Apuntes de Orlando Jorge Mera

Leyendo ayer a Nicholas D. Kristof en el New York Times, en su columna titulada Lettuce from the Garden, with Worms, me ha referido al documental Food, Inc., del cual comparto con ustedes este video que tiene un resumen apretado del mismo. Es indudable que, desde la revolución agrícola, pasando luego por la revolución industrial, y siendo testigos de la revolución informática y tecnológica, los alimentos del campo están viviendo su transformación más extrema. ¿Hasta qué punto el tomate que me he comido hoy o me comeré mañana es realmente un tomate? La tecnología es buena, pero el campo es la naturaleza misma. Este documental hay que verlo. Así tendremos mayor conciencia.

A propósito de esto y de esto, comparto con ustedes esta frase de Carlos Peña, reconocido intelectual chileno, reproducida de su artículo titulado Un baño de realidad:

«La política es la actividad humana en la que, con mayor frecuencia, los deseos arriesgan confundirse con la realidad; lo que es deseable con lo que es posible; lo que debe ser con lo que simplemente es; lo que uno quiere con lo que hay».

Es la realpolitik, aunque revele también la insorpotable levedad del ser.

Quien ha pasado por el dolor de perder a un familiar (padre, madre, esposa/o, hijo/a, hermano/a), sabe lo difícil que es vivir el momento de enfrentar la realidad de una despedida, muchas veces, inesperada. Más grave aún, cuando el familiar ha sido asesinado, y más cuando el asesino es un grupo terrorista. Comparto con ustedes este video que contiene el discurso pronunciado por Francisca, la esposa de Eduardo Puelles, quien fue asesinado el pasado viernes en el País Vasco, por la banda terrorista ETA. Un discurso valiente y memorable. Es breve, impactante y lleno de valor.

Vía Netoratón.

A raíz de las elecciones de Irán en las que, en medio de denuncias de fraude, Mahmund Ahmadineyad fue reelecto a un segundo período, con un 62.63%, en contra de Mir Hosein Musarí, quien obtuvo un 33.75%, la comunidad internacional ha expresado sus dudas sobre los resultados electorales. Gracias a las redes sociales, particularmente Twitter, nos hemos enterado de los acontecimientos y protestas que se han venido aconteciendo en Irán, a pesar de la censura y del bloqueo dispuesto por el gobierno iraní.

Las elecciones han provocado una fractura social en Irán, tal como señala El País de hoy, y se debate entre miles y miles de ciudadanos que quieren nuevas elecciones, y entre un gobierno, en el que el Islám es el alma del Estado, que no está dispuesto a convocar nuevas elecciones, y que, por el contrato, ve todo esto, como un hecho cumplido. No obstante, las protestas siguen, y ya se cuentan muertos.

Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Irán? ¿Por qué se habla de fraude? A pesar de que la mayoría de los medios digitales se han ocupado de resaltar las protestas, he encontrado en el blog de Brad, una descripción de lo que realmente sucedió:

«A less than popular old-line incumbent facing massive public demonstrations against him and in favor of his main progressive challenger promising reform; polls that suggest a swell of support for the challenger; unprecedented turnout on Election Day; long lines at polling places; paper ballot shortages and names missing from voter rolls; widespread rumors, concerns, and evidence of voter intimidation and vote-rigging, all accompanied nonetheless by a general feeling among the populace that the incumbent has been turned out, only to learn from officials, late on Election Night, after secret vote counting, that the incumbent has been declared the winner of a second term».

Es decir, que el fraude electoral estuvo concentrado en enviar a las mesas electorales menos boletas que el promedio de electores supuesto a ir a votar, y por otra parte, hubo exclusiones en las listas de electores, o mejor dicho, en el padrón electoral.

Fue lo mismo que pasó en la República Dominicana en 1994, en las elecciones presidenciales en las que el gobernante de turno, Joaquín Balaguer, articuló, junto a otras fuerzas oscuras, un masivo fraude electoral, para impedir que José Francisco Peña Gómez ganara las mismas. Me recuerdo que una de los elementos del fraude fueron las masivas exclusiones del padrón electoral, es decir, votantes que no pudieron ejercer su derecho al voto. Todo esto provocó que, con la intervención de la Organización de Estados Americanos, se hiciera un pacto político que reformó la Constitución y que se convocaran a elecciones en 1996.

Dos diferencias son muy notables entre lo que sucedió aquí en 1994 y lo que está aconteciendo en Irán actualmente. Primero, la oposición iraní está muy dividida, y no hay un liderazgo alternativo que pueda aglutinar las distintas fuerzas y corrientes políticas y religiosas, que pueda provocar una salida a la actual fractura social. Y, segundo, en las elecciones dominicanas de 1994, hubo observadores electorales internacionales que certificaron el fraude, lo que no ha sucedido en Irán, como consecuencia de las medidas antidemocráticas del régimen iraní.

