Apuntes de Orlando Jorge Mera

Aunque en República Dominicana son muy pocos políticos los que usan Twitter, en la mayoría de las democracias de los países desarrollados y en desarrollo, ya es una herramienta que es utilizada por una buena cantidad de políticos e instituciones políticas. Sobre este tema, me referido tanto para señalar los errores que cometen los políticos en Twitter como para señalar casos modelos de políticos que son un ejemplo en la Política 2.0. También, lo he hecho para señalar otros usos efectivos de Twitter en política.

Con motivo de este tema, la entrada del blog de Albert Medran no tiene desperdicios, pues resume los cinco errores del político en twitter. Una lectura obligada para los políticos que estamos en la twitteresfera. Estas recomendaciones son muy valiosas y siempre hay que tenerlas presente.

Por último, recomiendo leer la entrada del blog de Ana Aldea titulada Atención políticos: Twitter no es un megáfono, de donde, vía Neto Ratón, reproduzco esta frase genial: «El uso de muchos políticos de Twitter es como… ir a esquiar con traje de buzo».

Lo importante de todo esto es cómo los políticos, através de sus actualizaciones en Twitter, generan un debate que no necesariamente sucede con otros usuarios de Twitter. Es un reflejo también de la necesidad que tienen los políticos de ser transparentes en todas sus actuaciones, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Y como siempre, hay excepciones a la regla.

Como si fuera una obra de teatro o una película de cine, ya van cuatro partes en esta obra de explicar lo inexplicable. El primer acto fue el 26 de octubre de 2007 cuando se nos dijo que el caso de la Sun Land era una operación inexistente, a pesar de la existencia de 19 pagarés por el monto total de US$130 millones de dólares. El segundo acto fue el 4 de junio de 2009 cuando se nos dijo que la compra de Edeeste por parte del gobierno no era una venta de acciones sino una transacción. El tercer acto fue el 24 de junio de 2009 cuando se nos expresó que la venta del 49% de Refidomsa al gobierno venezolano no ameritaba ser licitada, pues era una actividad comercial, y no del Estado.

Ayer, se celebró el cuarto acto, cuando el presidente Leonel Fernández, en medio de serias denuncias de corrupción, expresa que aunque hay debilidades, confía en que sus funcionarios no están cometiendo actos de corrupción. Incluso, se afirmó que ya no hay casos de hipercorrupción, y llegó a advertir que el que no cumpla se irá para su casa. Como siempre, muchas explicaciones de los procedimientos legales y las normativas internas creadas por el gobierno para enfrentar la corrupción. Claro, cuando el director del Departamento de Prevención de la Corrupción ofreció las estadísticas, no pudo mostrar un solo caso de sanción a la corrupción en el actual gobierno.

Solo hay que recordar que este gobierno, aunque está reelecto, tiene menos de un año. Le faltan tres años para completar su período constitucional. Pero es un gobierno viejo, por lo que las explicaciones que se dieron ayer resultarían oportunas si el gobierno hubiese estado comenzando. Pero, es todo lo contrario. La época de dar declaraciones y explicaciones terminó. Estamos en el momento en que se demanda acción para enfrentar lo que ya son actos reñidos contra la ley y la ética, ejercidos por funcionarios del gobierno.

Es como si aquí no hubiera pasado nada. Que el caso Sun Land, ni las nominillas, ni las denuncias de nepotismo, ni las cuantiosas comisiones que se ganan en distintas concesiones, ni los contratos de asesoría en diversas instituciones gubernamentales, ni las obras que se hacen sin licitación, no hubiesen ocurrido. Y se tiene la sensación de que nada ha pasado, y lo más grave, que nada pasará.

