Apuntes de Orlando Jorge Mera

A propósito de la noticia publicada por Diario Libre en el sentido que las obras que iban a ser construidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el préstamo de la Sun Land, están totalmente paralizadas, hoy por la mañana, estuve dentro de la UASD, y tomé estas fotos que comparto con ustedes. Una demostración de los daños colaterales causados, cuando desde el gobierno, se hace negocios oscuros, ilegales e inconstitucionales. Desde que hicimos esta denuncia hasta la fecha, he escrito alrededor de cincuenta apuntes, y aún hoy, luego de ver estas obras paralizadas, tengo que preguntarme, ¿dónde están los US$130 millones de dólares?

La noticia publicada originalmente por O Estado de Sao Paulo, y difundida en español por El Mercurio de que Brasil bate record de despidos por corrupción, motiva el apunte de hoy. Desde que el presidente Lula llegó al poder en el 2003, 2,179 funcionarios y empleados públicos han sido expulsados del gobierno por ejercer sus funciones para su provecho personal o por el cobro de soborno. El desglose es el siguiente: 1,878 han sido por despidos sumarios; 169 destituciones; y 132 suspensiones de jubilaciones. Por año, el promedio ha sido de 311 funcionarios y empleados sacados del gobierno.

Alguien pudiera pensar que estas cifras pudieran responder a casos que no sean de alta notoriedad, pero lo cierto es que se trata de una interesante exhibición de voluntad política para combatir y reducir la corrupción. Es el reflejo de que el gobierno brasileño funciona, que existen instituciones fuertes. De algo estoy seguro, en Brasil, hay menos corrupción que antes del 2003, y más transparencia. Obviamente, Lula ha sabido enfrentar con firmeza los casos que han salpicado al Partido de los Trabajadores, a sus congresistas y algunos funcionarios del gabinete.

Es un contraste muy claro con la ausencia de voluntad política para combatir la corrupción en el gobierno dominicano, que no puede exhibir una sola estadística que demuestre lo contrario. Muchos discursos, muchas justificaciones tratando de explicar lo inexplicable, pero no hay una sola acción. Veamosnos en el espejo de Brasil, y fortalezcamos nuestras instituciones para combatir, reducir y eliminar la escandalosa corrupción que existe en el sector público.

Esta foto fue tomada y distribuida por AP, pero extrañamente no la pude encontrar en ningún sitio oficial. Ni en la Presidencia de la República Dominicana ni en la Presidencia del Estado de Israel. Solo fue publicada en la primera plana del periódico dominicano El Día, de ayer, pero no está en su página de internet. Lo atribuyo al hecho de que, si bien es la foto que recoge la reunión oficial del presidente Leonel Fernández con el presidente Shimon Peres, la misma, a mi juicio, no es una buena foto. El semblante de ambos presidentes, sus gestos con las manos, revelan que ambos físicamente están en el lugar, pero mentalmente están en otro sitio. Indudablemente, esta foto, sin palabras, dice mucho.

El presidente Leonel Fernández ya nos tiene acostumbrados a reaccionar, luego del «palo dado». Ya lo dijo ayer: No habrá licitación en la venta del 49% de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. E hizo una explicación, desde su punto de vista, sobre esta transacción.

Lo interesante de todo esto es cómo, cada vez que el gobierno está involucrado en un conflicto en el que se cuestiona su falta de transparencia, siempre la respuesta ha sido por la tangente, sobre la base de algún argumento jurídico novedoso. En el caso de la Sun Land, nunca se supo dónde está el dinero ni cómo la empresa privada que recompró los pagarés finalmente le pagará al Estado, pero se nos dijo que sólo el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados tenían el derecho de cuestionar la constitucionalidad de este préstamo.

Ahora, el presidente Fernández, quien tiene muy buenos abogados, expertos en doctrina jurídica, nos acaba de dar otra lección en el sentido de que quiénes defendíamos que esta venta del 49% de las acciones de Refidomsa tenía que ser objeto de una licitación pública, estábamos equivocados, pues, en este caso, «este acto de venta constituye un acto de comercio y no un acto administrativo del Estado sometido al proceso de licitación previsto y reglamentado por la Ley No.340-06, de Compras y Contrataciones Públicas». (Es una lástima que los espacios pagados por el gobierno, como el publicado el lunes 22 de junio de 2009, en la página 5-A, del Listín Diario, no estén disponibles en la red para que se pudiese leer íntegramente la más acabada doctrina sobre la opinión jurídica de los abogados del gobierno).

