Apuntes de Orlando Jorge Mera

«El país continúa perdiendo competitividad y espacio… muchas empresas están planificando irse al exterior porque los costos son insostenibles».

Fernando Capellan, Presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, durante una entrevista en el Hoy.

Mi pregunta es ¿cuáles fueron los aportes recibidos por el sector de zonas francas mediante el Fondo creado por el presidente Leonel Fernández para precisamente compensar las pérdidas del sector por la ausencia de competitividad? El Banco de Reservas y la Secretaría de Hacienda le harían un gran servicio al país transparentado el destino de estos recursos. Definitivamente, ha faltado voluntad política para impulsar un modelo competitivo, como lo han hecho países como India y Costa Rica, a favor de las zonas francas de exportación, uno de los ejes de nuestra economía, que está lamentablemente viviendo uno de sus momentos más difíciles.

Michael Moore, el reconocido cineasta norteamericano, ha presentado su nuevo documental titulado Capitalism: A Love Story, en el que hace una crítica a los fundamentos y a las causas de la recesión que está viviendo Estados Unidos. Aquí les dejo con el trailer. Aseguro que su estreno en octubre será todo un éxito.

Algunos lectores me han pedido mi opinión sobre si la reciente designación de funcionarios en el sector eléctrico va a solucionar el serio y grave problema que tiene la República Dominicana en esta área. Comparto mi artículo publicado el pasado sábado en mi habitual columna de El Nacional titulado Pacto. El problema del sector eléctrico no lo puede resolver una sola persona ni un solo partido político. Tiene que ser resuelto sobre la base de un pacto concertado entre todos los sectores nacionales.

Mientras en la República Dominicana, los salarios de los funcionarios públicos llegan a niveles escandalosos, en México, el presidente Felipe Calderón ha decretado un tope salarial para los funcionarios, estableciendo que ningún salario podrá ser superior al del Presidente de la República. Todo esto dentro de un paquete de medidas de austeridad.

Al tomar estas medidas, el presidente Calderón recordó que «antes de pedir sacrificios a las familias mexicanas para resolver los problemas, es necesario que las autoridades demuestren el uso transparente y eficiente de los recursos públicos». Añadió, también, que «no se trata únicamente de evitar dispendios, sino también de generar ahorros en el gasto corriente del Gobierno federal para destinar esos recursos a gastos sociales».

Qué bueno fuera que el presidente Leonel Fernández se pronunciara en iguales términos, y los pusiera en práctica. La diferencia radica en que en México, hay voluntad política. Aquí esta voluntad escasea, o es inexistente, al menos en cuanto al sacrificio que debe hacer el gobierno ante la crisis que afecta al país, y que todavía no hemos tocado fondo. Con unas finanzas públicas en estado de gravedad, ya es tiempo que el gobierno adopte e implemente medidas similares, con un toque de tequila.

Revisando la Ley 498-08 de Presupuesto del 2009, me he dado cuenta que hábilmente el gobierno dominicano colocó los Bonos Soberanos en el referido texto legal, el cual fue aprobado en diciembre del 2008, sin que ahora sea necesario que la nueva emisión de Bonos Soberanos reciba la aprobación congresional. Lo hizo, al estilo sombrilla, es decir, se hizo aprobar una protección legal que le permite cubrir la nueva emisión de estos bonos. En efecto, el artículo 24 de la Ley establece lo siguiente (le he agregado unas notas al final de cada texto):

«Se autoriza a la Secretaría de Estado de Hacienda, en cumplimiento con lo establecido en el Párrafo II del Artículo 37 y el Artículo 38 de la Ley No.423-06 sobre Presupuesto y el Artículo 21 de la Ley No.6-06 sobre Crédito Público, la contratación de las siguientes operaciones de crédito público para obras de infraestructuras por un monto de un mil novecientos millones de dólares (US$1,900,000,000):

1) Con organismos multilaterales, por un monto máximo de doscientos millones de dólares (US$200,000,000) a la tasa de interés LIBOR más un margen compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años de amortización. Esto se refiere a los préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

2) Con organismos bilaterales, por un monto máximo de doscientos millones de dólares (US$200,000,000) a la tasa de interés LIBOR más un margen compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años de amortización. Esto se refiere a los préstamos con Brasil, Colombia y Venezuela.

3) Con instituciones bancarias internacionales, por un monto máximo de un mil quinientos millones de dólares (US$1,500,000,000) a la tasa de interés LIBOR más un margen compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años de amortización.» Aquí están incluídos los Bonos Soberanos.

El Congreso Nacional, con mayoría oficial, aprobó estos mecanismos desde diciembre, sin conocer detalles sobre con quiénes se va a negociar y las condiciones de los mismos. En virtud de la disposición legal antes mencionadas, solo se exige que los mismos sean para «obras de infraestructura».