Lo interesante es que en todas estas conferencias de prensa ha habido un elemento común: Después de que las denuncias en cada uno de estos casos han sido discutidas y debatidas en la opinión pública, en muchos casos no refutadas, entra en acción el presidente Leonel Fernández tratando de cerrar estos expedientes. Nadie puede colocarse por encima de ley, y con declaraciones públicas, pretendiendo encubrir los hechos que riñen con la ley. Para eso, es que están las autoridades judiciales para investigar e imponer las sanciones correspondientes. Es un reflejo de la profunda debilidad de nuestras instituciones públicas.

Una vez más, las ruedas de prensa convocadas por el gobierno excluyen a directores de medio que han sido los protagonistas de las denuncias públicas. Y, por otra parte, el contraste del menú del almuerzo con el tema objeto de la rueda de prensa deja mucho que desear de un país que debe estar en un serio plan de austeridad, y no derrochando los recursos públicos.

Todavía falta mucho por ver.

Ayer tuve la oportunidad de ver State of Play (aquí la tradujeron «Secretos del Poder»), la película que adapta a la política norteamericana la serie inglesa de BBC. Hacía tiempo que no veía una película que pusiera el dedo sobre la llaga a las relaciones entre el gobierno, el sector privado, los políticos y los periodistas. Desde All the President’s Men no había visto en la pantalla grande una descripción de cómo se manejan informaciones que involucran a políticos en la prensa, de manera muy especial, el rol de la ética en la prensa.

Russel Crowe hace un excelente papel como periodista acucioso e investigador, a pesar de su relación de amistad con Ben Affleck, quien es el congresista involucrado en una campaña devastadora de su imagen, como consecuencia del asesinato de una asistente. El momento culminante es cuando Crowe traza la raya entre el amigo y el periodista, y su línea de «una cosa es la noticia y otra cosa es la basura noticiosa» es excelente. Esta situación la vemos diariamente en la sociedad global y local, cuando los intereses retuercen la verdad al momento de divulgar las noticias, salvo honrosas excepciones. Ver a Crowe tratanto de salvar su noticia hasta lograr absolutamente la verdad, incluso teniendo en contra a los dueños del periódico. Solo cuando Crowe obtuvo absolutamente la verdad fue cuando se decidió publicarla y divulgarla, aún sacrificando su amistad.

Otro aspecto que resalta de esta película es la crisis de valores que está afectando algunos políticos que no están conscientes de la transitoriedad del poder, y a las relaciones corporativas que se crean entre el gobierno y el sector privado, y toda la telaraña que se fomenta para el pago de contratas, comisiones, asesorías y recompensas, sin importar mucho la Constitución y la ley. Ver esta película es también ver en el espejo toda la ola de corrupción que está consternando a amplios sectores de la sociedad, a la cual no podemos permanecer indiferentes.

Finalmente, me encantó el cubículo de trabajo de Crowe. Y el rol de Helen Mirren como Directora del periódico, como siempre, es espectacular.

El destacado economista Bernardo Vega escribe en el HOY sobre los peligros y las consecuencias de una refinería de dos gobiernos, en clara referencia al hecho de que, concretizada la venta del 49% de las acciones del Estado dominicano en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) al gobierno venezolano, ésta, es decir, Refidomsa, será administrada por dos gobiernos, el dominicano (que tendrá el 51%) y el venezolano (que tendrá el 49%).

Este socio, el venezolano, no será un socio minoritario, pues cuando un socio tiene el 49% de las acciones de una empresa, es una figura clave para la gobernabilidad de la misma. Y más este socio, el venezolano, que es el principal suplidor de petróleo en el país, através de Petrocaribe, y por tal razón, es el principal acreedor del gobierno. Vega aporta el dato interesante de que Refidomsa, del 100% de sus negocios, compra el 29% de petróleo crudo através de Petrocaribe, y el 71% de otros tipos derivados de petróleo refinado, como gasoil, kerosene, gas, entre otros. Tanto Vega como otros interesados en este caso, nos hemos preguntado ¿qué pasará con el resto de las operaciones de Refidomsa cuando el socio venezolano quiera ejercer su poder societario para involucrarse en otras actividades de la empresa, incluyendo la distribución de combustible?