Notése que no nos han dicho absolutamente sobre el fondo de la transacción con el gobierno de Venezuela, es decir, si la venta incrementará la deuda del Estado con Petrocaribe, cómo será la gobernabilidad de Refidomsa a partir de tener un socio que tenga el 49% de acciones, está o no involucrado el gobierno de Venezuela en la compra original de las acciones de la Shell, entre otras interrogantes.

Al contrario, resulta que, al decir del gobierno, como se trata de un acto hecho por el Estado comerciante, no hay ni siquiera que obtener la aprobación del Poder Legislativo, sino que «será informado al Congreso», para cumplir estrictamente con una formalidad.

Pero, ¿qué curioso? Si para que el Estado compre lapiceros, que es un acto de comercio, la Ley de Licitación Pública exige una licitación para determinar quién será el suplidor, ¿no será lo mismo para determinar el comprador de las acciones que tiene el Estado en una empresa, que de por sí, es de capital público?

Todavía quedan muchas preguntas sin responder, que ayer era el escenario ideal para que el gobierno despejase todas las dudas. Por cierto, ¿cuál habrá sido el papel del Banco de Reservas en la compra de las acciones de la Shell? ¿Quién pagará ese financiamiento del Banco de Reservas, si es que en efecto lo hubo? ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con Petrocaribe? ¿Qué es lo todo lo que involucra la venta del 49% de acciones de Refidomsa? ¿Incluye la distribución de combustible?

Finalmente, no sé si esto coincide o está vinculado a la venta del 49% de acciones en Refidomsa, pero Venezuela pone al servicio de República Dominicana el servicio satelital Bolívar.

Continuaré dando seguimiento a este interesante tema.

Para que lo dicho ayer por el presidente Leonel Fernández se convierta en una realidad, lo primero que tiene que hacer es predicar con el mismo ejemplo de sus palabras. He aquí una parte de lo expresado por el presidente:

«A la administración pública dominicana lo que le hace falta es la creación de un sistema organizado, uniforme, homogéneo, con disciplina. Hasta que no logremos eso el país no va a dar el salto que necesitamos que dé, pero eso se aprende, se practica y se ejecuta.»

En otras palabras, necesitamos instituciones fuertes, que apliquen la ley, al margen de los intereses que se crean en torno a determinadas obras y concesiones. Cuando el presidente Fernández anunció la Segunda Línea del Metro, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con esta obra (sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la crisis global y local, y las prioridades del país), se suponía que se convocaría a una licitación pública para fines de las concesiones que debe otorgar el Estado para la ejecución de la referida obra, todo de acuerdo con la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Hago notar que esta ley no solo regula las compras, sino las contrataciones de servicios, obras y concesiones.

¿Por qué el gobierno no ha convocado todavía estas licitaciones públicas? ¿A cuánto asciende el monto total de estas concesiones? ¿Existe voluntad política en el gobierno de convocar a estas licitaciones públicas? ¿Cuándo se convocará estas licitaciones públicas? ¿Qué opinan los abogados del gobierno sobre esto? ¿Qué opina la Secretaría de Hacienda?

Este apunte queda sin conclusión hasta ver el desarrollo de los acontecimientos, los cuales tendrán de testigos a la historia. Pero, que quede claro: Además de las palabras, hay que tener coherencia en los hechos. De lo contrario, estaremos en más de lo mismo.

Todo comenzó con la noticia de que el presidente Leonel Fernández iría a la reciente Cumbre de Petrocaribe a plantear que República Dominicana pagaría su factura petrolera con turismo y habichuelas. Al salir de la Cumbre, surge la noticia de que República Dominicana venderá el 49% de sus acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo a Venezuela. Mi posición está externada en estas declaraciones publicadas en Diario Libre de hoy.

Solo quiero reiterar lo siguiente: Sin ningun tipo de transparencia, un tema de alta incidencia en la seguridad y en la producción nacional, el gobierno decide tomar esta decisión, colocando todos los huevos en una sola canasta. Ahora resulta que Venezuela que es dueña de Petrocaribe, y que es la principal suplidora de petróleo para nuestro país, también tendrá incidencia en la comercialización y distribución del petróleo en el país. Que conste que mi posición no está vinculada a la actual política venezolana, sino que está fundamentada eminentemente en la visión estratégica que debemos tener como país.

