Apuntes de Orlando Jorge Mera

El liderazgo tiene manifestaciones determinantes y cruciales que reflejan el talante de quien lo ejerce. La decisión del presidente Barack Obama de nominar para un segundo período a Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal es una clara visión del liderazgo de Obama, basado en dos elementos claves: confianza y continuidad.

Bernanke es republicano, pero esta condición no le ha impedido al presidente Obama a nominarlo por un segundo mandato a partir del 31 de enero de 2010. Es una demostración de confianza por la extraordinaria labor que ha hecho Bernanke en la peor crisis económica que ha tenido Estados Unidos desde la Depresión de 1929, y ya comienzan a sentirse los signos positivos de la recuperación.

Su designación es también un reconocimiento a la necesaria continuidad de Bernanke al frente de la Reserva Federal. Un cambio en estos momentos se hubiera visto como un cambio de política y de dirección, y lo que más necesita Estados Unidos de América en estos momentos, es asegurar que las cosas continuarán mejorando, sin cambios bruscos en la política económica.

Confianza y continuidad, las dos «C», claves en el ejercicio del liderazgo político visionario.

Los resultados del Estudio de Percepción de la Corrupción de Hogares de la República Dominicana confirman la realidad que estamos viviendo los dominicanos. Pero, desde mi punto de vista, lo más grave de este estudio no son las instituciones que los dominicanos consideran como más corruptas o corruptas, sino los datos de que el 94.4% de las víctimas de corrupción no la denuncian; el 42.6% admitió no denunciarla porque estaba recibiendo un beneficio de la corrupción; el 18% dijo que no sabía dónde ni cómo hacerlo; y el 15.1% dijo que no lo hacía porque podía haber represalias.

Es decir, no solo que el 81.8% de los dominicanos cree que el país es corrupto, sino que los que son víctimas de corrupción no la denuncian, lo que produce un cuestionamiento a nuestras instituciones, a la ley, al estado de derecho. Pero, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué no la denuncian? Por un lado, por la complicidad de los organismos encargados de luchar contra la corrupción con los funcionarios que son acusados o denunciados de este mal, y por otro lado, porque gran parte de las víctimas también son beneficiarios de la corrupción, según se desprende de la encuesta. Otro factor importante es el hecho de que también hay un «conformismo» en parte de la sociedad en el sentido de que las cosas no cambiarán, lo cual es un sentimiento muy negativo sobre el presente y el futuro del país.

Sin bien, estamos presenciando este lodazal de denuncias serias y graves de corrupción, con un gobierno que ha sido incapaz de enfrentarla, con voluntad política y decisión, esta encuesta debe constituirse en una clarinada para que las cosas cambien, y también, cambie la política y su forma de hacerla y ejercerla, y en ese tenor, ahí estaremos siempre para que la sociedad dominicana cambie, de manera positiva, exigiendo al gobierno que rectifique su política y sancione la corrupción, pero no de palabras, sino en hechos y acciones concretas.

Como si fuera una obra de teatro o una película de cine, ya van cuatro partes en esta obra de explicar lo inexplicable. El primer acto fue el 26 de octubre de 2007 cuando se nos dijo que el caso de la Sun Land era una operación inexistente, a pesar de la existencia de 19 pagarés por el monto total de US$130 millones de dólares. El segundo acto fue el 4 de junio de 2009 cuando se nos dijo que la compra de Edeeste por parte del gobierno no era una venta de acciones sino una transacción. El tercer acto fue el 24 de junio de 2009 cuando se nos expresó que la venta del 49% de Refidomsa al gobierno venezolano no ameritaba ser licitada, pues era una actividad comercial, y no del Estado.

Ayer, se celebró el cuarto acto, cuando el presidente Leonel Fernández, en medio de serias denuncias de corrupción, expresa que aunque hay debilidades, confía en que sus funcionarios no están cometiendo actos de corrupción. Incluso, se afirmó que ya no hay casos de hipercorrupción, y llegó a advertir que el que no cumpla se irá para su casa. Como siempre, muchas explicaciones de los procedimientos legales y las normativas internas creadas por el gobierno para enfrentar la corrupción. Claro, cuando el director del Departamento de Prevención de la Corrupción ofreció las estadísticas, no pudo mostrar un solo caso de sanción a la corrupción en el actual gobierno.

