados a los principales dictadores latinoamericanos de la década de los setenta y los ochenta será juzgado, teniendo la posibilidad de quedar fuera del servicio judicial de por vida, producto de una iniquidad o mezquindad política.

Lo paradójico es que esto está ocurriendo en España, país que es reconocido por avances democráticos, que por estas latitudes son muy respetados. Por razones políticas, se quiere eliminar judicialmente a Garzón. Un flaco servicio para la imagen y la reputación de España. Nadie mejor lo ha dicho que este editorial del New York Times, el cual suscribo en toda su extensión. Garzón debe ser descargado de estos procesos, y continuar siendo lo que es, un paladín de la justicia.

P.D.: Hace unos meses, tuve el alto honor de conocer al Juez Baltasar Garzón. Aquí esta lo que escribí con motivo de ese encuentro.

En noviembre del año pasado, escribí sobre el asesinato de Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de El Salvador, perpetrado hace treinta años por fuerzas oscuras del oficialismo en ese hermano país. Hace dos días, el presidente Mauricio Funes pidió perdón públicamente por este crimen, expresando lo siguiente:

«En nombre del Estado salvadoreño, como presidente de la República, reconozco que el entonces arzobispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, el 24 de marzo de 1980 fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte… Dichos escuadrones, lamentablemente, actuaron bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia o participación de agentes estatales».

Así habla un presidente. Un Jefe de Estado. Un Jefe de Gobierno. Con responsabilidad. Dando la cara. Tras 30 años, la verdad ha resplandecido y se ha hecho justicia.

P.D. A propósito del «Perdón», recomiendo este artículo escrito por Mons. Ramón de la Rosa y Carpio, Arzobispo de Santiago.

«Todas las actuaciones disciplinarias y penales contra mí se enmarcan en un concreto escenario, por iniciativa de una serie de personas interrelacionadas entre sí y siempre con el respaldo de unos mismos soportes mediáticos, que han hecho que, generalmente, conozca las resoluciones por las noticias en ellos aparecidas, a la vez que han adelantado actuaciones, determinado estrategias y desarrollado campañas de denigración contra mi persona».

El Juez Baltasar Garzón, en un interesante documento, en el que acusa al Partido Popular y al periódico El Mundo de la campaña de descrédito en su contra, luego de soportar meses en silencio. (Vía Escolar).

Comparto con ustedes dos temas, distintos y distantes, pero que representan un contraste, separado por una línea muy clara y definida.

El límite de la libertad de expresión en Irán. Un poster excelente.

El poder de la Corte Constitucional de Colombia, al prohibir la tercera reelección del presidente Uribe.

En el primer caso, no hay democracia, por lo tanto no hay instituciones ni derechos. En el segundo, hay democracia, con instituciones democráticas fuertes.