Este es el momento en que, por ejemplo, no he visto un acta de una mesa electoral en Irán en la que se pudiera apreciar el fraude. ¿Es que no había presencia de delegados de los candidatos presidenciales en cada mesa electoral? Esto fue un factor crucial para demostrar el fraude electoral en el 1994.

Los episodios que está viviendo Irán no terminarán por ahora. Es el inicio de un ciclo de cambios que se producirá en esa gran nación, promovido básicamente por los movimientos juveniles iraníes. Lo curioso de todo esto, es cómo Irán está viviendo en el 2009 lo que ya la República Dominicana vivió en 1994, hace 15 años.

ACTUALIZACION I: Por fin, el «think tank» británico, Chatham House, publica su informe en el que demuestra el fraude electoral en Irán. Hubo provincias en las que «votó» el 100% de la lista de electores. En otras provincias, no guarda relación la cantidad de electores con los resultados electorales. Esto era lo que hacía falta. Se acerca la hora de la verdad en Irán, y los cambios profundos en el sistema político, cada día, son y serán una realidad.

ACTUALIZACION II: Irán admite discrepancias electorales en alrededor de 3 millones de votos. Ya esto es suficiente para convocar nuevas elecciones.

La Magistrada Sara Henríquez Marín, Juez Presidenta del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, con su decisión de suspender la licencia y los trabajos de construcción de la Cementera en los Haitises, acaba de demostrar lo importante que es tener instituciones fuertes que respeten la ley y los procedimientos. El caso no ha concluido, pero su sentencia, en medio de un país caracterizado por la imposición de los deseos y las voluntades del poder, enaltece la sagrada misión de juzgar.

Para el récord, aquí está mi posición sobre este caso.

La foto es de Diario Libre.

ACTUALIZACION: Ante la inquietud de un amigo, que leyó este apunte, sobre si la decisión de la Juez es apelable, confirmo que, dado que se trata de una decisión cautelar, que es mientras dure el conocimiento de un proceso administrativo, la misma es ejecutoria, y no está sujeta a apelación, de conformidad a la Ley No.13-07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

Para que lo dicho ayer por el presidente Leonel Fernández se convierta en una realidad, lo primero que tiene que hacer es predicar con el mismo ejemplo de sus palabras. He aquí una parte de lo expresado por el presidente:

«A la administración pública dominicana lo que le hace falta es la creación de un sistema organizado, uniforme, homogéneo, con disciplina. Hasta que no logremos eso el país no va a dar el salto que necesitamos que dé, pero eso se aprende, se practica y se ejecuta.»

En otras palabras, necesitamos instituciones fuertes, que apliquen la ley, al margen de los intereses que se crean en torno a determinadas obras y concesiones. Cuando el presidente Fernández anunció la Segunda Línea del Metro, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con esta obra (sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la crisis global y local, y las prioridades del país), se suponía que se convocaría a una licitación pública para fines de las concesiones que debe otorgar el Estado para la ejecución de la referida obra, todo de acuerdo con la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Hago notar que esta ley no solo regula las compras, sino las contrataciones de servicios, obras y concesiones.

¿Por qué el gobierno no ha convocado todavía estas licitaciones públicas? ¿A cuánto asciende el monto total de estas concesiones? ¿Existe voluntad política en el gobierno de convocar a estas licitaciones públicas? ¿Cuándo se convocará estas licitaciones públicas? ¿Qué opinan los abogados del gobierno sobre esto? ¿Qué opina la Secretaría de Hacienda?

Este apunte queda sin conclusión hasta ver el desarrollo de los acontecimientos, los cuales tendrán de testigos a la historia. Pero, que quede claro: Además de las palabras, hay que tener coherencia en los hechos. De lo contrario, estaremos en más de lo mismo.

Con las explicaciones ofrecidas ayer por el gobierno sobre la venta del 49% de sus acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (Refidomsa), en el sentido de que la venta será por US$130 millones (¡cómo le encanta este número al gobierno!) y que la misma sería pagada al Estado por los montos correspondientes a la porción de contado de las facturas de compra de los productos que el país debe pagar a través del Acuerdo de Petrocaribe, me surgen las siguientes preguntas:

– ¿Cuánto le costó al gobierno dominicano la compra de las acciones de la Shell, que era la antigua propietaria del 49% de estas acciones que ahora se venden a Venezuela?