Solo hay que recordar que este gobierno, aunque está reelecto, tiene menos de un año. Le faltan tres años para completar su período constitucional. Pero es un gobierno viejo, por lo que las explicaciones que se dieron ayer resultarían oportunas si el gobierno hubiese estado comenzando. Pero, es todo lo contrario. La época de dar declaraciones y explicaciones terminó. Estamos en el momento en que se demanda acción para enfrentar lo que ya son actos reñidos contra la ley y la ética, ejercidos por funcionarios del gobierno.

Es como si aquí no hubiera pasado nada. Que el caso Sun Land, ni las nominillas, ni las denuncias de nepotismo, ni las cuantiosas comisiones que se ganan en distintas concesiones, ni los contratos de asesoría en diversas instituciones gubernamentales, ni las obras que se hacen sin licitación, no hubiesen ocurrido. Y se tiene la sensación de que nada ha pasado, y lo más grave, que nada pasará.

Lo interesante es que en todas estas conferencias de prensa ha habido un elemento común: Después de que las denuncias en cada uno de estos casos han sido discutidas y debatidas en la opinión pública, en muchos casos no refutadas, entra en acción el presidente Leonel Fernández tratando de cerrar estos expedientes. Nadie puede colocarse por encima de ley, y con declaraciones públicas, pretendiendo encubrir los hechos que riñen con la ley. Para eso, es que están las autoridades judiciales para investigar e imponer las sanciones correspondientes. Es un reflejo de la profunda debilidad de nuestras instituciones públicas.

Una vez más, las ruedas de prensa convocadas por el gobierno excluyen a directores de medio que han sido los protagonistas de las denuncias públicas. Y, por otra parte, el contraste del menú del almuerzo con el tema objeto de la rueda de prensa deja mucho que desear de un país que debe estar en un serio plan de austeridad, y no derrochando los recursos públicos.

Todavía falta mucho por ver.

Revisando la Ley 498-08 de Presupuesto del 2009, me he dado cuenta que hábilmente el gobierno dominicano colocó los Bonos Soberanos en el referido texto legal, el cual fue aprobado en diciembre del 2008, sin que ahora sea necesario que la nueva emisión de Bonos Soberanos reciba la aprobación congresional. Lo hizo, al estilo sombrilla, es decir, se hizo aprobar una protección legal que le permite cubrir la nueva emisión de estos bonos. En efecto, el artículo 24 de la Ley establece lo siguiente (le he agregado unas notas al final de cada texto):

«Se autoriza a la Secretaría de Estado de Hacienda, en cumplimiento con lo establecido en el Párrafo II del Artículo 37 y el Artículo 38 de la Ley No.423-06 sobre Presupuesto y el Artículo 21 de la Ley No.6-06 sobre Crédito Público, la contratación de las siguientes operaciones de crédito público para obras de infraestructuras por un monto de un mil novecientos millones de dólares (US$1,900,000,000):

1) Con organismos multilaterales, por un monto máximo de doscientos millones de dólares (US$200,000,000) a la tasa de interés LIBOR más un margen compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años de amortización. Esto se refiere a los préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

2) Con organismos bilaterales, por un monto máximo de doscientos millones de dólares (US$200,000,000) a la tasa de interés LIBOR más un margen compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años de amortización. Esto se refiere a los préstamos con Brasil, Colombia y Venezuela.

3) Con instituciones bancarias internacionales, por un monto máximo de un mil quinientos millones de dólares (US$1,500,000,000) a la tasa de interés LIBOR más un margen compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años de amortización.» Aquí están incluídos los Bonos Soberanos.

El Congreso Nacional, con mayoría oficial, aprobó estos mecanismos desde diciembre, sin conocer detalles sobre con quiénes se va a negociar y las condiciones de los mismos. En virtud de la disposición legal antes mencionadas, solo se exige que los mismos sean para «obras de infraestructura».