Todo esto me llevó a investigar las razones o los compromisos que llevaron al gobierno dominicano a vender al gobierno venezolano el 49% de sus acciones (Para el récord, sobre este tema, he escrito uno, dos y tres apuntes). Todas las informaciones me llevan al momento en que el Estado decide comprar el 49% de las acciones de la Shell Company en Refidomsa. ¿Quiénes participaron en esta licitación? Concursaron en esta licitación dos grupos de empresarios nacionales y una empresa multinacional, Trafigura Beheer B.V. of Switzerland, que es una empresa corredora de commodities, minerales y petróleo, y que tiene amplia presencia en todo el mundo, incluyendo América Latina. Aquí pueden leer más sobre Trafigura.

Como puede apreciarse Trafigura tiene una participación muy activa en distintos mercados latinoamericanos, e inclusive, su participación no ha sido libre de escándalos y conflictos, incluyendo en Africa. Esta empresa fue objetada por el gobierno venezolano, primer indicio de que la licitación sería un fracaso. Al ser vetada, quedaban participando solo los dos grupos empresariales nacionales, y el gobierno dominicano decidió anular la licitación, y comprar directamente el 49% de las acciones de la Shell.

¿Cómo el gobierno compró las acciones de la Shell? Luego de hacer una conciliación y compensación de deudas, el Banco de Reservas hizo un financiamiento para cubrir el pago del gobierno. No está del todo claro, si ya el gobierno pagó este financiamiento, o si ya el mismo fue registrado en deuda pública. Todo lo cual no es extraño en este gobierno, pues ya hay precedentes anteriores.

A partir de ahí, primó en el gobierno dominicano la decisión de venderle el 49% de las acciones del Estado al gobierno venezolano, por el peso geopolítico de Venezuela en los mercados internacionales del petróleo, especialmente por las facilidades crediticias de Petrocaribe. Es decir, pesó más las consecuencias de negarse a vender las acciones al gobierno venezolano, que acudir a una licitación pública internacional. Todo lo demás, particularmente las explicaciones dadas en rueda de prensa para explicar que se trata de una venta de acciones conforme al Código de Comercio, son justificaciones para encubrir esta realidad.

Todo lo anterior se ha hecho sin cumplir con la más mínima transparencia que debe el Estado dominicano a sus ciudadanos. Como siempre, si alguna autoridad gubernamental aclarara estos puntos ayudaría a comprender esta compleja transacción.

El año 2009, sin haber terminado, ha sido declarado como el peor año para las firmas de abogados en Estados Unidos. Según Lawshucks, a la mitad de este año, se han perdido 10,723 puestos de trabajos (4,015 abogados y 6,708 empleados), cifra histórica. Cuando escribí este apunte en abril de este año, la cifra alcanzaba 3,677 desempleados.

Si sumamos estas cifras al creciente aumento del desempleo en Estados Unidos que en junio alcanzó la tasa de 9.5%, hay que concluir que la recesión que está viviendo Estados Unidos será muy larga. Lo cual es una mala noticia para quienes estamos en la República Dominicana, por nuestra alta dependencia del intercambio comercial con esta gran nación.

En estos días en que he estado muy inmerso en el ejercicio de esta profesión, he podido palpar la situación que está viviendo esta profesión en nuestro país. Lo primero es que hay que resaltar la gran cantidad de abogados que existe en la República Dominicana. A juzgar por mi número del Carnet de Abogados (año 1991), la cifra debe estar superando los 70,000 abogados en todo el territorio nacional, lo que obliga a especializar más los servicios legales y dar una mayor atención personalizada para marcar la diferencia.

He visto, con mucha tristeza, jóvenes abogados, incluso con maestrías hechas en universidades extranjeras de prestigio, que han tenido dificultades en ser contratados en el país, y se están dedicando a otras actividades comerciales para sobrevivir. Muchos están incursionando en el área de la tecnología y en negocios tan novedosos como la gastronomía. Es que no es fácil hacerse determinadas ilusionadas para luego chocar con la realidad de que se está haciendo difícil conseguir empleo en el país como consecuencia de la crisis económica.