– ¿Con qué recursos pagó el gobierno este monto total a la Shell, es decir, fue con recursos propios, o hubo un financiamiento o un arreglo con algún gobierno extranjero para esta transacción?

– Si es como dice el gobierno que para vender el 49% de las acciones de Refidomsa (que es una empresa propiedad 100% del Estado dominicano) a Venezuela no se necesita cumplir con la Ley de Contratación Pública 340-06, porque se trata de un «acto de comercio», y «no un acto administrativo del Estado», ¿y no se supone que es el Estado, entidad de derecho público, el «receptor» final de estos US$130 millones?¿No habría entonces que haber hecho una licitación pública, o es que el Estado puede recibir recursos económicos sin distinguir el origen y el concepto del mismo, y sin previamente haber pasado por un proceso debido de transparencia?

– El acuerdo plantea que el gobierno dominicano incrementará la compra de 30,000 barriles a 50,000 barriles diarios a Venezuela, y que, en tres meses, el Estado dominicano recibirá los US$130 millones por concepto del 49% de la venta de las acciones. ¿Estamos «vendiendo» el 49% de las acciones a cambio de incrementar la deuda con Petrocaribe? Lo cual me lleva a la última pregunta:

– Señores del gobierno, ustedes que manejan información privilegiada, pero que debe ser pública, ¿A cuánto asciende la deuda, al día de hoy, del gobierno dominicano con Petrocaribe? ¿A qué se han destinado los recursos económicos que ha recibido el gobierno dominicano por el Acuerdo de Petrocaribe?

El gobierno haría un servicio invaluable al país si diera respuesta a estas preguntas.

ACTUALIZACION: Otra pregunta: ¿En cabeza de quién puede creerse que el monto de la venta del 49% de las acciones de Refidomsa puede valer US$130 millones de dólares cuando, solo para que se tenga un valor referencial, el monto de la deuda de la CDEEE con los generadores es de US$535 millones? o ¿Es que Refidomsa vale tan poco, sino pregunténle a la Shell Company?

Grata sorpresa al leer la sección ¡Vaya Perla! en Diario Libre de hoy, a propósito de mi apunte de ayer.

Con la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Perú, el gobierno peruano emitió los Decretos 1090 y 1064 que aprueban el régimen jurídico de las tierras de uso agrario en la Amazonia Peruana, que provocó un serio conflicto de más de 70 días y 34 muertos. Ayer, el Congreso peruano derogó los decretos y el líder de los indígenas fue autorizado a salir, en asilo político, a Nicaragua.

En el fondo, lo que estaba (y todavía, está) en juego es el interés del gobierno peruano en hacer inversiones en esta región de tanta importancia ecológica en la que habitan comunidades indígenas que siempre han reclamado su derecho a la tierra, y que gozan de protección internacional. Al comienzo de la crisis, se evidenció la irracionalidad del poder, al final ha primado la sensatez, aunque a un alto costo. A decir verdad, no creo que este sea el último capítulo.

Es la lucha del grande contra el pequeño, de David contra Goliat, pero que siempre triunfa la dignidad. Lo interesante es ver cómo la clase política tuvo que reaccionar y buscar una solución que, en cierta medida, llevara tranquilidad. Un espejo en el que tenemos que vernos los dominicanos ante situaciones similares de inversiones en áreas que tienen un impacto en el medio ambiente y en la naturaleza.

Hoy me referiré a un tema que me concierne directamente. El 12 de junio de 2005 fui electo, con más del 60% de los votos, como Secretario General del Partido Revolucionario Dominicano, por el término de cuatro años que vence el 17 de julio de 2009. En el día de ayer, entregué a Miguel Vargas, presidente electo del partido, la comunicación en la que le informo mi decisión de concluir mi mandato en la fecha antes mencionada, luego de que la Comisión Política, entre otros temas, aprobará, legalmente una extensión del mismo hasta después de las elecciones del 2010.

Estoy comprometido con que Miguel Vargas realice una gestión positiva en la conducción de los destinos del partido, abriendo camino hacia las victorias del 2010 y del 2012. En esas tareas, estaré siempre, como un soldado, listo para superar los retos y desafíos del porvenir.

Oportunamente, me referiré a la extraordinaria experiencia que ha significado ser Secretario General del PRD. Soy demócrata, creo firmemente en los valores de la democracia, y creo que lo que necesitamos, como país, es más democracia. El PRD saldrá fortalecido, como opción creíble, de las próximas jornadas, y construiremos una alternativa, amplia, incluyente, con una visión socialdemócrata, para superar los problemas institucionales, económicos y sociales que actualmente enfrenta el país.