¿O es que le estamos pagando nuestra factura petrolera, o más bien la cuantiosa y voluminosa deuda que tiene el gobierno dominicano con Venezuela con el 49% de las acciones de Refidomsa? El gobierno tiene que ser transparente, hablar con claridad, y dar respuesta a tantas inquietudes legítimas sobre esta operación, que, si estuviéramos en otra nación, debía ser conocida por el Congreso Nacional.

Esta semana he dedicado uno, dos y tres apuntes sobre la realidad de las finanzas públicas, y la necesidad de que sea el gobierno que se sacrifique, en vez de querer cargar más a la mayoría de los dominicanos con más préstamos y posiblemente más impuestos. El presidente Leonel Fernández debe imitar el ejemplo del presidente Mauricio Funes quien anunció ayer serias y drásticas medidas de austeridad. Así comienza la crónica:

Nada de fiestas de fin de año, celebración por el día de la secretaria, del contador o de la enfermera; se acabaron las amenas y extensas charlas por teléfono móvil y los seminarios pagados por el Gobierno –a menos que esté relacionado al trabajo que el empleado desempeña— y no más bonos ni vales de consumo o para combustible. Eso se acabó.

Solo con estas medidas el gobierno de Funes se va a ahorrar US$75 millones de dólares en seis meses. Aunque la economía salvadoreña está dolarizada, pero el tamaño del Estado es más o menos similar al nuestro, por lo que, de implementar seriamente un plan de austeridad, el gobierno dominicano, incluyendo las entidades autónomas o descentralizadas, podría ahorrarse una cifra idéntica.

Y basta preguntarnos, ¿cuánto gasta el gobierno en celulares? ¿cuánto gasta el gobierno en combustibles? ¿cuánto gastó el gobierno en la celebración del «Día de las Secretarias», o el «Día de las Madres»? ¿cuánto gasta el gobierno en «viáticos» y «gastos de representación»? ¿cuántos carros oficiales están ahora mismo estacionados en los parqueos institucionales por ser fin de semana? ¿O cuántos carros «oficiales» están circulando con placas privadas «sobrepuestas» en actividades distintas a las institucionales? ¿cuántos funcionarios viajan en Primera Clase? ¿cuántos funcionarios viajan en clase económica? ¿cuántos funcionarios viajan en jets alquilados por el gobierno?¿cuánto gasta el gobierno en el patrocinio de conciertos de música, que no precisamente son de melodías propias de la tradición cultural dominicana? ¿cuánto gasta el gobierno comprando material gastable? ¿cuánto gasta el gobierno en publicidad? ¿cuánto gasta el gobierno en la adquisición de flotas de vehículos y autobuses?

Es claro que, en términos reales, este ahorro no se compara con otros «ahorros» que pudieran hacerse si existiera voluntad política para enfrentar la corrupción pública y privada. Pero, sería demasiado pedirle a una Administración que ni siquiera ha respetado sus propias normas administrativas, y que ha violado sus propias leyes de austeridad.

Adoptar medidas de austeridad como las que ha anunciado el presidente Funes en El Salvador, e implementarlas con seriedad, sería un buen paso. De lo contrario, Boquechivo tiene razón cuando asimila al gobierno a un árbol de limoncillo.

La respuesta a mi apunte de ayer nos la acaba de dar el Secretario de Estado de Hacienda: El gobierno emitirá bonos soberanos por US$1,000 MM. Es la culminación de una serie de informaciones ofrecidas a cuenta gotas por el gobierno que evidencia claramente el curso que tomará la economía: Con bajas recaudaciones, un gobierno endeudado, que no quiere ir al Fondo Monetario Internacional, el país recurrirá nuevamente a los bonos soberanos, en la peor crisis económica global desde la depresión de 1929.

Parece que los funcionarios del gobierno sufren de amnesia o se les ha olvidado las acusaciones que hicieron a comienzos de su segundo mandato en el 2004, y que todavía resonaban en los mítines de campaña de 2008, contra los que endeudaron la nación con los bonos soberanos.

El panorama está muy claro. Incluso, el propio Secretario de Hacienda al ofrecer sus declaraciones, ha justificado recurrir a los bonos soberanos porque los préstamos y los desembolsos del Banco Mundial toman mucho tiempo en materializarse. Al mismo tiempo en que ofrecía estas declaraciones, funcionarios del Banco Mundial estaban reunidos con el gobierno negociando los montos y desembolsos de este año. Pero, más allá de estas declaraciones, lo cierto es que el gobierno ha fracasado en la gestión de planes de financiamiento con las entidades que había anunciado el presidente Fernández en su discurso del pasado 27 de febrero, precisamente por el delicado estado de las finanzas dominicanas, agravado por el entorno internacional.