Al no circular el dinero, no hay ofertas de empleos, y se están tendiendo a eficientizar el trabajo. En mi oficina, recibo con mucha frecuencia solicitudes de empleo, de gente muy calificada y buena, pero actualmente no hay vacantes. Al contrario, hay más ahorro y eficiencia. Una persona realiza distintas actividades que antes las hacían dos. En ese sentido, ha habido una reorientación de los servicios legales, incluyendo las modalidades de facturación. El pago por hora ya está formando parte del pasado, y hay una tendencia a facturar por valores fijos dependiendo del tipo de actividad o servicio que se ofrezca.

Lo que nunca va a cambiar es la responsabilidad, la honestidad y el ejercicio ético de la profesión, y esto cabe para todas las profesiones. Aún en los momentos más difíciles y aún en medio de los profundos cambios que está viviendo la sociedad globalizada. Hay que marcar la diferencia.

A propósito de la valiente denuncia de la comunicadora Nuria Piera sobre la escándalosa nómina, los niveles de gastos e irregularidades que hace la actual administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), comparto el contenido del AM de hoy. Solo que quisiera agregar, para el récord, que el 27 de abril de 2009 escribí este apunte. Como político, me apena ver cómo políticos de distintos partidos, incluyendo al cual pertenezco, instituciones religiosas, fundaciones, periodistas y productores de medios de comunicación, figuran en estas nóminas, a costa del bolsillo de los dominicanos. Cada quien debe y deberá asumir la responsabilidad de sus propios actos. Pero, es como sucede con esta viñeta de Forges, algunos quisieran que todos los políticos sean iguales, cuando en realidad no es así.

El presidente Leonel Fernández ya nos tiene acostumbrados a reaccionar, luego del «palo dado». Ya lo dijo ayer: No habrá licitación en la venta del 49% de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. E hizo una explicación, desde su punto de vista, sobre esta transacción.

Lo interesante de todo esto es cómo, cada vez que el gobierno está involucrado en un conflicto en el que se cuestiona su falta de transparencia, siempre la respuesta ha sido por la tangente, sobre la base de algún argumento jurídico novedoso. En el caso de la Sun Land, nunca se supo dónde está el dinero ni cómo la empresa privada que recompró los pagarés finalmente le pagará al Estado, pero se nos dijo que sólo el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados tenían el derecho de cuestionar la constitucionalidad de este préstamo.

Ahora, el presidente Fernández, quien tiene muy buenos abogados, expertos en doctrina jurídica, nos acaba de dar otra lección en el sentido de que quiénes defendíamos que esta venta del 49% de las acciones de Refidomsa tenía que ser objeto de una licitación pública, estábamos equivocados, pues, en este caso, «este acto de venta constituye un acto de comercio y no un acto administrativo del Estado sometido al proceso de licitación previsto y reglamentado por la Ley No.340-06, de Compras y Contrataciones Públicas». (Es una lástima que los espacios pagados por el gobierno, como el publicado el lunes 22 de junio de 2009, en la página 5-A, del Listín Diario, no estén disponibles en la red para que se pudiese leer íntegramente la más acabada doctrina sobre la opinión jurídica de los abogados del gobierno).

Notése que no nos han dicho absolutamente sobre el fondo de la transacción con el gobierno de Venezuela, es decir, si la venta incrementará la deuda del Estado con Petrocaribe, cómo será la gobernabilidad de Refidomsa a partir de tener un socio que tenga el 49% de acciones, está o no involucrado el gobierno de Venezuela en la compra original de las acciones de la Shell, entre otras interrogantes.