La zafra ya se inició. Ya fue contratada el agente de inversiones y la firma de abogados que harán las representaciones por parte del Gobierno Dominicano, quien ya emitirá los primeros Quinientos millones de dólares (US$500,000,000), todo dentro de la estrategia electoral del gobierno de mantener la mayoría en el Congreso y los municipios en el 2010.

El año 2009, sin haber terminado, ha sido declarado como el peor año para las firmas de abogados en Estados Unidos. Según Lawshucks, a la mitad de este año, se han perdido 10,723 puestos de trabajos (4,015 abogados y 6,708 empleados), cifra histórica. Cuando escribí este apunte en abril de este año, la cifra alcanzaba 3,677 desempleados.

Si sumamos estas cifras al creciente aumento del desempleo en Estados Unidos que en junio alcanzó la tasa de 9.5%, hay que concluir que la recesión que está viviendo Estados Unidos será muy larga. Lo cual es una mala noticia para quienes estamos en la República Dominicana, por nuestra alta dependencia del intercambio comercial con esta gran nación.

En estos días en que he estado muy inmerso en el ejercicio de esta profesión, he podido palpar la situación que está viviendo esta profesión en nuestro país. Lo primero es que hay que resaltar la gran cantidad de abogados que existe en la República Dominicana. A juzgar por mi número del Carnet de Abogados (año 1991), la cifra debe estar superando los 70,000 abogados en todo el territorio nacional, lo que obliga a especializar más los servicios legales y dar una mayor atención personalizada para marcar la diferencia.

He visto, con mucha tristeza, jóvenes abogados, incluso con maestrías hechas en universidades extranjeras de prestigio, que han tenido dificultades en ser contratados en el país, y se están dedicando a otras actividades comerciales para sobrevivir. Muchos están incursionando en el área de la tecnología y en negocios tan novedosos como la gastronomía. Es que no es fácil hacerse determinadas ilusionadas para luego chocar con la realidad de que se está haciendo difícil conseguir empleo en el país como consecuencia de la crisis económica.

Al no circular el dinero, no hay ofertas de empleos, y se están tendiendo a eficientizar el trabajo. En mi oficina, recibo con mucha frecuencia solicitudes de empleo, de gente muy calificada y buena, pero actualmente no hay vacantes. Al contrario, hay más ahorro y eficiencia. Una persona realiza distintas actividades que antes las hacían dos. En ese sentido, ha habido una reorientación de los servicios legales, incluyendo las modalidades de facturación. El pago por hora ya está formando parte del pasado, y hay una tendencia a facturar por valores fijos dependiendo del tipo de actividad o servicio que se ofrezca.

Lo que nunca va a cambiar es la responsabilidad, la honestidad y el ejercicio ético de la profesión, y esto cabe para todas las profesiones. Aún en los momentos más difíciles y aún en medio de los profundos cambios que está viviendo la sociedad globalizada. Hay que marcar la diferencia.

No sé qué es lo que le pasa a los funcionarios del gobierno dominicano cuando asisten a conferencias internacionales en distintas ciudades del mundo. He leído y releído esta noticia, y definitivamente suena muy bien en la OCDE en París, pero está muy distante de lo que efectivamente está sucediendo en la República Dominicana. Como bien dice el refrán, una cosa es con guitarra, y otra cosa es con violín.

El País publica este reportaje en el que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dialoga y conversa sobre la situación de la economía con ciudadanos españoles. Una lectura recomendada en estos tiempos de crisis. De todo el reportaje, me ha encantado esta frase que es cuando le preguntan: «Los bancos son hermanitas de la caridad?» Su respuesta: «No, desde luego. Ni los bancos ni las eléctricas. Esa es mi experiencia». ¡Qué perla!

El presidente Leonel Fernández ya nos tiene acostumbrados a reaccionar, luego del «palo dado». Ya lo dijo ayer: No habrá licitación en la venta del 49% de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. E hizo una explicación, desde su punto de vista, sobre esta transacción.

Lo interesante de todo esto es cómo, cada vez que el gobierno está involucrado en un conflicto en el que se cuestiona su falta de transparencia, siempre la respuesta ha sido por la tangente, sobre la base de algún argumento jurídico novedoso. En el caso de la Sun Land, nunca se supo dónde está el dinero ni cómo la empresa privada que recompró los pagarés finalmente le pagará al Estado, pero se nos dijo que sólo el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados tenían el derecho de cuestionar la constitucionalidad de este préstamo.

Ahora, el presidente Fernández, quien tiene muy buenos abogados, expertos en doctrina jurídica, nos acaba de dar otra lección en el sentido de que quiénes defendíamos que esta venta del 49% de las acciones de Refidomsa tenía que ser objeto de una licitación pública, estábamos equivocados, pues, en este caso, «este acto de venta constituye un acto de comercio y no un acto administrativo del Estado sometido al proceso de licitación previsto y reglamentado por la Ley No.340-06, de Compras y Contrataciones Públicas». (Es una lástima que los espacios pagados por el gobierno, como el publicado el lunes 22 de junio de 2009, en la página 5-A, del Listín Diario, no estén disponibles en la red para que se pudiese leer íntegramente la más acabada doctrina sobre la opinión jurídica de los abogados del gobierno).