La realidad es que el gobierno necesita recursos, pues todavía no nos recuperamos de la carga pesada que implicó imponer la releección presidencial. Pero, ante las elecciones del 2010, hay que buscar recursos para querer nueva vez, usar los fondos públicos con fines políticos, y continuar la carrera indetenible del endeudamiento público.

Pero, no se quiere ir al Fondo Monetario Internacional, para tener la mano libre en el uso de los fondos públicos, sin tener ningún plan de austeridad ni de control, y, en su lugar, se prefiere endeudar al país con bonos soberanos, en un momento muy difícil en los mercados financieros globales, que sientan poca atracción ante estos instrumentos negociables.

Dejo constancia de mi oposición a la emisión de esta nueva intención de emitir bonos soberanos para seguir endeudando desenfrenadamente al país, sin ninguna visión de futuro. Mientras todo esto acontece, sigamos con los cinturones bien, pero, muy bien, apretados, pues todavía no hemos tocado fondo.

Hace unos días atrás, el presidente Leonel Fernández había expresado que no era necesario suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dado que las finanzas públicas están en condiciones de afrontar la crisis. Hoy, el Secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, reitera que la razón de no firmar un acuerdo con el FMI es que éste organismo haría eliminar los incentivos y exenciones fiscales a los empresarios, al tiempo de reafirmar que no hay problemas en la balanza de pago. La realidad es que no es ni lo primero ni lo segundo, sino lo tercero: El gobierno rechaza el FMI para poder gastar a su discreción en las elecciones congresuales y municipales del 2010. La carga continuará incrementándose sobre los hombros de la mayoría de los ciudadanos.

A propósito de las elecciones europeas de este domingo, en España se está produciendo un debate que, a mi juicio, llega un poco retrasado, pues por estas latitudes, ya el tema ha sido suficientemente debatido y en vías de solución. Resulta que en España se debate sobre el uso por parte del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del avión presidencial cuando realiza actividades en campaña. Dicho en otras palabras, ¿cuándo no es presidente Zapatero?

Increíblemente, un país con instituciones fuertes, como España, no tiene ninguna regulación sobre el uso de los recursos del Estado en actividades electorales, de manera especial, por parte del presidente del gobierno. Entonces, en el debate, está de que si lo debe pagar el partido político a que pertenece el presidente o de que si, aunque sea en campaña, el presidente sigue siendo presidente. A juzgar por la encuesta hecha sobre este tema por El País, los resultados están muy cerrados, cada lado, con un 49%. Es un tema que tiene dividida a la opinión pública, y no dudo que, dadas las cercanías con las elecciones del domingo, la encuesta, como es lógico, refleje la realidad electoral.

Zapatero no ha sido políticamente correcto con este tema. En medio de la crisis económica que padece España, aunque los últimos números son alentadores respecto a la cantidad de empleos recuperados en el mes de mayo, debió enviar una señal cónsona con la realidad del momento, y que, tal como acontece en Estados Unidos de América, su partido costeara los vuelos del avión Falcon.

Hace casi un año, y después de la experiencia que vivimos en nuestro país con el uso y abuso de los recursos del Estado para imponer la reelección del presidente Leonel Fernández, escribí un apunte sobre los ejes de la reforma electoral en la República Dominicana, y expresé:

El Estado no puede ser usado, sin ningún tipo de control, durante los procesos electorales para favorecer o desfavorecer a partidos políticos, sobre todo, con la reelección presidencial.

La experiencia acumulada en la República Dominicana, país con una extraordinaria debilidad institucional, y guardando todas las distancias con España, ejemplo de democracia parlamentaria, nos obligó a buscarle una solución definitiva a este problema: Prohibir la reelección inmediata o consecutiva, lo cual debe aprobarse en la actual reforma constitucional. Esto debe estar unido a la inclusión de las necesarias garantías electorales en la Constitución y en la Ley para asegurar que, en ningún nivel de elección, se produzca uso de los recursos del Estado, sin sanción.

Aunque son hechos distintos y distantes, la experiencia que está viviendo Zapatero hoy en España nos debe servir para vernos en ese espejo respecto al presente y al futuro de nuestra democracia. Y es que, en definitiva, todo en la vida es transitorio, incluyendo el poder, que no es para siempre.