La zafra ya se inició. Ya fue contratada el agente de inversiones y la firma de abogados que harán las representaciones por parte del Gobierno Dominicano, quien ya emitirá los primeros Quinientos millones de dólares (US$500,000,000), todo dentro de la estrategia electoral del gobierno de mantener la mayoría en el Congreso y los municipios en el 2010.

Con tantos compromisos políticos, como consecuencia de la reelección presidencial del año pasado, a nadie debe sorprender que, en este gobierno que dice una cosa y hace otra, la nómina del gobierno central supera los RD$5,000 millones, para una cantidad de 551,215 empleados públicos.

Estos datos se desprenden, según consta en la noticia antes mencionada, del análisis de las nóminas de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Estado de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado de Agricultura, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Secretaría de Estado de Turismo, la Secretaría de Estado de La Mujer, la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado de la Juventud, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Educación Superior, la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Secretaría de Estado de Administración Pública, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Estado de Deportes y la Secretaría de Estado de Hacienda.

Solo en un párrafo de la mencionada noticia, se menciona que, adicionalmente a los RD$5,000 millones de la nómina central, «las instituciones descentralizadas se llevan RD$2,000 millones en nómina», y cita, entre las instituciones descentralizadas, al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (8,768 empleados), Banco de Reservas (6,958 empleados), Lotería Nacional (2,708 empleados), el Instituto Agrario Dominicano (3,192 empleados), Inespre (1,924 empleados) y el Instituto de Aviación Civil (1,727 empleados). Datos actualizados a diciembre de 2008, indica la noticia.

Pero, ¿qué resulta? Que estas no son todas las instituciones descentralizadas ni autónomas. Ahí falta la Refinería Dominicana de Petróleo, el Banco Central de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, las Empresas Generadoras de Electricidad, Edenorte, Edesur, EdeEste, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos, el Banco Nacional de la Vivienda, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Oficina Metropolitana de Transporte, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, entre otros.

Sin contar todas las instituciones descentralizadas y autónomas, que deben estar sometidas al rigor de la transparencia administrativa, la nómina (sumando la pública y la descentralizada) está por los RD$7,000 millones de pesos mensuales, dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos. Que quede claro, aquí solo estoy haciendo referencia a la nómina, sin incluir asesorías, contrataciones de servicios y otros esquemas contables financieros que encubren nombramientos y designaciones.

Y, cómo si esto fuera poco, aquí no están incluidas las nóminas del Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Urge consolidar la nómina del Estado, incluyendo la de las instituciones descentralizadas y autónomas, para que hagamos conciencia de la carga pesada que significa este gigante que es el gobierno dominicano, y las medidas y decisiones fuertes que hay que tomar para reducirlo.

Con las explicaciones ofrecidas ayer por el gobierno sobre la venta del 49% de sus acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (Refidomsa), en el sentido de que la venta será por US$130 millones (¡cómo le encanta este número al gobierno!) y que la misma sería pagada al Estado por los montos correspondientes a la porción de contado de las facturas de compra de los productos que el país debe pagar a través del Acuerdo de Petrocaribe, me surgen las siguientes preguntas:

– ¿Cuánto le costó al gobierno dominicano la compra de las acciones de la Shell, que era la antigua propietaria del 49% de estas acciones que ahora se venden a Venezuela?

– ¿Con qué recursos pagó el gobierno este monto total a la Shell, es decir, fue con recursos propios, o hubo un financiamiento o un arreglo con algún gobierno extranjero para esta transacción?

– Si es como dice el gobierno que para vender el 49% de las acciones de Refidomsa (que es una empresa propiedad 100% del Estado dominicano) a Venezuela no se necesita cumplir con la Ley de Contratación Pública 340-06, porque se trata de un «acto de comercio», y «no un acto administrativo del Estado», ¿y no se supone que es el Estado, entidad de derecho público, el «receptor» final de estos US$130 millones?¿No habría entonces que haber hecho una licitación pública, o es que el Estado puede recibir recursos económicos sin distinguir el origen y el concepto del mismo, y sin previamente haber pasado por un proceso debido de transparencia?

