Desde tempranas horas de la mañana de ayer, comencé a recibir las noticias de que miembros de la policía se habían amotinado en protestas por la entrada en vigencia de una nueva ley de servicio público en Ecuador. Los reportes apuntaban a que el presidente Rafael Correa se había apersonado al más importante regimiento policial en Quito, y que había sido insultado y agredido, y que luego había sido retenido en el hospital policial por parte de los rebeldes. Ahí permaneció más de once horas. Hasta que, en horas de la noche, fue rescatado por efectivos militares, en medio de fuerte intercambio de disparos. Ya entrada la noche, el presidente Correa llegó a los balcones del Palacio de Carondelet, y pronunció su alocución en la que dejó claro de que no habría perdón ni olvido para quienes participaron en este intento desestabilizador.
Un observador extranjero, sobre todo europeo, acostumbrado a vivir dentro de instituciones democráticas fuertes, no entendería lo que pasó en Ecuador, ayer. Hay, en primer lugar, una cuestión de principio: Rafael Correa es el presidente electo democráticamente en Ecuador, y por lo tanto, al margen de cualquier diferencia política, debe respetarse su mandato constitucional. Por eso, las expresiones de solidaridad de casi toda América Latina, Estados Unidos y España, y de las entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones del Sur (UNASUR).
América Latina no podía permitir que ayer se produjera una ruptura en el orden constitucional en Ecuador. La experiencia de Honduras fue funesta, y a muchos países se les vió el refajo, con el oportunismo propio de la política. La OEA quedó muy mal parada en ese proceso. Y si vemos la situación que se está viviendo en Paraguay, no hay lugar a dudas de que lo de Ecuador no se podía permitir, bajo ningún concepto. Por lo tanto, hay que saludar la prontitud de la respuesta internacional a favor del sistema constitucional ecuatoriano y de su presidente, Rafael Correa.
Lo segundo es que democracia no es solo votos. Es concertación. Es respeto a la minoría. El avasallamiento es dañino, sobre todo cuando hay debilidad en las instituciones democráticas. Si hay un proceso de revisión de leyes en el que está participando las fuerzas vivas de una sociedad, el gobierno no puede, sobre la base de que tiene la mayoría parlamentaria, cambiar las reglas de juego e imponer leyes sin el conocimiento de las partes que han estado trabajando en ese proceso de revisión. Ahí se genera la desconfianza, y como ha sucedido, la protesta. Una lección para el presidente Correa.
Y por último, hay que sancionar a todos los que participaron en ese acto bochornoso y vergonzoso de agresión y retención del presidente Correa. La oposición política reflejó madurez, excepto el sector que responde al expresidente Lucío Gutiérrez, que dicho sea de paso, también fue derrocado en su momento. Al presidente Correa, como a todos los presidentes, hay que derrotarlos en las urnas, con la expresión soberana, no con las armas.
Quien mejor describió lo que pasó ayer en Quito fue una intervención en el programa de Carmen Aristegui en CNN: Todo comenzó como una réplica del golpe de estado de Honduras, pero terminó como Venezuela en el 2002, cuando Chávez fue sacado del poder por pocas horas, y regresó por la noche. Correa tiene la gran oportunidad de reconstruir y fortalecer las instituciones, aprendiendo de las lecciones de ayer, y así curar la herida ocasionada a la democracia ecuatoriana, que también es una herida en la democracia latinoamericana.
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