Al contrario, resulta que, al decir del gobierno, como se trata de un acto hecho por el Estado comerciante, no hay ni siquiera que obtener la aprobación del Poder Legislativo, sino que «será informado al Congreso», para cumplir estrictamente con una formalidad.

Pero, ¿qué curioso? Si para que el Estado compre lapiceros, que es un acto de comercio, la Ley de Licitación Pública exige una licitación para determinar quién será el suplidor, ¿no será lo mismo para determinar el comprador de las acciones que tiene el Estado en una empresa, que de por sí, es de capital público?

Todavía quedan muchas preguntas sin responder, que ayer era el escenario ideal para que el gobierno despejase todas las dudas. Por cierto, ¿cuál habrá sido el papel del Banco de Reservas en la compra de las acciones de la Shell? ¿Quién pagará ese financiamiento del Banco de Reservas, si es que en efecto lo hubo? ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con Petrocaribe? ¿Qué es lo todo lo que involucra la venta del 49% de acciones de Refidomsa? ¿Incluye la distribución de combustible?

Finalmente, no sé si esto coincide o está vinculado a la venta del 49% de acciones en Refidomsa, pero Venezuela pone al servicio de República Dominicana el servicio satelital Bolívar.

Continuaré dando seguimiento a este interesante tema.

Con tantos compromisos políticos, como consecuencia de la reelección presidencial del año pasado, a nadie debe sorprender que, en este gobierno que dice una cosa y hace otra, la nómina del gobierno central supera los RD$5,000 millones, para una cantidad de 551,215 empleados públicos.

Estos datos se desprenden, según consta en la noticia antes mencionada, del análisis de las nóminas de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Estado de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado de Agricultura, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Secretaría de Estado de Turismo, la Secretaría de Estado de La Mujer, la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado de la Juventud, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Educación Superior, la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Secretaría de Estado de Administración Pública, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Estado de Deportes y la Secretaría de Estado de Hacienda.

Solo en un párrafo de la mencionada noticia, se menciona que, adicionalmente a los RD$5,000 millones de la nómina central, «las instituciones descentralizadas se llevan RD$2,000 millones en nómina», y cita, entre las instituciones descentralizadas, al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (8,768 empleados), Banco de Reservas (6,958 empleados), Lotería Nacional (2,708 empleados), el Instituto Agrario Dominicano (3,192 empleados), Inespre (1,924 empleados) y el Instituto de Aviación Civil (1,727 empleados). Datos actualizados a diciembre de 2008, indica la noticia.

Pero, ¿qué resulta? Que estas no son todas las instituciones descentralizadas ni autónomas. Ahí falta la Refinería Dominicana de Petróleo, el Banco Central de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, las Empresas Generadoras de Electricidad, Edenorte, Edesur, EdeEste, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos, el Banco Nacional de la Vivienda, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Oficina Metropolitana de Transporte, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, entre otros.

Sin contar todas las instituciones descentralizadas y autónomas, que deben estar sometidas al rigor de la transparencia administrativa, la nómina (sumando la pública y la descentralizada) está por los RD$7,000 millones de pesos mensuales, dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos. Que quede claro, aquí solo estoy haciendo referencia a la nómina, sin incluir asesorías, contrataciones de servicios y otros esquemas contables financieros que encubren nombramientos y designaciones.

Y, cómo si esto fuera poco, aquí no están incluidas las nóminas del Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Urge consolidar la nómina del Estado, incluyendo la de las instituciones descentralizadas y autónomas, para que hagamos conciencia de la carga pesada que significa este gigante que es el gobierno dominicano, y las medidas y decisiones fuertes que hay que tomar para reducirlo.

Para que lo dicho ayer por el presidente Leonel Fernández se convierta en una realidad, lo primero que tiene que hacer es predicar con el mismo ejemplo de sus palabras. He aquí una parte de lo expresado por el presidente:

«A la administración pública dominicana lo que le hace falta es la creación de un sistema organizado, uniforme, homogéneo, con disciplina. Hasta que no logremos eso el país no va a dar el salto que necesitamos que dé, pero eso se aprende, se practica y se ejecuta.»