– El acuerdo plantea que el gobierno dominicano incrementará la compra de 30,000 barriles a 50,000 barriles diarios a Venezuela, y que, en tres meses, el Estado dominicano recibirá los US$130 millones por concepto del 49% de la venta de las acciones. ¿Estamos «vendiendo» el 49% de las acciones a cambio de incrementar la deuda con Petrocaribe? Lo cual me lleva a la última pregunta:

– Señores del gobierno, ustedes que manejan información privilegiada, pero que debe ser pública, ¿A cuánto asciende la deuda, al día de hoy, del gobierno dominicano con Petrocaribe? ¿A qué se han destinado los recursos económicos que ha recibido el gobierno dominicano por el Acuerdo de Petrocaribe?

El gobierno haría un servicio invaluable al país si diera respuesta a estas preguntas.

ACTUALIZACION: Otra pregunta: ¿En cabeza de quién puede creerse que el monto de la venta del 49% de las acciones de Refidomsa puede valer US$130 millones de dólares cuando, solo para que se tenga un valor referencial, el monto de la deuda de la CDEEE con los generadores es de US$535 millones? o ¿Es que Refidomsa vale tan poco, sino pregunténle a la Shell Company?

Esta semana he dedicado uno, dos y tres apuntes sobre la realidad de las finanzas públicas, y la necesidad de que sea el gobierno que se sacrifique, en vez de querer cargar más a la mayoría de los dominicanos con más préstamos y posiblemente más impuestos. El presidente Leonel Fernández debe imitar el ejemplo del presidente Mauricio Funes quien anunció ayer serias y drásticas medidas de austeridad. Así comienza la crónica:

Nada de fiestas de fin de año, celebración por el día de la secretaria, del contador o de la enfermera; se acabaron las amenas y extensas charlas por teléfono móvil y los seminarios pagados por el Gobierno –a menos que esté relacionado al trabajo que el empleado desempeña— y no más bonos ni vales de consumo o para combustible. Eso se acabó.

Solo con estas medidas el gobierno de Funes se va a ahorrar US$75 millones de dólares en seis meses. Aunque la economía salvadoreña está dolarizada, pero el tamaño del Estado es más o menos similar al nuestro, por lo que, de implementar seriamente un plan de austeridad, el gobierno dominicano, incluyendo las entidades autónomas o descentralizadas, podría ahorrarse una cifra idéntica.

Y basta preguntarnos, ¿cuánto gasta el gobierno en celulares? ¿cuánto gasta el gobierno en combustibles? ¿cuánto gastó el gobierno en la celebración del «Día de las Secretarias», o el «Día de las Madres»? ¿cuánto gasta el gobierno en «viáticos» y «gastos de representación»? ¿cuántos carros oficiales están ahora mismo estacionados en los parqueos institucionales por ser fin de semana? ¿O cuántos carros «oficiales» están circulando con placas privadas «sobrepuestas» en actividades distintas a las institucionales? ¿cuántos funcionarios viajan en Primera Clase? ¿cuántos funcionarios viajan en clase económica? ¿cuántos funcionarios viajan en jets alquilados por el gobierno?¿cuánto gasta el gobierno en el patrocinio de conciertos de música, que no precisamente son de melodías propias de la tradición cultural dominicana? ¿cuánto gasta el gobierno comprando material gastable? ¿cuánto gasta el gobierno en publicidad? ¿cuánto gasta el gobierno en la adquisición de flotas de vehículos y autobuses?

Es claro que, en términos reales, este ahorro no se compara con otros «ahorros» que pudieran hacerse si existiera voluntad política para enfrentar la corrupción pública y privada. Pero, sería demasiado pedirle a una Administración que ni siquiera ha respetado sus propias normas administrativas, y que ha violado sus propias leyes de austeridad.

Adoptar medidas de austeridad como las que ha anunciado el presidente Funes en El Salvador, e implementarlas con seriedad, sería un buen paso. De lo contrario, Boquechivo tiene razón cuando asimila al gobierno a un árbol de limoncillo.