Notése que no nos han dicho absolutamente sobre el fondo de la transacción con el gobierno de Venezuela, es decir, si la venta incrementará la deuda del Estado con Petrocaribe, cómo será la gobernabilidad de Refidomsa a partir de tener un socio que tenga el 49% de acciones, está o no involucrado el gobierno de Venezuela en la compra original de las acciones de la Shell, entre otras interrogantes.

Al contrario, resulta que, al decir del gobierno, como se trata de un acto hecho por el Estado comerciante, no hay ni siquiera que obtener la aprobación del Poder Legislativo, sino que «será informado al Congreso», para cumplir estrictamente con una formalidad.

Pero, ¿qué curioso? Si para que el Estado compre lapiceros, que es un acto de comercio, la Ley de Licitación Pública exige una licitación para determinar quién será el suplidor, ¿no será lo mismo para determinar el comprador de las acciones que tiene el Estado en una empresa, que de por sí, es de capital público?

Todavía quedan muchas preguntas sin responder, que ayer era el escenario ideal para que el gobierno despejase todas las dudas. Por cierto, ¿cuál habrá sido el papel del Banco de Reservas en la compra de las acciones de la Shell? ¿Quién pagará ese financiamiento del Banco de Reservas, si es que en efecto lo hubo? ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con Petrocaribe? ¿Qué es lo todo lo que involucra la venta del 49% de acciones de Refidomsa? ¿Incluye la distribución de combustible?

Finalmente, no sé si esto coincide o está vinculado a la venta del 49% de acciones en Refidomsa, pero Venezuela pone al servicio de República Dominicana el servicio satelital Bolívar.

Continuaré dando seguimiento a este interesante tema.

Esta semana he dedicado uno, dos y tres apuntes sobre la realidad de las finanzas públicas, y la necesidad de que sea el gobierno que se sacrifique, en vez de querer cargar más a la mayoría de los dominicanos con más préstamos y posiblemente más impuestos. El presidente Leonel Fernández debe imitar el ejemplo del presidente Mauricio Funes quien anunció ayer serias y drásticas medidas de austeridad. Así comienza la crónica:

Nada de fiestas de fin de año, celebración por el día de la secretaria, del contador o de la enfermera; se acabaron las amenas y extensas charlas por teléfono móvil y los seminarios pagados por el Gobierno –a menos que esté relacionado al trabajo que el empleado desempeña— y no más bonos ni vales de consumo o para combustible. Eso se acabó.

Solo con estas medidas el gobierno de Funes se va a ahorrar US$75 millones de dólares en seis meses. Aunque la economía salvadoreña está dolarizada, pero el tamaño del Estado es más o menos similar al nuestro, por lo que, de implementar seriamente un plan de austeridad, el gobierno dominicano, incluyendo las entidades autónomas o descentralizadas, podría ahorrarse una cifra idéntica.

Y basta preguntarnos, ¿cuánto gasta el gobierno en celulares? ¿cuánto gasta el gobierno en combustibles? ¿cuánto gastó el gobierno en la celebración del «Día de las Secretarias», o el «Día de las Madres»? ¿cuánto gasta el gobierno en «viáticos» y «gastos de representación»? ¿cuántos carros oficiales están ahora mismo estacionados en los parqueos institucionales por ser fin de semana? ¿O cuántos carros «oficiales» están circulando con placas privadas «sobrepuestas» en actividades distintas a las institucionales? ¿cuántos funcionarios viajan en Primera Clase? ¿cuántos funcionarios viajan en clase económica? ¿cuántos funcionarios viajan en jets alquilados por el gobierno?¿cuánto gasta el gobierno en el patrocinio de conciertos de música, que no precisamente son de melodías propias de la tradición cultural dominicana? ¿cuánto gasta el gobierno comprando material gastable? ¿cuánto gasta el gobierno en publicidad? ¿cuánto gasta el gobierno en la adquisición de flotas de vehículos y autobuses?

Es claro que, en términos reales, este ahorro no se compara con otros «ahorros» que pudieran hacerse si existiera voluntad política para enfrentar la corrupción pública y privada. Pero, sería demasiado pedirle a una Administración que ni siquiera ha respetado sus propias normas administrativas, y que ha violado sus propias leyes de austeridad.

Adoptar medidas de austeridad como las que ha anunciado el presidente Funes en El Salvador, e implementarlas con seriedad, sería un buen paso. De lo contrario, Boquechivo tiene razón cuando asimila al gobierno a un árbol de limoncillo.