En otras palabras, necesitamos instituciones fuertes, que apliquen la ley, al margen de los intereses que se crean en torno a determinadas obras y concesiones. Cuando el presidente Fernández anunció la Segunda Línea del Metro, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con esta obra (sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la crisis global y local, y las prioridades del país), se suponía que se convocaría a una licitación pública para fines de las concesiones que debe otorgar el Estado para la ejecución de la referida obra, todo de acuerdo con la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Hago notar que esta ley no solo regula las compras, sino las contrataciones de servicios, obras y concesiones.

¿Por qué el gobierno no ha convocado todavía estas licitaciones públicas? ¿A cuánto asciende el monto total de estas concesiones? ¿Existe voluntad política en el gobierno de convocar a estas licitaciones públicas? ¿Cuándo se convocará estas licitaciones públicas? ¿Qué opinan los abogados del gobierno sobre esto? ¿Qué opina la Secretaría de Hacienda?

Este apunte queda sin conclusión hasta ver el desarrollo de los acontecimientos, los cuales tendrán de testigos a la historia. Pero, que quede claro: Además de las palabras, hay que tener coherencia en los hechos. De lo contrario, estaremos en más de lo mismo.

Con las explicaciones ofrecidas ayer por el gobierno sobre la venta del 49% de sus acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (Refidomsa), en el sentido de que la venta será por US$130 millones (¡cómo le encanta este número al gobierno!) y que la misma sería pagada al Estado por los montos correspondientes a la porción de contado de las facturas de compra de los productos que el país debe pagar a través del Acuerdo de Petrocaribe, me surgen las siguientes preguntas:

– ¿Cuánto le costó al gobierno dominicano la compra de las acciones de la Shell, que era la antigua propietaria del 49% de estas acciones que ahora se venden a Venezuela?

– ¿Con qué recursos pagó el gobierno este monto total a la Shell, es decir, fue con recursos propios, o hubo un financiamiento o un arreglo con algún gobierno extranjero para esta transacción?

– Si es como dice el gobierno que para vender el 49% de las acciones de Refidomsa (que es una empresa propiedad 100% del Estado dominicano) a Venezuela no se necesita cumplir con la Ley de Contratación Pública 340-06, porque se trata de un «acto de comercio», y «no un acto administrativo del Estado», ¿y no se supone que es el Estado, entidad de derecho público, el «receptor» final de estos US$130 millones?¿No habría entonces que haber hecho una licitación pública, o es que el Estado puede recibir recursos económicos sin distinguir el origen y el concepto del mismo, y sin previamente haber pasado por un proceso debido de transparencia?

– El acuerdo plantea que el gobierno dominicano incrementará la compra de 30,000 barriles a 50,000 barriles diarios a Venezuela, y que, en tres meses, el Estado dominicano recibirá los US$130 millones por concepto del 49% de la venta de las acciones. ¿Estamos «vendiendo» el 49% de las acciones a cambio de incrementar la deuda con Petrocaribe? Lo cual me lleva a la última pregunta:

– Señores del gobierno, ustedes que manejan información privilegiada, pero que debe ser pública, ¿A cuánto asciende la deuda, al día de hoy, del gobierno dominicano con Petrocaribe? ¿A qué se han destinado los recursos económicos que ha recibido el gobierno dominicano por el Acuerdo de Petrocaribe?

El gobierno haría un servicio invaluable al país si diera respuesta a estas preguntas.

ACTUALIZACION: Otra pregunta: ¿En cabeza de quién puede creerse que el monto de la venta del 49% de las acciones de Refidomsa puede valer US$130 millones de dólares cuando, solo para que se tenga un valor referencial, el monto de la deuda de la CDEEE con los generadores es de US$535 millones? o ¿Es que Refidomsa vale tan poco, sino pregunténle a la Shell Company?