El panorama sobre lo que nos espera en el futuro cercano ya está sobre la mesa. El Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás ha planteado hoy la necesidad de crear más impuestos para aumentar los ingresos oficiales. El planteamiento lo ha disfrazado con un tema de importancia capital, el de la educación, argumentando que el gobierno no está en condiciones de asumir el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, tal como lo dispone la ley.

Lo ha hecho de una forma hábil, pero que quede claro, el sacrificio ahora le corresponde al gobierno, no a los ciudadanos, que ya no aguantan más cargas ni más impuestos. El gobierno tiene múltiples vías para hacer frente a los compromisos que tiene, incluyendo el de la educación: Aplicar un plan de austeridad, serio y responsable, recortar el gasto del gobierno en publicidad, congelar la nómina, reducir los salarios de lujo, y suspender los megaproyectos.

Los ciudadanos siempre hemos cumplido con nuestra parte, y seguiremos pagando nuestros impuestos, pero no más impuestos. Ahora le corresponde al gobierno asumir su cuota de sacrificio.

Hace unos días me referí a esto. Que no se vaya nadie a confundir, aún en el medio del bombardeo mediático sobre la crisis económica, o de la reforma constitucional, o del actual conflicto con Haití, o de que se va o no se va al FMI, o de la siempre crisis en la energía eléctrica, o de la competencia interna en los partidos políticos, o con algunas distracciones públicas de las que nos tiene acostumbrado el gobierno, sobre esto, no se puede ser indiferente: PLD involucrado en 102 expedientes de corrupción.

Estos son los casos públicos, o mejor dicho los que se filtran en los medios con motivo de la lucha de intereses políticos y económicos que existe en el gobierno, pero ahí no están las concesiones, los contratos, los préstamos (como el de la Sun Land) que son los que han producido los cambios en los patrones de conducta de la mayoría de los funcionarios públicos. Con paciencia y firmeza, y sobre todo con dignidad, la verdad saldrá como los rayos del sol.

Desde España, el presidente Leonel Fernández ha declarado que le parece que cuatro años es poco tiempo para poder dejar huellas en un proyecto político determinado. Si esta afirmación la hubiese dicho alguien que nunca hubiese estado en el poder, pudiera ser admitida, en principio. Sin embargo, quien ha hecho estas declaraciones, ha estado, nada más y nada menos, que 3,190 días en el ejercicio del poder (1996-2000, 2004-2008 y 9 meses desde el 16 de agosto de 2008), y le restan en el actual período unos 1,190 días. Al final de su mandato, el presidente Fernández habrá estado 4,380 días, un récord en la vida política del país.

Y aún así, él se muestra partícipe de la reelección por dos períodos consecutivos, pudiendo ser electo, luego de un período fuera del ejercicio de gobierno, aunque advierte su apoyo al pacto firmado el pasado jueves, que elimina la reelección presidencial consecutiva. Probablemente, lo que esté pasando es que este gobierno ha hablado mucho, con cantidad innumerable de discursos y proyectos presentados de manera virtual, y ha habido poca acción, salvo obras no prioritarias como el Metro de Santo Domingo, que el país no estaba en condiciones financieras de hacerlas. Ahora, estamos viendo los resultados con unas finanzas públicas en estado muy delicado para enfrentar la crisis.

La alternabilidad política, dada la historia caudillista y continuista de los gobernantes dominicanos (con las consabidas excepciones), es la única solución que tiene el sistema político nacional para fortalecer la democracia. Y lo que queda es que los gobiernos deben ejecutar sus programas de gobierno, concentrarse en su obra de gobernar, construir la institucionalidad, ejecutar buenos códigos de políticas públicas, con transparencia y sin corrupción, y hablarle al país sobre nuestras realidades, sin ilusiones, pero con esperanza.

Cuatro años es tiempo suficiente para sembrar huellas, siempre que se dedique exclusivamente a la ardua tarea de gobernar, consciente de que, como he dicho en otras oportunidades, el poder es transitorio, es como una sombra que pasa.